Contaminación del río Suquía: exintendente de Córdoba y funcionarios bajo la lupa

El fiscal federal Enrique Senestrari pidió el procesamiento del exintendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre, y varios de sus funcionarios debido a la contaminación del río Suquía. 

La acusación se fundamenta en el mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande, que habría causado la contaminación del río con desechos tóxicos.

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El documento firmado por Senestrari presenta evidencias de que la operación deficiente de la planta provocó que el agua del río Suquía tuviera niveles extremadamente altos de coliformes fecales y Escherichia coli, excediendo los límites establecidos por la normativa ambiental. El fiscal destacó que los residuos vertidos en el río son sustancias tóxicas que pueden causar graves daños a la salud humana y al medio ambiente.

Entre los exfuncionarios de la administración de Mestre para los que también se solicitó procesamiento se encuentran Omar Gastaldi, exsecretario de Infraestructura; Matías Salum, exsubsecretario; Daniel Bardagi, exdirector de Redes Sanitarias; Sebastián Rocca, exsubsecretario de Ambiente; Alejandra Toya, exdirectora de Impacto Ambiental; Luis Grión, exsubdirector de Mantenimiento de Redes; Gabriel Rustan, exsubdirector de la Edar; y Carlos Poncio, exsubdirector del Observatorio Ambiental, según informó La Voz.

Fundamentos

En los fundamentos del pedido, Senestrari menciona que, además de los altos niveles de contaminación, la situación se complica debido a la interjurisdiccionalidad del problema, ya que se encontraron sustancias contaminantes en la laguna Mar Chiquita, donde desemboca el río Suquía.

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Adicionalmente, un jefe del Laboratorio de la planta reportó en 2017 una serie de problemas técnicos graves, como sensores rotos, canales inoperativos, y bombas y generadores de energía fuera de servicio, lo que provocaba que la planta dejara de funcionar durante los cortes de luz y los líquidos sin tratar se vertieran directamente en el río.

La acción penal se originó en 2018 a partir de tres denuncias: una presentada por el Foro Ambiental Córdoba, principal impulsor de la causa, y las otras dos realizadas por vecinos de Chacra de la Merced y el actual funcionario municipal, Santiago Gómez.