Unos 12.000 kilómetros separan las Islas Malvinas de la isla Diego García, en el Archipiélago de Chagos, en el medio del Océano Índico, pero a pesar de la distancia geográfica ambos territorios tienen un punto en común: los dos son objeto de reclamos internacionales contra el Reino Unido.
Esta semana, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya estableció que el Reino Unido debería poner fin al control sobre las Islas Chagos "lo más rápido posible", ya que las islas no fueron separadas de Mauricio, colonia británica hasta 1968 y ahora una república independiente que reclama la propiedad de estos territorios.
La sentencia de la CIJ se encuentra en sintonía con el reclamo soberano de Argentina con respecto a las disputadas Malvinas, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, quien aseguró que el fallo tiene "una enorme validez para la reclamación argentina en el tema de la cuestión Malvinas".
El fallo de la CIJ, conocido el pasado lunes, no solo "ratifica el rol que le vale a la Asamblea General" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que da la razón al país sudamericano en su reclamo sobre las australes Islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido desde 1833, argumentó el canciller.
"El desmembramiento territorial no es aceptable en el proceso de descolonización ni tampoco el principio de autodeterminación cuando quien es consultado no son los pueblos que realmente corresponden al lugar en donde se lleva adelante este referéndum", explicó Faurie.
En su resolución del pasado lunes, el principal órgano judicial de la ONU sostuvo que "Reino Unido debe cesar cuanto antes su gobernación del archipiélago de Chagos y, de esta manera, permitir a (la república de) Mauricio finalizar la descolonización de su territorio".
Dicho archipiélago fue parte de la colonia de Mauricio Británico hasta 1965, cuando el Reino Unido lo separó de Mauricio, y un año más tarde el gobierno británico alquiló secretamente a los Estados Unidos, por un plazo de 50 años, la isla de Diego García, la mayor del archipiélago.
Estados Unidos exigió al Reino Unido evacuar a los habitantes de las islas porque allí se construiría una base militar estadounidense, y en total fueron trasladadas de Diego García a Mauricio unas 2.000 personas, éxodo que en el año 2000 el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegítimo.
El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf describió la administración de Reino Unido sobre las Chagos, ubicadas a más de 3.000 km de la costa este de África, como "un acto ilegal continuo" y agregó que Reino Unido tiene "la obligación de poner fin a su administración del Archipiélago de Chagos lo más rápido posible".
La opinión de los jueces, sin embargo, fue condenatoria, dice la peridista Anna Holligan de la BBC. "En el fondo (del veredicto) está el derecho de todas las personas a la autodeterminación, como un derecho humano básico, que Reino Unido violó al desmembrar a su antigua colonia", señala.
Como parte de la opinión consultiva, los jueces subrayaron que todos los estados miembros de la ONU tenían la obligación de cooperar para completar la descolonización de Mauricio, señala Holligan: "Esto incluye, por supuesto, a EE.UU., que opera una base militar en Diego García", explica.
El Reino Unido había anunciado previamente que devolvería las islas Chagos a Mauricio cuando ya no fueran necesarias para fines de defensa. "Las instalaciones de defensa en el territorio británico del Océano Índico ayudan a proteger a las personas aquí en Reino Unido y en todo el mundo contra amenazas terroristas, crimen organizado y piratería", dijo la Cancillería británica.
La reacción de Londres fue resaltar el carácter de opinión consultiva de la decisión tomada por la Corte, que no es una sentencia. "Por supuesto, la miraremos en detalle. Las instalaciones de defensa en el BIOT ayudan a proteger a las personas en Gran Bretaña y en todo el mundo de amenazas terroristas, crimen organizado y piratería", dijo al diario londinense The Guardian un portavoz de la Oficina de Exteriores y la Mancomunidad Británica, la cancillería del Reino Unido.
"Chagos es un espejo para la cuestión Malvinas", escribió Jorge Argüello, Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas. "Nuestra Constitución establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de las Malvinas 'respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional'. La ONU insta a respetar los “intereses” de los isleños". "Las conclusiones [de la CIJ] pueden ser lo suficientemente determinantes para la cuestión Malvinas como para darle ya un lugar especial al caso en nuestra agitada agenda pública".
D.S.
