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Laberintos judiciales

Violación en grupo en Miramar: Casación rechazó las absoluciones y ordenó otro juicio con nuevo jurado

El Tribunal de alzada bonaerense consideró que el proceso que encabezó el juez Fabián Riquert, del Tribunal en lo Criminal número 3 de Mar del Plata, "supuso un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada". El nuevo juicio se haría en 2023.

El camping "El Durazno" es uno de los más tradicionales de Miramar.
El camping "El Durazno" es uno de los más tradicionales de Miramar. | Gza: campingeldurazno.com.ar

El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló este jueves 23 de diciembre el juicio por jurados y el veredicto que declaró "no culpables" a tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en el camping "El Durazno", de la ciudad de Miramar en 2019. El fallo del Tribunal de alzada cuestionó con dureza el proceso que encabezó el juez Fabián Riquert, del Tribunal en lo Criminal número 3 de Mar del Plata y concluyó que "se avasallaron los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada". Habrá, en consecuencia, que empezar un nuevo proceso y ese nuevo juicio se haría recién en 2023.

Casación aceptó el argumento de la apelación, que señaló que en el juicio que en septiembre determinó que Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) no eran culpables de violación, la víctima no contó con la obligada asistencia de una asesora de Menores e Incapaces al momento de su declaración testimonial. Así la Sala III de Casación Penal Bonaerense, que integran los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, concluyó que tal ausencia representó "un claro avasallamiento a los derechos" de la joven agredida.

En un fallo de 9 páginas, los magistrados dispusieron la nulidad del juicio que culminó el 17 de septiembre pasado, con ello quedaron sin efecto las absoluciones de Pitman, Jaime y Villalba, que deberán sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados y volver a afrontar imputaciones por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas". 

En ese nuevo juicio, se respetará la conformación de otro jurado ciudadano, pero no podrán ser citados los mismos integrantes del jurado anterior. Los especialistas judiciales estimaban este jueves que el nuevo proceso es muy difícil que llegue a sustanciar ese nuevo juicio el año próximo, por lo que las mayores posibilidades es que pueda llevarse adelante recién en 2023.

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Los abogados de la familia de la menor atacada, los doctores Maximiliano Orsi y Juan Pablo Gallego, anticiparon sin embargo que pedirán a la Cámara que el nuevo juicio no tenga jurado ciudadano, sino que los acusados sean juzgados por un "tribunal técnico".

En septiembre pasado, el juicio por el conmocionante suceso se llevó adelante durante cuatro audiencias en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, pero los abogados Orsini y Gallego destacaron en su apelación que ese proceso "presentaba una insalvable nulidad", alegando que el Tribunal Criminal 3 de Mar del Plata no había cumplido con la "necesaria intervención en el juicio de la asesora de Menores e Incapaces", que debía asistir a la menor al prestar declaración.

Según la defensa, fue el mismo TOC3 el que negó "su participación esencial" a la defensora de menores, a la que solo le permitió "actuar como observadora", situación que dejó a la menor de 14 años "en condiciones de grave indefensión".

En consecuencia, los jueces de la Sala III sostuvieron que "sin lugar a dudas", la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Mar del Plata, "incuttió en un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada, lo que conduce necesariamente a la nulidad del juicio".

El abogado Orsini dijo a la agencia Télam que para Casación "no se cumplió el artículo 202 del Código Procesal respecto a que la adolescente declaró sin la presencia de una psicóloga especialista en abuso, no se hizo una entrevista previa para ver si estaba en condiciones de declarar y no aceptaron la intervención de la Asesora".

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"Nosotros habíamos hablado de falta de perspectiva de género en el jurado y que hubo contaminación del jurado por parte de los defensores en forma ilegítima porque había una restricción para no hablar de la vida de la menor y hablaron de la vida de la menor, le faltaron el respeto a ella y a su familia", aseguró el letrado, quien sostuvo que esos "agravios no están en el fallo".

A partir de estos fundamentos, pidieron que el TOC 3 dispusiera la realización de un nuevo juicio, para el que se será necesario la convocatoria de otros doce jurados.

Sin embargo, Orsini insistió este jueves en que el juicio por jurados es "inconstitucional para menores de edad abusados sexualmente porque colisiona con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de Belém do Pará que hablan de que el menor tiene la posibilidad de apelar un fallo absolutorio de su abusador".

"Entonces vamos a ir a la Corte Suprema para que analice esta cuestión y que determine si tiene que volver a un jurado, nosotros entendemos que no porque la gente está contaminada con el tema con las redes sociales y con todo lo que han pasado en los medios, entonces tienen que ser juzgados por un Tribunal técnico, eso es lo que pedimos", concluyó.

De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, Pitman, Jaime y Villalba fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero de 2019 en el Camping "El Durazno", ubicado sobre la ruta 11 en el ingreso a Miramar, aprovechándose "de la edad de la menor de que no podía consentir libremente el accionar".

Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Esa morigeración quedó sin efecto días antes del juicio, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.

 

TE/HB