Tras las imputaciones al ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y al actual diputado Fernando Iglesias, otro referente de Cambiemos, el radical Emilio Rached, fue procesado por malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad en una causa radicada en Santiago del Estero. La decisión judicial se enmarca en el supuesto desvío de fondos de la Nación durante su gestión al frente de la ciudad de Pinto, entre 2016 y 2018.
El fallo del Juzgado Federal N° 2 no solo involucra al ex legislador e intendente de Pinto sino también a quien ofició de secretaria de Economía durante su gestión, Ana María Vera. Los responsabiliza por redireccionar fondos de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación en un convenio total que ascendía a 80 millones de pesos aunque solo se transfirieron poco más de la mitad de esos fondos a las cuentas del municipio.
El fallo del Juzgado Federal N° 2 no solo involucra al ex legislador e intendente de Pinto sino también a quien ofició de secretaria de Economía durante su gestión, Ana María Vera
Acorde al expediente, la municipalidad de Quinto suscribió un acuerdo con el Gobierno nacional el 5 de septiembre de 2016, bajo la presidencia ya de Mauricio Macri, con el "propósito mejorar la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario" en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, de la ciudad en cuestión. Todo se enmarcó en el denominado Programa 3T "Acciones para Provisión de Tierras para el Hábitat Social", mediante la construcción de un Polideportivo (tipo “NIDO”) y la construcción de un sistema de desagües cloacales para todo el municipio, con un plazo de vigencia de dos años.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de Pinto, Jorge Leguizamón, del Frente Cívico, quien reclamó que, dados los montos de las obras planificadas, la adjudicación debería haberse concretado a través de un llamado a licitación. En cambio, la gestión de Rached lo resolvió a través del sistema de administración. "Si bien es cierto, es una decisión política, es necesario dilucidar si cumple con la ley de contabilidad de la provincia", aseveró Leguizamón.
Acorde a lo pautado, ambas partes se habían ceñido a un cronograma de cuatro etapas de desembolsos hasta 2018 previa certificación del avance de la obra.
En lo que respecta a la presunta malversación, se responsabiliza a Rached y su funcionaria de "haber dado, a los desembolsos girados por el Estado Nacional, una aplicación diferente, desviando el destino de los mismos, fuera del mencionado convenio".
En particular, se les atribuye el haber girado, el 22 de diciembre de 2016, unos 900 mil pesos de intereses generados por un plazo fijo de la cuenta del Banco Nación n° 1160019565, constituido con fondos del convenio, hacia la cuenta general de la Municipalidad de Pinto en el Banco Santiago del Estero, cuando esa suma se encontraba afectada únicamente para la ejecución del mencionado convenio, reza el escrito.
Referente a la figura del peculado, se los señala por la supuesta sustracción de 4.511.881 de pesos del Estado Nacional, a partir del cruce de información entre la administración nacional y la municipal. Acorde a lo pautado, ambas partes se habían ceñido a un cronograma de cuatro etapas de desembolsos hasta 2018 previa certificación del avance de la obra.
Desde el Gobierno nacional declararon haber entregado a Pinto la suma de 44.325.199 de pesos, equivalente al 55% del monto total a aportar. No obstante ello, la localidad solo rindió cuentas por 39.813.018 de pesos. Ante esa diferencia, el 24 de octubre de 2019, las autoridades nacionales intimaron a la municipalidad a devolver dichos fondos, especifica el fallo.
Desde el Gobierno nacional declararon haber entregado a Pinto la suma de 44.325.199 de pesos, equivalente al 55% del monto total a aportar.
Por último, en lo que respecta al cargo por abuso de autoridad, se les endilga "haber omitido ejecutar las cláusulas del Convenio, dictar actos administrativos contrarios a las leyes nacionales y provinciales, y omitir ejecutar normas cuyo cumplimiento les competía en función de la calidad de funcionarios públicos que ejercían" al no emitir los certificados de obra del Sistema de Desagües Cloacales ni haber registrado documentación respaldatoria e incumplir disposiciones del convenio como informar las contrataciones del personal de la obra realizados mediante decretos municipales, entre otras faltas.
Ni Rached ni Vera declararon al momento de ser citados para la declaración indagatoria, según consta en el fallo del tribunal.
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