Concejo: el Presupuesto 2026 y los convenios urbanísticos superaron la audiencia pública

Bajo la presidencia del viceintendente Javier Pretto, el Concejo Deliberante de Córdoba realizó este lunes la audiencia pública N°72, instancia clave para el tratamiento del Presupuesto 2026, el Código Tributario, la Ordenanza Tarifaria Anual y 12 convenios urbanísticos, junto con la delimitación de un Polígono de Acción Concertada (PAC) en barrio Güemes. La jornada contó con 37 oradores, que participaron de manera presencial y virtual.

Con la audiencia cumplida, el cuerpo legislativo quedó habilitado para avanzar con la segunda lectura y votación del paquete económico que sustenta el plan de gobierno municipal para el año próximo. El proyecto prevé ingresos y gastos por $1,48 billones, sin déficit por primera vez en siete años, además de una reducción impositiva en distintos rubros.

Presupuesto, impuestos y reclamos sectoriales

Durante la audiencia, distintos sectores económicos plantearon observaciones puntuales sobre el esquema tributario. Desde el Mercado Sud, locatarios y representantes legales reclamaron corregir una asimetría en el cobro del canon, al señalar que allí se aplica de manera individual, a diferencia del Mercado Norte, donde se tributa de forma conjunta. “No somos una gran empresa, somos familias”, remarcaron.

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En la misma línea, representantes de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) advirtieron que las droguerías funcionan como un eslabón financiero clave entre laboratorios y farmacias, con márgenes reducidos, y pidieron que la carga impositiva no recaiga sobre la facturación total sino sobre la rentabilidad efectiva. Desde la Cámara de Comercio, en tanto, se valoró positivamente la rebaja del 30% en Comercio e Industria, al considerarla un alivio para mejorar la competitividad en un contexto económico adverso.

Convenios urbanísticos y modelo de ciudad

Los convenios urbanísticos concentraron buena parte del debate. Representantes de desarrollistas defendieron la herramienta como un mecanismo para ordenar el crecimiento, promover la densificación y consolidar áreas urbanas con infraestructura. También solicitaron revisar tasas administrativas que consideraron distorsivas para la factibilidad de proyectos.

Desde el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial, se destacó el cambio de enfoque respecto de años anteriores. “Los convenios dejaron de ser una excepción y expandir la mancha urbana. Ahora se utilizan para consolidar sectores y ocupar vacancias dentro de la ciudad”, señalaron.

Voces vecinales: participación, identidad y servicios

Los centros vecinales y organizaciones sociales expresaron miradas diversas, con énfasis en la falta de planificación integral, la escasa participación ciudadana y el impacto de los desarrollos en la identidad barrial. En barrios como Villa Belgrano, Güemes, Rosedal, Jardín Espinosa y Cerro de las Rosas, vecinos cuestionaron que las decisiones se tomen con información tardía y acuerdos ya cerrados.

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También se escucharon reclamos por infraestructura básica, como transporte urbano, cloacas, desagües, centros de castración animal y obras hidráulicas en la zona sur. En varios casos, los oradores advirtieron que la densificación sin obras complementarias genera cuellos de botella y deteriora la calidad de vida.

Otros planteos apuntaron al recorte del Presupuesto Participativo Barrial, que pasó de un piso del 10% de la obra pública a un techo del 2,5%, lo que fue calificado como un retroceso en términos de derechos ciudadanos. También hubo pedidos de mayor transparencia sobre la emisión de deuda municipal, especialmente en moneda extranjera, y reclamos para eliminar la partida de publicidad oficial, estimada en $15.000 millones.

Ambiente, espacio público y suelo urbano

Las organizaciones ambientalistas pusieron el foco en la protección de espacios verdes y del bosque nativo, con pedidos de ampliación de reservas naturales y expropiaciones de tierras privadas para su incorporación al patrimonio público.

Desde otros sectores, se defendió la necesidad de promover usos mixtos del suelo, nuevas centralidades urbanas y la apropiación ciudadana de espacios vacantes, como forma de mejorar servicios y calidad urbana.