Acuerdo por la reforma judicial y cruce en clave 2027: la Unicameral alternó consenso y campaña anticipada

La Legislatura de Córdoba transitó este miércoles una sesión con dos postales bien diferenciadas. Por un lado, oficialismo y oposición coincidieron en aprobar la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para ampliar la estructura territorial del Poder Judicial y fortalecer el Ministerio Público de la Defensa.

Por otro, el consenso quedó rápidamente eclipsado por un duro cruce político durante el tratamiento de una batería de pedidos de informes de la oposición sobre el manejo de recursos públicos, un intercambio que terminó exhibiendo que la disputa por 2027 ya se instaló en el recinto.

La principal ley sancionada crea nuevos órganos jurisdiccionales y amplía el Ministerio Público de la Defensa mediante la incorporación de juzgados y defensorías públicas en Córdoba Capital y distintas circunscripciones judiciales del interior. Para el oficialismo, la reforma busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente al crecimiento de la demanda y reforzar el acceso a la defensa pública.

En la ciudad de Córdoba se crearán diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. Además, la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será reconvertida en una Defensoría Civil y Comercial.

En Villa Carlos Paz se incorporarán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas, un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia y una Defensoría con Funciones Múltiples. A su vez, San Francisco sumará un nuevo Juzgado de Control y Faltas, mientras que también se crearán Defensorías Públicas con Funciones Múltiples en San Francisco, Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.

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Consenso, pero con diferencias

Como miembro informante del oficialismo, Bernardo Knipscheer defendió la iniciativa al sostener que "el punto de partida es un diagnóstico claro: la organización judicial debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad demanda, el crecimiento poblacional y las reformas procesales". Según afirmó, la creación de nuevos juzgados y defensorías permitirá "mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial".

Desde la UCR, Brenda Austin adelantó el respaldo del bloque, aunque recordó que el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa era un reclamo histórico de la oposición. "Hoy estamos haciendo lo que reclamábamos desde hace años: fortalecer la base del sistema de defensa", afirmó. Sin embargo, sostuvo que la reforma deja pendiente una ley orgánica que establezca una carrera propia para el organismo y advirtió que los defensores públicos continúan "colapsados y abarrotados de causas".

El Frente Cívico también acompañó la iniciativa. No obstante, Viviana Martoccia reclamó estadísticas públicas que fundamenten la creación de los nuevos organismos y expresó reparos sobre el financiamiento de la reforma. "No podemos dejar a la ciudadanía vulnerable y sola frente al aumento de delitos", sostuvo, aunque pidió conocer los criterios que regirán las futuras designaciones y reubicaciones dentro del Poder Judicial.

En igual sentido se expresó Oscar Agost Carreño. El legislador del PRO votó favorablemente el proyecto, pero cuestionó la ausencia de planificación. "Córdoba necesita más jueces y más defensores, pero ello debe hacerse planificado, con estadísticas que lo justifiquen y estudios de costos", sostuvo. A su entender, avanzar con esta ampliación mientras continúa el conflicto salarial judicial demuestra "una prioridad política más que una urgencia del servicio de justicia".

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La campaña 2027

El clima cambió cuando comenzaron a debatirse los pedidos de informes impulsados por la UCR y el Frente Cívico. Los radicales reclamaron información sobre los subsidios y créditos otorgados por la Provincia en medio de las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025 y sobre el gasto en alquileres de inmuebles utilizados por el Estado provincial. El juecismo, en tanto, puso el foco sobre los gastos reservados y volvió a denunciar falta de transparencia en la ejecución presupuestaria.

La discusión escaló rápidamente. Alejandra Ferrero advirtió que, si el Ejecutivo continúa sin responder los pedidos de informes, la oposición acudirá a la Justicia y acusó al Gobierno de "obstaculizar" el acceso a la información pública. La respuesta llegó desde las bancas oficialistas. "Denuncien", lanzó Marcelo Eslava, mientras la radical respondió sin dudar: "Vamos a ir a la Justicia".

Para el ejercicio vigente, según aportó la UCR, la Provincia tiene previstos más de 32 mil millones de pesos destinados a alquileres.

A su turno, Austin reclamó explicaciones al Ejecutivo sobre los criterios utilizados para otorgar subsidios y otros beneficios sociales durante 2025, a raíz del caso de Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, quien recibió ayudas económicas provinciales pese a contar con antecedentes penales y desempeñarse como empleado municipal. 

El contraataque del PJ estuvo encabezado por Facundo Torres, quien interpretó los cuestionamientos como el inicio de la campaña electoral. "La oposición empezó la campaña", disparó, y acusó al radicalismo de construir "un relato apocalíptico" con fines electorales.

El peronista, a su vez, ironizó sobre las recorridas territoriales de la UCR al afirmar que "quizás ahora que se acercan las elecciones vaya a un hospital del interior", comentario que motivó la inmediata réplica de Oscar Saliba desde su banca: "Querés que te diga cómo están los hospitales del interior".

La confrontación volvió a repetirse durante el tratamiento del pedido de informes sobre gastos reservados. El juecista Walter Nostrala denunció "opacidad" en el manejo de los recursos públicos, cuestionó la continuidad de esa partida presupuestaria y sostuvo que "sería más fácil que el oficialismo aprobara el pedido de informes para que el Ejecutivo explique en qué se gastan esos fondos".

El oficialismo respondió que el planteo forma parte de una estrategia de posicionamiento electoral y volvió a insistir en que la oposición ya lanzó la carrera hacia 2027. "No se largó la campaña electoral", lo cruzó Nostrala y afirmó que el PJ "le tienen miedo" a los comicios ya que "le queda poco tiempo". "Van a ver qué opinan la ciudadanía", desafió el ultrajuecista al sostener que 28 años de peronismo en el poder "es demasiado".

Otro frente abierto

La sesión dejó además un nuevo foco de tensión institucional. El oficialismo bloqueó el tratamiento sobre tablas de los proyectos impulsados por la UCR y el Frente Cívico para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y establecer que las entrevistas a postulantes para jueces y fiscales sean públicas y transmitidas en vivo.

La ofensiva opositora se produjo apenas horas después de conocerse la orden de mérito del concurso para cubrir la vacante que dejará Marta Vidal al frente del Juzgado Electoral Provincial, proceso que ubicó en el primer lugar al actual secretario legislativo Guillermo Arias y reavivó el debate sobre los mecanismos de selección de magistrados en Córdoba.