Venezuela es un tema bisagra para el gobierno de Alberto Fernández y la forma como hoy se puede sintetizar su política exterior en una búsqueda pragmática del equilibrio permanente. Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hoy condenó las violaciones a los derechos humanos en aquel país, remarcando, en paralelo, que se opone a sanciones y cualquier otra salida que no sea negociada. Y en esa suerte de tercera vía que busca liderar junto a México, su carta diferencial es el llamado a unas elecciones que incluya la participación de los venezolanos en el exterior.
"Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos, a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles", subrayó el representante argentino en Ginebra, Federico Villegas. "Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo", añadió.
La ONU intenta desbloquear la crisis de derechos humanos en Venezuela
En su discurso de apenas un minuto y medio, la Argentina se diferenció del abordaje punitivista que lidera Washington y del respaldo incondicional a Nicolás Maduro que manifiestan, en el mundo, otros gobiernos como el de Daniel Ortega, en Nicaragua. Pero también esta tercera vía pretende saltar la grieta doméstica, que usó a Venezuela como un ariete más: ni la condena abierta de la administración precedente, la de Mauricio Macri, ni tampoco la tolerancia que manifiestan, aún hoy, algunos sectores del propio Frente de Todos.
Villegas expresó la "profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela" que se "ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia", en línea con la ampliación del informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet. "También coincidimos en que sólo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela", remarcó, y reclamó "una negociación política inclusiva" que contemple "la restitución de los derechos políticos".
Fernández se niega a llamar "dictador" a Maduro pero no reconoce a la Asamblea Nacional que emergió en enero pasado, hija de otra fractura institucional, en manos de legisladores aliados al chavismo. Tampoco legitima el cuerpo legislativo alternativo que se montó en la redacción de un medio de comunicación, denunciando el bloqueo de las fuerzas de seguridad al palacio legislativo, para volver a ungir a Juan Guaidó como su titular y presidente encargado. A ojos del Gobierno, el líder opositor —con cada vez menos representación social— es solo eso. De ahí que haya despojado a Elisa Trotta, su representante en la Argentina, de la credencial de "embajadora" con la que la había investido Macri como parte de su estrategia política.
Sin embargo, parte del reconocimiento explícito a las violaciones a los derechos humanos documentadas por Naciones Unidas pasa por no negar a sus víctimas directas e indirectas: la diáspora de venezolanos que huyó de su país en los últimos años. Una parte, se estima que cerca de 180 mil, viven en la Argentina. Pero el conjunto repartido por diversos puntos del mundo, sobre todo en Latinoamérica, alcanza los cinco millones. La carta diferencial a la que apuesta Fernández es instar a que se los incluya en un futuro proceso electoral.
El sistema electoral venezolano contempla la posibilidad del voto en el exterior y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano rector, es quien se debe ocupar de reglamentarlo. Se descuenta que una gran parte de esos electores en el extranjero es opositor. Pero para que se concrete, primero se debe actualizar el registro electoral en base a los nuevos domicilios. En las presidenciales de 2018, denunciadas por la alianza que hoy encabeza Guaidó, se estima que al menos un millón de ellos no pudo sufragar. El CNE ya convocó a legislativas para diciembre de este año y la oposición se niega a participar porque denuncia la parcialidad del árbitro electoral.
El Gobierno argentino pidió "elecciones transparentes y creíbles" en Venezuela
En ese nudo es donde el equilibrio del pragmático Gobierno en el tema Venezuela corre el riesgo de trastabillar. El 27 de junio pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución desconociendo "la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia". Fue con 21 votos a favor, seis ausencias —países que respaldan a Maduro y abandonar el recinto— y siete abstenciones, una de ellas, de la Argentina.
Desde el Gobierno explican que no se trató de un aval a Maduro sino una acción consensuada con México —el canciller Felipe Solá mantiene un diálogo frecuente con su par Marcelo Ebrard— como parte del juego en tándem que Fernández y Andrés Manuel López Obrador acordaron en materia internacionalista. Aseguran que los países impulsores de esa condena en la OEA les presentaron el documento a último momento, sin darles tiempo siquiera a analizarlo.
El 27 de junio , la OEA aprobó una resolución desconociendo "la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral". La Argentina se abstuvo.
Extraoficialmente, ven la mano detrás de Luis Almagro, el actual secretario general a quien trataron de desbancar sin éxito, denunciando su abierto alineamiento con la oposición venezolana en desmedro de la equidistancia que debiera preservar en el cargo. Basta con leer el texto aprobado ese día, aseveran, que incluyó una condena al "continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana".
Desde la Cancillería, de manera oficial, aseguran que no hay contradicción entre ambas conductas con apenas unas semanas de diferencia. Que se mantienen en su condena a las violaciones a los derechos humanos y el llamado a una solución pacífica y negociada. En Juntos por el Cambio, emitieron un comunicado felicitando a las autoridades por "el reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana". "Solicitamos que la misma sea sostenida en el tiempo, en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes" , concluye el documento. La pretendida tercera vía a la que apuesta Fernández no parece sortear la grieta de la política doméstica.
MB / DS
