Se contagiaron 801 personas en lugares de encierro. El ranking lo encabeza por lejos las infecciones en geriátricos, con 602 casos de coronavirus. Aunque es muy probable que el número real sea mucho mayor, por la falta de información oficial detallada. Le siguen las cárceles (66 personas con Covid-19), las comisarías (64 casos), las instituciones de salud mental (41) y los institutos de niñez y adolescencia (28).
Así lo registró el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El CNPT además advirtió que en las comisarías bonaerenses se batió un récord histórico, con más de cinco mil personas detenidas. ¿Motivos? Al déficit estructural que arrastra la provincia se le sumó una consecuencia indirecta de la pandemia y la cuarentena: para evitar el ingreso de nuevos presos a las cárceles (ante el riesgo de un efecto dominó en prisiones con un altísimo nivel de hacinamiento), las comisarías se consolidaron como lugares de detención por tiempo indefinido.
Al momento, hubo 12 infectados en comisarías bonaerenses. En las de la Capital se contagiaron 23 detenidos. Y en las de Chaco, 29.
Durante la cuarentena, en paralelo se concretó la salida de tres cúpulas en policías provinciales. Los recambios se dieron en Chaco, a raíz de un caso de represión a una familia Qom; en Jujuy, por una aparente situación de negligencia protagonizada por dos policías; y en La Pampa, por internas en la conducción.
Respecto a las protestas y motines carcelarios desde el inicio de la cuarentena, la provincia de Buenos Aires pica en punta. Ahí se realizaron nueve reclamos de presos. Le siguen Mendoza, con cinco revueltas, Santa Fe y Río Negro con cuatro. El jueves pasado, dos presos murieron durante un motín en Jujuy. Ocurrió en la Unidad Penal 1, en el barrio Gorriti de la capital jujeña.
El Servicio Penitenciario de Jujuy se limitó a informar que “el fallecimiento de dos internos fue por causas que se encuentran en investigación”.
El CNPT es un organismo autónomo, integrado por representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Poder Legislativo, de ONGs y por un delegado de la Secretaría de Derechos Humanos.
El Comité a su vez estudió otro efecto nocivo de las políticas de aislamiento: el reverdecer del abuso, el autoritarismo y la arbitrariedad policial. Los ejemplos se multiplican en todo el país. Con un grupo de policías bonaerenses bajo sospecha, sigue desaparecido Facundo Astudillo Castro. Tras casi tres meses sin señales de vida, la mamá da por descontado que está muerto. Otro joven humilde, un chico de 18 años llamado Lucas Nahuel Verón, fue asesinado de un balazo en La Matanza, en el medio de una persecución policial.
El organismo contra la tortura alertó sobre el “accionar violento e ilegal de las policías y fuerzas de seguridad de diversas jurisdicciones en el marco del aislamiento”. El Comité detalló los distintos tipos de abuso, facilitados por el empoderamiento de las fuerzas: uso indebido de las armas de fuego y de escopetas con postas de goma; golpes de puño y otras formas desproporcionadas de uso de la fuerza; agresiones y tratos degradantes en detenciones en la vía pública; omisión de registrar a personas que son privadas de su libertad en dependencias policiales; amedrentamientos, hostigamientos, amenazas y malos tratos en las comisarías a supuestos infractores del aislamiento obligatorio; violaciones de domicilio; detenciones de personas justificadas a romper el aislamiento en procura de bienes esenciales para su subsistencia o por su situación de salud.
En Tucumán, hay nueve policías presos por el crimen del peón rural Luis Espinoza. En esa misma provincia también mataron a Walter Ceferino Nadal, sospechoso de un robo. La principal hipótesis de investigación es que lo asfixió un policía.
San Luis registró dos muertes por ahorcamiento en dependencias policiales. En Jujuy, una mujer trans fue abusada sexualmente en la comisaría 39 de localidad de Libertador General San Martín. Detenido el primero de mayo por la policía santiagueña, Mauro Ezequiel Coronel también apareció muerto días después.
En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich le tomó juramento a la nueva cúpula policial, encabezada por Ariel Acuña y David Vega. El jefe y segundo de la fuerza reemplazaron a Fernando Romero y Ángel Domínguez, quienes presentaron su renuncia el lunes pasado. ¿Por qué se fueron? Rechazaban la decisión de Capitanich de mantener apartados a cuatro agentes involucrados en un episodio de violencia contra una familia Qom. El caso ocurrió en la barrio Banderas Argentinas de Fontana, en la madrugada del 31 de mayo.
