Caso Agostina Vega: La oposición reclama la destitución del fiscal que liberó a Barrelier en 2025

La oposición cordobesa dio un paso más en la ofensiva abierta tras el femicidio de Agostina Vega y presentó formalmente un pedido de enjuiciamiento contra el fiscal Iván Rodríguez, a quien responsabiliza por presunto mal desempeño y negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

Esta segunda presentación, al igual que la denuncia contra Raúl Garzón, es promovida por legisladores de los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista – FIT Unidad.

Se busca de este modo que el Jurado de Enjuiciamiento investigue la actuación del designado Procurador Penitenciario Adjunto, aunque su jura se aplazó, en dos expedientes de alto impacto institucional: la causa en la que dispuso la liberación de Claudio Barrelier en 2025 y una investigación conexa al caso Neonatal que terminó archivada.

El escrito no se limita a cuestionar una resolución judicial puntual. Por el contrario, construye una hipótesis política e institucional más amplia de que existió un patrón de decisiones caracterizadas por investigaciones insuficientes, omisiones relevantes y actuaciones que, según sostienen los denunciantes, terminaron favoreciendo a personas vinculadas al poder.

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El eje central: la liberación de Barrelier

La principal acusación gira en torno a la decisión adoptada por Rodríguez el 26 de mayo de 2025, cuando dispuso la libertad bajo fianza de Barrelier, quien había sido detenido veinte días antes acusado de privación ilegítima de la libertad contra una joven de 20 años, quien escapó semidesnuda de la casa del ahora sospechoso del femicidio de Agostina Vega.

Según la denuncia, el fiscal resolvió la liberación pese a que existían elementos que obligaban a realizar una evaluación más profunda sobre la peligrosidad del imputado y el riesgo de reiteración de conductas violentas.

Los legisladores sostienen que la investigación omitió diligencias consideradas esenciales, como peritajes psicológicos y psiquiátricos, análisis interdisciplinarios y otras medidas destinadas a determinar el perfil criminológico del acusado.

Además, afirman que el caso presentaba claros indicadores de violencia de género y que la actuación fiscal prescindió de “los estándares de debida diligencia reforzada” previstos en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

La presentación vincula directamente aquella decisión de Rodríguez con el posterior femicidio de Agostina Vega, ocurrido un año después. Para los denunciantes, el crimen expuso las consecuencias de una valoración insuficiente del riesgo que representaba Barrelier.

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Ausencia de perspectiva de género

Uno de los ejes más desarrollados de la presentación formal es el cuestionamiento a la investigación realizada en 2025. La oposición sostiene que la denuncia formulada contra Barrelier describía hechos que excedían una simple privación ilegítima de la libertad y que ameritaban analizar otras hipótesis delictivas más graves.

En ese sentido, plantean que la investigación fragmentó los hechos denunciados y descartó prematuramente líneas de investigación vinculadas a delitos sexuales e incluso eventuales maniobras compatibles con figuras de explotación o trata de personas.

Según los denunciantes, esa mirada limitada terminó condicionando el resto de las decisiones procesales y derivó en una calificación legal que facilitó la recuperación de la libertad por parte del imputado.

Entre el factor Barrelier y el Inciso Moreno, la discusión política que se viene

El "factor Moreno"

Más allá de las cuestiones estrictamente judiciales, la denuncia incorpora un fuerte componente político. El escrito dedica un capítulo específico al vínculo entre Barrelier y el exconcejal oficialista Ricardo Moreno, quien reconoció públicamente haber ejercido su defensa en la causa de 2025 y haber promovido años atrás su ingreso como becario a la Municipalidad de Córdoba.

Los legisladores aclaran expresamente que no cuentan con pruebas de acuerdos ilegítimos entre Rodríguez y Moreno. Sin embargo, sostienen que la participación de un dirigente político de peso en la defensa del acusado exigía un estándar superior de fundamentación e independencia por parte del fiscal.

La presentación también recuerda que Moreno defendió públicamente la actuación de Rodríguez y que una de las fianzas que permitieron la liberación de Barrelier estuvo vinculada a abogados de su estudio jurídico.

Por esa razón, la oposición busca que el Jury analice si la actuación funcional del fiscal se desarrolló con la objetividad e independencia que demandaba un caso de semejante sensibilidad institucional.

El antecedente Neonatal

La denuncia incorpora además otro expediente de enorme repercusión pública: la investigación conexa al caso Neonatal.

Rodríguez fue el fiscal que tuvo a su cargo una pesquisa destinada a determinar si funcionarios públicos habían tomado conocimiento de los primeros episodios de muertes de bebés recién nacidos ocurridos en el Hospital Materno Neonatal y omitido realizar las denuncias correspondientes.

Aquella investigación concluyó con un pedido de archivo por inexistencia de delito. La oposición sostiene que la causa fue cerrada sin agotar todas las líneas investigativas disponibles y que la gravedad institucional de los hechos exigía una pesquisa más profunda.

Por eso, el expediente Neonatal aparece en la presentación como un antecedente que, según los denunciantes, permite advertir una conducta reiterada en la forma de conducir investigaciones de alta sensibilidad política.

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Procurador Penitenciario

El último capítulo de la denuncia apunta a la posterior designación de Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto.

Los legisladores aclaran que no cuestionan la legalidad formal de su nombramiento ni afirman la existencia de contraprestaciones indebidas. Sin embargo, sostienen que su promoción a un cargo vitalicio de alta jerarquía institucional incrementa el interés público en revisar las decisiones adoptadas durante su desempeño como fiscal.

En ese marco, recuerdan que durante el tratamiento legislativo de su pliego ya habían surgido cuestionamientos desde distintos sectores políticos respecto de su actuación en causas sensibles.

La ofensiva opositora

Más allá de los aspectos técnicos del expediente, el pedido de Jury revela una estrategia política definida. La oposición busca trasladar el caso Agostina Vega desde el plano estrictamente criminal hacia una discusión sobre responsabilidades institucionales.

La presentación conecta tres elementos que hasta ahora venían transitando carriles separados: la liberación de Barrelier, el rol del exconcejal Ricardo Moreno y las decisiones adoptadas por Iván Rodríguez en distintas investigaciones de alto impacto.

Sobre esa base, los denunciantes sostienen que corresponde abrir el procedimiento por mal desempeño y negligencia grave previstas en la Constitución provincial. Mientras se sustancia el proceso, piden que Rodríguez sea suspendido preventivamente del cargo de Procurador Penitenciario Adjunto, y de acreditarse las causales invocadas en la denuncia, el Jury disponga la destitución definitiva del funcionario judicial.