La disputa por la reelección en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) escaló en las últimas semanas y derivó en una presentación judicial que busca impedir que el actual rector compita por un tercer mandato consecutivo. La candidatura iría en contra de lo establecido por el estatuto universitario y de una decisión reciente de la Asamblea Universitaria.
Se presentó una declaración de certeza de inconstitucionalidad que apunta a que la Justicia se expida antes de que avance el calendario electoral. Desde el entorno de los demandantes advierten que, de no resolverse a tiempo, el proceso podría volverse abstracto y convalidar de hecho una interpretación cuestionada de la norma.
El punto central del conflicto radica en cómo se interpreta el estatuto universitario en materia de reelección. La normativa vigente establece límites a la reelección consecutiva del rector, y en la última reforma se debatió explícitamente la posibilidad de incorporar una cláusula transitoria que habilitara un nuevo período bajo la lógica de “reiniciar” los mandatos. Esa alternativa fue rechazada por la Asamblea Universitaria, que es el órgano máximo de gobierno de la institución.
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El abogado representante de los demandantes, Manuel Gonzalo Casas, fue consultado por PERFIL sobre algún tipo de “vacío legal” que permitiera al actual rector, Sergio Pagani, presentarse a un tercer mandato. “No existe ningún vacío legal. Está claramente regulado en la cláusula transitoria 190 que unida al 17, deja claramente establecido que solo hay posibilidad de dos mandatos. Sino no tendría ninguna razón de ser el artículo 190 del estatuto”, explicó.
Por ese motivo, quienes impulsan la impugnación sostienen que no existe margen legal para una tercera candidatura consecutiva, mientras que el oficialismo interpreta que el nuevo estatuto abre una ventana para esa posibilidad.
“El peso de la Asamblea Universitaria es fundamental”, dijo en referencia al rechazo de la cláusula de reseteo de mandatos, “no es solo una voluntad expresada, sino que se convirtió en una norma específica”, agregó el letrado. Además, hizo especial énfasis en que el actual rector es quien dirigió las votaciones y dijo “la norma es clara, mi mandato termina con esta gestión”.
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Aun así, el actual rector sostiene su intención de competir. La disputa, en consecuencia, excede lo jurídico y abre una discusión más amplia sobre los límites institucionales dentro de la universidad y el alcance real de sus normas internas.
El expediente ya se encuentra completamente sustanciado. Junto a su representante, Miguel Ángel Cabrera, Virginia Abdala, decanos de la UNT y denunciantes contra Pagani, confían en que la situación va a resolverse a la brevedad. “si el rector se presentara [a elecciones] podría abrirse un amparo”, señaló. “por eso creemos que esto será resuelto antes de la fecha de inscripción”, añadió.
En ese punto aparece un elemento de fondo que atraviesa la vida política de la UNT desde hace décadas, el manejo de los fondos mineros.
Según pudo reconstruirse, la universidad recibe recursos derivados de la explotación de Bajo de la Alumbrera a través de su participación en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de utilidades netas, cuya distribución está regulada por ley, un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, originalmente destinado a la construcción de la Ciudad Universitaria.
Ese esquema cambió en 2008, cuando durante la gestión del exrector Juan Alberto Cerisola se declaró finalizada esa obra. La decisión permitió convertir los fondos en recursos de libre disponibilidad, pero también redujo la participación de la universidad al 20%.
Con el tiempo, esa resolución derivó en una causa judicial de alto impacto. En 2025, la Justicia condenó a Cerisola a tres años y seis meses de prisión por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de una investigación que detectó irregularidades en el uso de los fondos mineros.
El fallo puso el foco en tres aspectos clave. En primer lugar, la declaración ficticia de finalización de la Ciudad Universitaria. Luego, la existencia de sobreprecios en obras y, por último, el desvío de recursos hacia inversiones financieras.
A pesar de ese antecedente, los fondos volvieron a tener centralidad en los últimos años. Tras un período sin ingresos, la UNT recibió nuevamente utilidades desde 2021 y registró montos extraordinarios entre 2022 y 2023, impulsados por el contexto internacional de los minerales.
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Actualmente, la universidad busca destrabar recursos acumulados para retomar las obras en el cerro San Javier. Sin embargo, el volumen de dinero en juego y los antecedentes judiciales mantienen abiertas las dudas sobre los mecanismos de control y la transparencia en su administración.
En este contexto, la discusión por la reelección del rector adquiere otra dimensión. No se trata solo de una interpretación del estatuto, sino también de quién conduce una institución que administra recursos millonarios vinculados a la minería.
“Esta es una disputa puramente legalista, se busca que se respete el principio de legalidad”, opinó Casas.
La definición judicial, por lo tanto, no solo impactará en el proceso electoral. También podría reordenar el equilibrio de poder en una universidad donde, desde hace años, la política interna y los fondos mineros aparecen inevitablemente entrelazados.
RG cp
