Consejo de la Magistratura y Fuero Penal: los frentes que complican al camarista federal Sánchez Torres

La situación del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, suma complicaciones en dos frentes: el Fuero Penal local y el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

En los tribunales federales cordobeses se abrieron dos expedientes. En uno fue imputado por presunta manipulación de causas al momento de integrar las Salas A y B del tribunal de Alzada y maltrato laboral. En el otro, se analiza la evolución de su patrimonio.

Pero, además, hay otras dos presentaciones sobre la cual deben expedirse los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, encargada de juzgar magistrados por mal desempeño o comisión de delitos.

Frente penal 

Perfil CÓRDOBA informó el miércoles que el fiscal general Nicolás Turano —integra el cuerpo de especialistas en materia Penal Económica de la Procuración General de la Nación— y el fiscal Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, promovieron acción contra Sánchez Torres, su pareja, la vocal Graciela Montesi, y los secretarios de la Cámara, Mario Olmedo y Gustavo Flores.

En los sucesivos testimonios vertidos en esa investigación se habrían mencionado datos sensibles sobre la evolución patrimonial del camarista Sánchez Torres. Los fiscales decidieron dar un abordaje diferenciado y abrieron otro expediente. No hay imputación, pero sí requerimientos de información a los organismos registrales e impositivos para verificar si existen inconsistencias en el crecimiento de bienes, en particular inmuebles en el Gran Córdoba, uno de los cuales tendría un valor real que no podría justificar con los ingresos —altos de por sí— que tiene como magistrado federal. Los datos que se obtengan avalarán o no la sospecha.

Manipulación de expedientes

La acusación por maltrato laboral hacia la denunciante y funcionaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, habría derivado de hechos de suma gravedad como serían presuntos acuerdos previos entre Sánchez Torres y Montesi para producir sentencias incumpliendo los reglamentos que ordenan la integración de las Salas A y B, cómo deben circular los expedientes y emitir los votos.

El problema surge porque hay dos vacantes. La Cámara debería estar integrada por seis miembros, tres en cada una de las salas. Al haber solo cuatro jueces, la Sala A está integrada por Montesi y Eduardo Ávalos y la B por Sánchez Torres y Liliana Navarro. En ambas falta el tercer vocal. La tarea del secretario Mario Olmedo es realizar el sorteo cuando ya emitieron sus posiciones los jueces naturales. Es en esa instancia donde se detectó la presunta maniobra.

En el expediente “Raúl Padilla” radicado en el Juzgado Federal de Río Cuarto por presunta evasión tributaria de la cerealera Bunge, después de que Montesi y Ávalos emitieron sus votos, en lugar de remitirlo a Navarro, el secretario Olmedo lo devolvió a Montesi. La secuencia indica que esperó hasta que entró de turno Sánchez Torres para poner nuevamente en circulación la causa. El resultado fue el dictado por mayoría de “falta de mérito” de Padilla.

El otro caso donde sucedió algo similar es en el de “Plácido Humanes”, también de la firma Bunge por evasión tributaria. En diciembre de 2023, Sánchez Torres ordenó a Celina Laje Anaya integrar la Sala B con Graciela Montesi. La secretaria se opuso. En abril de 2024 la vocal Liliana Navarro advirtió la situación y se retrotrajo la integración de la Sala. Por mayoría, con votos de Navarro y Avalos —en disidencia votó Sánchez Torres— se solicitó el procesamiento de Plácido Humanes. 

Hay que aclarar que tanto Padilla como Humanes se avinieron a las leyes de perdón fiscal del Gobierno nacional. Los montos evadidos fueron incluidos en un régimen de regularización de obligaciones tributarias y abonados en su totalidad. Por estas presuntas irregularidades, están imputados Sánchez Torres, Montesi y Olmedo. 

La causa impacta en lo institucional porque el actual vicepresidente de la Cámara ostenta un alto perfil con proyección nacional. El año pasado —por haber sido presidente de la Cámara de Córdoba— integró la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue convocado al máximo tribunal argentino para resolver causas donde no se alcanzaba el mínimo de tres votos. 

Además es asesor ad honorem del consejero Alberto Lugones en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y, en la faz académica, dirige la Especialización en Derecho Penal Tributario y Económico de la Universidad Siglo 21. Con solo mencionar los ámbitos donde actúa, se advierte la importancia institucional de su figura.  

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Dos expedientes en el Consejo de la Magistratura

En el Consejo de la Magistratura, la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, que denunció penalmente a los imputados, dirigió al organismo de selección y juicio político el mismo texto sobre el cual deberán resolver los consejeros. Los detalles narrados anteriormente están en conocimiento del organismo que preside Horacio Rossatti. 

Pero, además de esa causa, Perfil CÓRDOBA accedió a otra presentación realizada meses atrás por el docente de la Facultad de Derecho de la UNC, Oscar César Benítez. 

Él había impugnado un concurso docente del 2017 para cubrir un cargo de profesor adjunto en la cátedra Derecho Internacional Público. 

El pleito académico derivó en una causa penal donde se discutió la pertinencia y legalidad de certificados que presentó. El juez de primera instancia dictó el sobreseimiento de Benítez y la Cámara Federal, con votos de Sánchez Torres y Montesi, lo revocó. Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento que ellos habían dictado.

Benítez presentó al Consejo de la Magistratura la secuencia de los expedientes y  apuntó a Sánchez Torres y Montesi por “forum shopping” o lo que se conoce como direccionamiento en la integración de las salas. Es una situación muy similar a la advertida en las causas Bunge. Calificó como “llamativo” que dos resoluciones claves fueron firmadas el mismo día, en una consta el voto de Liliana Navarro y en la otra no.

Cuestionó además, desde la perspectiva ética, que dos jueces que integran un mismo tribunal sean pareja y que esa situación haya sido negada durante la audiencia en el Senado, donde se trató la designación de Montesi.