Pocas horas después que la Corte Suprema de Justicia pidiera a la Procuración General de la Nación que opinara sobre el recurso presentado por la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril, el área a cargo de Eduardo Casal avaló en rápido trámite que el Máximo Tribunal debe intervenir en el tema.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta hizo su presentación esta mañana, algunos minutos antes de que se diera inicio a la reunión entre del jefe de Gobierno porteño y Fernández en la Quinta de Olivos, pidiendo a la Corte que suspenda los alcances escolares dispuestos por el Ejecutivo entre las nuevas restricciones ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en el AMBA.
La Procuración no no tenía plazos para dictaminar, pero su respuesta llegó con enorme rapidez y ahora habrá que esperar la resolución de los ministros de la Corte, que tampoco tienen plazos para pronunciarse sobre la cuestión.
Los jueces de la Corte no habían pedido opinión sobre la medida cautelar presentada por Larreta, sino sobre si les correspondía intervenir. La Ciudad reclamó en su demanda que la Corte falle "en forma urgente".
La presentación que realizó el jefe de Gobierno porteño ante la Corte Suprema advirtió que las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández implican "una virtual intervención federal" sobre la Ciudad, remarcando, tal como sostuvo Larreta el jueves en su conferencia de prensa, que "la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos".
La acción judicial porteña busca que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que comenzó a regir este viernes y que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive, entre otras medidas.
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El reclamo de la Ciudad es puntualmente contra el artículo 2 del DNU y reclama que se ordene al Estado Nacional que "abstenerse, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado".
Al entender del Gobierno porteño, la suspensión de las clases presenciales violan la autonomía de la Ciudad e implica "una virtual intervención federal", ya que afirma que la Nación "se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".
Además la presentación porteña advierte que "no es razonable, ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional".
En ese sentido, la Ciudad aseguró que "por el contrario está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo". También denunció que el DNU "constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021".
La presentación de la Ciudad afirma que las restricciones vulneran tratados internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. "Debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales", subrayó Rodríguez Larreta en la cautelar.
NA/HB
