El Grupo de Puebla emitió este jueves una declaración en la que defendió a uno de sus miembros, el excandidato a presidente chileno Marco Enríquez-Ominami, vinculado a causas de corrupción en el vecino país. "Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”, dijo la nota del Grupo de Puebla sobre esa causa, agregando que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones".
Esa postura del Grupo de Puebla, y en consecuencia del presidente Alberto Fernández en su condición de firmante, si bien apuntaba en origen a la gestión de Piñera, se extiende sobre la actual etapa de izquierda de Gabriel Boric, durante la cual se mantuvo esa "inadmisible forma de perseguir un liderazgo", en alusión a Enríquez-Ominami, pero esa postura del líder argentino generó duras respuestas al otro lado de la cordillera, incluso con el presidente Gabriel Boric contestando secamente: "Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas".
Boric se refería a la división de poderes que su administración respeta a rajatabla, que tornaba en consecuencia "improcedentes e impropias" las apreciaciones políticas del tema Enríquez-Ominami, que la administración trasandina considera de explusiva implicancia judicial.
La declaración del Grupo de Puebla
En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones.
Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile.
Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado.
Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso.
Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos.
Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), nos solidarizamos con él y su causa porque estamos seguros de que saldrá adelante.
Grupo de Puebla- CLAJUD, febrero 2023.
Firmaron la declaración:
1. Alberto Fernández, Presidente de la República de Argentina.
2. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España.
3. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.
4. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.
5. Martín Torrijos, ex presidente de Panamá.
6. Evo Morales, ex presidente de Bolivia.
7. Celso Amorin, ex Canciller, actual asesor internacional del presidente Lula, Brasil.
8. Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático, Argentina.
9. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.
10. Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.
11. Carlos Tomada, Embajador, Argentina.
12. Beatriz Paredes, Senadora, Presidenta Comisión RREE del Senado, México.
13. Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.
14. Carol Proner, Abogada, fundadora Asociación Juristas por la Democracia, Brasil.
15. Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Bolivia.
16. Ivan Cepeda, Senador, Colombia.
17. Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.
18. Karol Cariola, Diputada, Chile.
19. Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.
20. Camilo Lagos, ex Presidente Partido Progresista, Chile.
21. Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional, Venezuela.
22. Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.
23. Hugo Martínez, ex Canciller, El Salvador.
24. Andrés Arauz, ex candidato presidencial, ex Ministro de Economía, Ecuador.
25. Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile .
26. Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.
27. Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
28. Carlos Sotelo, ex Senador, México.
29. Esperanza Martínez, Senadora, ex Ministra de Salud, Paraguay.
30. Clara López, Senadora, Colombia.
31. Aloizio Mercadante, ex Ministro, actual Presidente Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Brasil
Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD):
1. Baltasar Garzón, Jurista, España.
2. Gerardo Pissarello, Diputado, Jurista, España.
3. Eli Gómez Alcorta, Abogada, ex Ministra de la Mujer, Argentina.
4. Gisele Ricobom, Abogada, Brasil.
5. Silvina Romano, Historiadora y Comunicadora, Argentina.
6. Harold Corréa, Abogado, Chile.
7. Virgilio Hernández, Abogado, Ecuador
8. Damian Loreti, Abogado, Argentina.
9. Larissa Ramina, Abogada, Brasil.
10. Emilio Camacho, Jurista, Paraguay.
11. Charlotth Back, Jurista, Brasil.
12. Adoración Guamán, Jurista, Ecuador-España.
13. Juárez Tavares, Abogado, Brasil.
14. Gisele Cittadino, Jurista, Brasil.
15. Jaime Quiroga, Abogado,Ecuador.
La respuesta del gobierno chileno
Luego de aquella breve respuesta inicial, en un acto al que asistía por entrega de viviendas ante la emergencia de los graves daños provocados por los incendios en la región del Bìo Bío, el presidente Boric fue nuevamente consultado sobre ese comunicado del Grupo de Puebla y la firma de Alberto Fernández, indicando "entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio".
La canciller Antonia Urrejola criticó la nota del Grupo de Puebla señalando que las acusaciones al sistema judicial de Chile avaladas por Fernández eran "absolutamente improcedentes e impropias”, y se comunicó sobre el asunto con el embajador argentino Rafael Bielsa y el ministro Martín Soria. La diplomática fue clara sin embargo que era "un tema puntual y no afectaba las relaciones entre ambos países".
Un rato antes, el ministro de Justicia Luis Cordero había precisado que "el gobierno del presidente Boric no sólo respeta sino que protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público”, una frase que marcaba las diferencias con la posición que mantiene al kirchnerismo en relación a la Justicia, con un profundo conflicto que hasta incluye el trámite legislativo de un juicio político a la Corte Suprema.
Ominami, dirigente de estrecha amistad con el presidente Alberto Fernández, está procesado en Chile junto a un grupo de otros dirigentes trasandinos, por presuntos cobros de sumas de dinero de manera irregular por parte de la empresa minera SQM, una compañía vinculada con un familiar de Augusto Pinochet.
HB
