Santa Fe rechaza la calificación “alto riesgo” de la UE y advierte impacto en exportaciones

La provincia de Santa Fe salió con fuerza a cuestionar la nueva normativa europea vinculada a biocombustibles y cambio indirecto de uso del suelo (ILUC), que calificó a la soja argentina como materia prima de “alto riesgo”. Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, sostuvo que el objetivo del dossier técnico es “demostrar que la medida europea no se condice con la realidad productiva” de la provincia y del país. En su diagnóstico, la norma crea “una barrera paraarancelaria” y se apoya en criterios “sin base científica” y sin respetar reglas técnicas del comercio internacional.

La preocupación santafesina se explica por el peso del complejo sojero y del biodiésel en la matriz exportadora y productiva. Losada remarcó que Santa Fe es la principal productora de biodiésel de base soja y que el alcance de la medida no se limita a un producto: “También afecta los aceites de soja” y a toda la cadena. La provincia anticipa que el conflicto puede tensionar el vínculo comercial con Europa en un momento sensible, cerca de la entrada en vigor provisoria del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Por qué Santa Fe rechaza la calificación europea: “sin base científica” y con riesgo de precedente

Losada explicó que la normativa europea se presentó el 20 de enero y que apunta a restringir importaciones vinculadas al cambio indirecto de uso del suelo. La secretaria sostuvo que, tal como fue planteada, “sin base científica” y “sin respetar los reglamentos técnicos” de la Organización Mundial del Comercio, la medida se convierte en un obstáculo técnico al comercio. En su lectura, el foco europeo penaliza a productos que “avanzan sobre fronteras agrícolas”, pero esa descripción no reflejaría lo ocurrido en Santa Fe.

El dossier técnico provincial busca contrastar la narrativa de riesgo con datos de producción. Losada afirmó que en Santa Fe “no hubo expansión de frontera agrícola” y que la superficie “se mantuvo estable en la última década”. Según explicó, el aumento de producción no se relaciona con expansión territorial, sino con “mejora en prácticas agronómicas” e “incorporación tecnológica”, lo que permitiría producir más sin presionar sobre nuevas áreas.

En ese marco, sumó un argumento ambiental e institucional. La funcionaria señaló que Santa Fe tiene una ley de protección ambiental y de bosques anterior a la ley nacional, de 2007, y que eso da “casi cero” riesgo de deforestación para el caso provincial. Con ese punto, Losada planteó una contradicción política: Europa impulsa la transición energética, pero a la vez restringe un combustible “que no se basa en combustible fósil”, como el biodiésel.

La secretaria también ubicó la discusión en el contexto global de energía y precios. Afirmó que restringir biodiésel no “cierra” con la necesidad de reemplazar combustibles fósiles de precio volátil, mencionando la escalada del conflicto en Medio Oriente como factor que presiona sobre la energía. Su planteo no es pedir un trato preferencial, sino exigir que el debate se ordene en reglas: “No pedimos ningún favoritismo”, dijo, sino basarse en regulaciones internacionales y evidencia cuantificable.

Impacto económico y laboral: USD 400 millones, mercados concentrados y empleos en riesgo

El segundo eje del planteo santafesino es el impacto directo sobre exportaciones y empleo. Losada afirmó que el impacto económico de la medida sería de “400 millones de dólares en exportaciones” y subrayó una vulnerabilidad clave: “Nuestros únicos mercados son Países Bajos y Bélgica”, es decir, la Unión Europea. En términos prácticos, planteó que Santa Fe exporta “el 100% de lo que exporta Argentina” en biodiésel al bloque europeo, por lo que un cierre o restricción implicaría un golpe inmediato.

En el capítulo laboral, Losada puso números que buscan dimensionar el daño más allá del comercio. Mencionó “unos 2.000 empleos indirectos” y “700 empleos directos”, sin contar los efectos hacia atrás en la cadena del complejo sojero. Además, comparó el peso macro de la soja: señaló que el complejo agroindustrial basado en soja implica el 23% de las exportaciones totales y un 13% del PBI, y sostuvo que incluso supera a la foto actual de la industria de oil and gas.

Más allá de las cifras, su argumento es que la medida no afecta un nicho aislado, sino un sistema productivo completo. La secretaria insistió en que el dossier no solo enumera impactos, sino que explica “cuál es la realidad productiva” y por qué la calificación europea no se ajusta al caso argentino. Su postura apunta a evitar una estigmatización que se convierta en regla para otros productos y sectores, algo que definió como “realmente peligroso” para el comercio internacional multisectorial.

Estrategia de defensa: misión a Bruselas, “Task Force” y la opción OMC

Losada describió una estrategia coordinada con Nación y privados, con el gobernador Maximiliano Pullaro como actor central del reclamo. Contó que el dossier fue entregado al canciller y al secretario de Relaciones Económicas Internacionales y que “fue muy bien recibido”. A partir de eso, dijo, se planteó constituir un “Task Force” como estrategia conjunta “multinivel”: Nación, provincia y sector privado.

La funcionaria remarcó que el trabajo con empresas fue parte del diseño del reclamo. Afirmó que Santa Fe trabajó “en conjunto con el sector privado” y que hubo validación en una reunión en febrero, porque son los actores que “en definitiva van a verse perjudicados”. También señaló que la provincia viene instalando el tema en distintos ámbitos, incluso en encuentros vinculados a oportunidades del acuerdo Mercosur–UE, donde expresó la preocupación por la calificación de “alto riesgo”.

Sobre los pasos diplomáticos, indicó que ya había técnicos de Cancillería en Europa y que el secretario de Relaciones Económicas Internacionales viajó, con posibilidad de sumar a más autoridades si fuera necesario. Losada aclaró que no le correspondía informar la fecha exacta de un eventual viaje del canciller, pero confirmó que la misión a Bruselas se apoya en el dossier técnico y en el diálogo político. En paralelo, remarcó que también buscan llegar al Parlamento Europeo y fortalecer vínculos parlamentarios para sostener la posición argentina.

La opción de escalar el conflicto en organismos multilaterales también está sobre la mesa. Losada recordó un antecedente similar en 2013 y advirtió que esos procesos pueden extenderse años, algo que quieren evitar. Sin embargo, sostuvo que, si no hay salida negociada, se evalúa avanzar “hasta la última consecuencia” y no descartó recurrir a la OMC, porque el punto de fondo es que el comercio no se rija por criterios “arbitrarios” sino por evidencia.