Legisladores radicales, juecistas, dirigentes del PRO y otros bloques opositores formalizaron este lunes el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón. Lo acusan de negligencia grave, mal desempeño y morosidad en la investigación por la desaparición y femicidio de Agostina Vega.
La denuncia ante el Jury es impulsada por los legisladores Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Noelia Agüero, quienes responsabilizan al fiscal por una serie de demoras y omisiones durante los primeros días de la investigación.
De este modo, todos los espacios políticos del arco opositor en la Legislatura de Córdoba confluyeron en una presentación conjunta ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial. Allí solicitaron la apertura del proceso, la suspensión preventiva del funcionario judicial y, eventualmente, su destitución.
El planteo formal no se concentra en una única decisión del fiscal, sino en lo que los denunciantes describen como un patrón de actuaciones tardías durante las horas críticas posteriores a la desaparición de la menor de 14 años, cuyo caso conmociona a la provincia y al país.
Entre los principales cuestionamientos aparece la demora en la recepción formal de la denuncia presentada por la familia de Agostina. Según sostienen en el escrito, transcurrieron varias horas entre el primer intento de radicación y el ingreso efectivo de la actuación al sistema judicial, alrededor de las 8:40 del domingo 24 de mayo.
Alerta Sofía
Sin embargo, el eje de la presentación está puesto en la activación de la Alerta Sofía. Los denunciantes sostienen que existían elementos suficientes para considerar que la menor se encontraba en una situación de alto riesgo desde el mismo domingo de su desaparición y afirman que el mecanismo federal fue activado cuando ya habían transcurrido más de 80 horas desde la denuncia.
La presentación busca transformar esa demora en una violación objetiva de la Ley provincial 10.654 (de desaparición de personas), el protocolo Alerta Sofía, y estándares internacionales de debida diligencia.
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El domicilio y los antecedentes de Barrelier
La oposición también cuestiona la demora en el allanamiento de la vivienda de Claudio Barrelier, señalado desde el inicio como principal sospechoso. Según el planteo, la Fiscalía contaba desde los primeros momentos con indicios que vinculaban a la menor con ese domicilio y que justificaban una actuación mucho más rápida.
Al respecto, el escrito advierte que la vivienda de Barrelier era una potencial escena del crimen desde el comienzo de la investigación y que la demora pudo afectar prueba relevante. Ante ello, se enumera el testimonio del remisero, las cámaras de seguridad, la ausencia de registros de salida de la menor, la sospecha de la madre y el prontuario del sospechoso.
De esta manera, los opositores hablan de omisión de valorar los antecedentes judiciales de Barrelier. Los legisladores sostienen que existía una causa previa por privación ilegítima de la libertad vinculada al mismo inmueble y argumentan que esa información debió haber sido considerada con mayor premura durante la búsqueda. La denuncia incluso cita declaraciones posteriores de Garzón para sostener que ese antecedente no fue considerado en tiempo oportuno.
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Conferencia fallida
La presentación incorpora además fuertes críticas a las declaraciones públicas formuladas por Garzón tras el hallazgo del cuerpo de Agostina. Los denunciantes consideran que algunas de sus expresiones en la conferencia de prensa evidenciaron una actitud incompatible con la gravedad institucional del caso y cuestionan particularmente su defensa del procedimiento llevado adelante por la Fiscalía.
En ese plano, consideran incompatibles con el cargo: la defensa pública de la investigación; la frase sobre "la medalla" para el perro rastreador; la negativa a reconocer errores; y determinadas afirmaciones sobre el horario de muerte de la víctima.
Falta de perspectiva de género
Uno de los aspectos más sustanciales del planteo es la incorporación de argumentos vinculados a la perspectiva de género. La oposición argumenta que la investigación debió desarrollarse bajo estándares reforzados de protección frente a la desaparición de una adolescente y cita normativa nacional e internacional para sostener que el caso exigía una respuesta de máxima urgencia.
La acusación se centra en la falta de perspectiva de género; desconocimiento inexcusable del derecho; incumplimiento de la Convención de Belém do Pará; e incumplimiento de los estándares del caso Campo Algodonero. Asimismo, denuncian que omitió aplicar el enfoque de interseccionalidad que exigen la Ley nacional 26.061 y la Ley provincial 9.944 (Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).
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“En definitiva, el magistrado invisibilizó de plano el doble factor de vulnerabilidad (género y edad) de la víctima, que exigía de sí una respuesta inmediata, tuitiva y de máxima urgencia procedimental”, señala la presentación.
La ofensiva opositora trasciende así el plano estrictamente judicial y traslada la discusión al terreno político e institucional. Con la presentación del Jury, los distintos bloques apuntan contra el mal desempeño del fiscal Garzón en uno de los hechos criminales más atroz que sigue causando conmoción en Córdoba y el país.
Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento quien deberá resolver si los cuestionamientos expuestos constituyen elementos suficientes para habilitar el avance del proceso contra el fiscal que hoy sigue a cargo de la causa que derivó en femicidio tras el hallazgo de los restos de la menor de 14 años, el sábado 30 de mayo, en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
