El fallo a favor de Victoria Vannucci en la demanda que la modelo inició contra Twitter volvió a poner sobre el tapete mediático al “discurso de odio” (o “hate speech”) en internet. La modelo, esposa de Matías Garfunkel, fue blanco en Twitter luego de que se difundieran fotos de ambos en un Safari en África.
El diputado nacional por Córdoba, Juan Brügge, integrante del Partido Demócrata Cristiano del bloque UNA (Unidos por una Nueva Argentina), presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, con independencia funcional.
“A raíz de la masificación de las redes sociales, que pueden ser usadas a veces para mal, nos encontramos en un estado de vulnerabilidad importante: datos inexactos, imágenes ofensivas, e inclusive delitos a través de las redes”, expresó el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja. Y agregó: “el Estado tiene que actuar necesariamente. No nos podemos quedar de brazos cruzados. La Unión Europea y Alemania ya avanzaron en esa línea”.
Brügge, quien en su momento también intentó regular la implementación de UBER en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que el proyecto ya pasó por la Comisiòn de Comunicaciones y próximamente será revisada por la Comisión de Presupuesto.
La función principal de este nuevo organismo sería la protección de las personas ante "actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales" en internet. Esta suerte de “ombudsman” deberá investigar los comportamientos ofensivos, agresivos o contrarios a la dignidad humana por medio de las redes sociales.
La iniciativa propone que la Defensoría esté a cargo de un ciudadano con el título de "defensor público en Redes Sociales de Contenidos Digitales", cuya designación le corresponderá al Congreso de la Nación. Esta persona podrá suspender temporariamente tanto sitios como usuarios de redes sociales en plazos que pueden ser de 30 a 60 días.
“Todo lo que propone es un acto de censura. El bloqueo de contenido sólo lo puede establecer una decisión judicial. Ninguna norma constitucional habilita bloquear a una persona; sí una expresión, y bajo reglas sumamente estrictas. Pero las personas jamás pueden considerarse ilegales”, indicó Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO y presidenta de la Fundación Vía Libre.
“La figura que crea es absurda, no creo que eso prospere. Las atribuciones que se le dan al Defensor son incompatibles con la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Primero hay que preocuparse por designar un Defensor del Pueblo, cargo vacante hace más de siete años”, completó la especialista en diálogo con Perfil.
Brugge aseguró, sin embargo, que con este proyecto “no se busca censurar en absoluto ni restringir la libertad de expresión, ya que no es un sistema de bloqueo automático”.
Javier Pallero, analista de Políticas Públicas de Internet en la organización internacional Access Now, precisó: “El proyecto tiene varios puntos débiles que pone en riesgo derechos fundamentales (los mismos que dice defender)". "Está lleno de vaguedades, podría habilitar la vigilancia masiva sin orden judicial y no cumple con los requisitos de necesariedad y proporcionalidad”, comentó a este portal. Y concluyó: “Deberían destinarse recursos a apoyar proyectos que traigan mejores soluciones y a mejorar las herramientas del Poder Judicial para atender a las necesidades de los usuarios de internet”.
