La Municipalidad de Córdoba admitió fallas en sus sistemas de control de personal y anunció un paquete de medidas para corregirlas. El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, lo dijo sin rodeos: "Sí hay controles", pero "en este punto en particular, algunos controles han fallado". El disparador fue el caso de Agostina Vega, que expuso vínculos entre empleados municipales y actividades delictivas.
El intendente Daniel Passerini decidió, según Fernández, "profundizar esos controles, no solo de los ingresos, sino también de la permanencia" del personal en la planta municipal.
Certificado de buena conducta cada seis meses
La medida más concreta es la modificación de la frecuencia con que se exige el certificado de buena conducta. Hasta ahora, el requisito se cumplía cada cuatro años. A partir de la nueva disposición, será obligatorio renovarlo cada seis meses.
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Además, el narcotest —hasta ahora aplicado a funcionarios políticos— se extenderá a toda la dotación municipal. "Ahora se amplía al personal que trabaja en la municipalidad para que todos aquellos que cumplen con alguna tarea, fuere la que fuere, puedan [presentarlo], como así también el control toxicológico", explicó Fernández.
El secretario también mencionó que el municipio busca mejorar la comunicación con el Poder Judicial para detectar con mayor rapidez cuando un empleado comete un delito fuera del ámbito laboral. "Es bueno tener prácticamente en línea... cuando alguna persona comete un delito del calibre que sea y que rápidamente... la municipalidad pueda tomar conocimiento", señaló.
Dos investigaciones por la Escuela de Tránsito
En paralelo, la gestión enfrenta irregularidades en la Escuela Municipal de Tránsito, donde está imputado un empleado identificado como Barrelier por la emisión de licencias apócrifas. Fernández informó que hay "dos líneas de investigación" abiertas: una judicial, iniciada el 13 de mayo, y una "investigación administrativa interna" para determinar la "responsabilidad que tiene cada uno", incluyendo empleados de planta permanente, becarios y contratados.
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Como medida de gestión, ya se cambió la conducción de la Escuela de Tránsito. También se proyecta una descentralización del servicio, aunque sin precisar plazos.
Sobre las investigaciones administrativas en general, Fernández aportó un dato que buscó contextualizar la situación: de los 119 expedientes activos, "91 de esos 119 fueron ingresados entre el año 2003 y 2007", en referencia a la gestión de Luis Juez al frente del municipio.
La planta cayó de 11.000 a 8.200 empleados
El secretario también salió a defender la política de empleo público de las últimas gestiones. "En el 2019... había 11.000 empleos de planta permanente. Hoy hay 8.200", afirmó. Aseguró además que desde que asumió Martín Llaryora y luego Passerini "no se ha pasado una sola persona a planta permanente".
El argumento apunta a desmarcar a la gestión actual de los casos bajo investigación, en su mayoría vinculados a personal ingresado hace más de quince años.
