El gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial con el objetivo de cobrar el costo de los rescates en zonas de montaña y lugares aislados. La iniciativa busca que esos fondos sirvan para cubrir los gastos del personal, los traslados y el uso del equipamiento de emergencia.
"Esta ley es para que quienes realizan actividades de riesgos, midan las consecuencias. Hay peligro en muchos parques provinciales, diques y ríos, donde es habitual que personas sin preparación ni equipamiento cometan errores", explicó la ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus.
Según datos oficiales, la Patrulla de Rescate de la Policía provincial incrementó en un 34% la cantidad de operativos en la montaña respecto a la temporada anterior. Esta tendencia está relacionada con el auge de actividades al aire libre tras la pandemia, que impulsó a muchas personas a buscar contacto con la naturaleza.
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La aplicación de la norma no será automática. Sólo se aplicará en los casos donde se determine que hubo negligencia por parte de quien realizó la travesía. El nuevo artículo —el 26 bis— se incorporaría a la Ley N.º 6.722, y habilitaría al Estado a fijar en la Ley Impositiva un monto anual para cubrir los rescates. El cálculo del costo tendrá en cuenta la cantidad de patrullas, el uso de helicópteros y drones, el nivel de riesgo y el grado de responsabilidad individual.
La ministra Rus aclaró que se trata de una herramienta legal que se aplicará en situaciones específicas: "Se tendrá en cuenta qué riesgos asumió, si cumplió con los protocolos de usos y costumbres, si llevó dispositivos para estar comunicado, el equipamiento necesario, entre otras cuestiones previsibles", señaló.
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A lo largo de los años, hubo distintas propuestas en Mendoza para regular las actividades de aventura, como crear un registro obligatorio de expediciones o imponer seguros obligatorios. Sin embargo, muchas de estas ideas chocaron con la libertad de circulación. "Tampoco teníamos en claro si las compañías iban querer hacer una póliza por la caminata de un día", agregó Rus.
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El proyecto fue ingresado el 9 de abril a la Cámara de Diputados y será evaluado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Deportes y Turismo.
Apenas se conoció la iniciativa, aficionados al andinismo, trail running, ciclismo de montaña y motocross manifestaron su preocupación por los altos costos que podrían implicar estos rescates. Sólo una hora de vuelo de helicóptero cuesta entre 3.500 y 4.000 dólares.
Frente a los cuestionamientos, la ministra remarcó que el propósito no es fiscal: "No perseguimos el fin de recaudar, queremos más educación y que sirva de ejemplo para que los que practican estas actividades sean conscientes de los riesgos y el gasto público que implica un rescate".
El Ministerio de Seguridad cuenta con varias unidades especializadas, como la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM), el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), la División de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Policía Turística.
En el cerro Aconcagua, durante la temporada 2023/2024, se realizaron 117 evacuaciones solicitadas por el equipo médico, y 63 incluyeron intervención directa de la Patrulla. En la temporada siguiente, 2024/2025, se llevaron a cabo 157 evacuaciones, 56 con participación de los rescatistas, lo que refleja un aumento del 34%.
En otras áreas de montaña también crecieron las intervenciones. Solo en 2024 hubo 49 operativos, y en los primeros cinco meses de 2025 ya se contabilizaron 29.
"En el Aconcagua se debe destacar el trabajo conjunto de médicos, guardaparques, guías, porteadores y personal que recorren las rutas de la montaña más alta de América", destacó el comisario Antonio Ibaceta, jefe de la Patrulla.
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Como medida preventiva, la Policía Turística brinda recomendaciones en distintos circuitos. Además, algunas municipalidades ya exigen la presencia de un guía para ingresar a reservas como el desierto de Lavalle o La Payunia, en Malargüe.
Sebastián Pilar, guía e instructor de la Escuela Argentina de Montaña, explicó que en Europa y en algunos cerros del país ya se exige contratar un seguro, como sucede con los extranjeros que escalan el Aconcagua.
El debate en el sector gira en torno a si el cobro de rescates o la imposición de ciertos equipos de comunicación restringirán la actividad de montaña para quienes practican senderismo o escaladas en cerros de hasta 4.000 metros.
En cuanto al argumento económico, Pilar sostuvo: "Es mucho menor al costo que generan los accidentes de tránsito, en las canchas de fútbol o un operativo de bomberos en la ciudad; y no se exige sacar un seguro para cubrir eso".
Desde las asociaciones de guías coinciden en que la clave está en aumentar la concientización sobre los riesgos, promover el entrenamiento adecuado, la aclimatación a la altura y el uso del equipamiento necesario para quienes practican deportes y actividades al aire libre en entornos naturales.
NG
