Contrapunto en Córdoba: la defensora de Niñez rechaza bajar la edad de imputabilidad mientras el ministro de Seguridad la impulsa

Amelia López, defensora de la Niñez en Córdoba, confrontó la posición del ministro Juan Pablo Quinteros sobre el proyecto nacional que propone llevar la edad penal a los 13 años. La funcionaria se apoya en tratados internacionales y evidencia científica sobre inmadurez neurológica, mientras que Seguridad sostiene que "a los 13 años se puede comprender claramente la criminalidad de los hechos".

La posición de López se sostiene en una trayectoria de ocho años monitoreando el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza y en pronunciamientos públicos que datan de 2016, cuando ya se debatía una reforma similar.

La defensora argumenta que la iniciativa viola compromisos internacionales asumidos por Argentina. "Es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, a la observación general del comité, pero específicamente a la Observación General N° 24, a las Reglas de Beijing, a las Directrices de Riad, a las Reglas de Tokio y a toda la jurisprudencia que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", detalló López en diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Quinteros: "A los 13 años se puede comprender claramente la criminalidad de los hechos"

La postura de López no es aislada. En mayo de 2025, la defensora sumó su firma a un pronunciamiento conjunto emitido por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que calificó el dictamen como "inconstitucional y anticonvencional".

El documento, también firmado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la defensora nacional de Niñez, Marisa Graham, y otros defensores provinciales, advirtió que "de convertirse en ley, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos".

Más allá del marco jurídico, López fundamenta su rechazo en evidencia científica sobre el desarrollo adolescente. "Un niño, una niña, un adolescente no es un adulto, hay inmadurez neurológica, pero también hay inmadurez psicosocial, hay una altísima permeabilidad, hay influencias del entorno y tienen una mayor vulnerabilidad a toda estigmatización y criminalización temprana", afirmó.

En un documento de observaciones presentado en julio de 2024, López profundizó en los aspectos neurobiológicos: "El cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años. La corteza prefrontal, responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones, es una de las últimas zonas de maduración". La defensora señaló que factores como la alimentación, los vínculos y las drogas inciden directamente en este desarrollo.

En la vereda opuesta, el ministro Quinteros sostiene una posición diametralmente distinta. "Estoy convencido de que a los 13 también se puede comprender claramente la criminalidad de sus hechos", declaró el funcionario en el mismo programa radial.

Quinteros defendió la necesidad de una reforma integral. "Creo que hay que bajar la edad de imputabilidad y después hacer un tratamiento penal juvenil para ver cómo atendemos esas situaciones durante la resocialización o en todo caso el encierro de los menores que cometan delitos de extrema gravedad", planteó.

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Sin embargo, el ministro reconoció que la medida por sí sola no resuelve la problemática. "La baja de imputabilidad por sí sola no va a resolver un problema que es mucho más profundo. La pregunta que también nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que un menor no llegue a los 13, 14 años con un arma en la cintura dispuesto a todo", admitió.

López coincide en que el problema trasciende lo punitivo y advierte sobre las consecuencias de aplicar penas desproporcionadas. "El proyecto tiene tiempos de condena que se contradicen con los principios de excepcionalidad y brevedad del encierro que están planteados a nivel internacional. Es desproporcionado 20 años en relación a la etapa vital de un adolescente", cuestionó.

La defensora propone un enfoque alternativo centrado en la salud mental y el acompañamiento profesional. "Los adolescentes son muy vulnerables a la droga. Hoy tenemos una realidad que no existía cuando se aprobó la ley de salud mental. Hoy, además, los chicos después de la pandemia tienen problemas serios de depresión, tienen problemas serios de violencia, tienen problemas de socialización", describió.

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En ese sentido, López enfatiza la necesidad de recursos humanos especializados. "Lo que más se necesita cuando uno tiene que hacer medidas alternativas es precisamente el recurso humano, quién acompaña a esos adolescentes: profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos", enumeró.

La funcionaria advierte sobre las consecuencias a largo plazo de criminalizar tempranamente a los adolescentes. "No creemos que en realidad esto vaya a resolver el problema de la seguridad como pretenden hacernos ver. Es más, a largo plazo lo va a agudizar, le va a proporcionar más gastos al Estado", anticipó.

En su documento de 2024, López anticipaba esta argumentación: "No debe confundirse inimputabilidad con ausencia de culpabilidad, irresponsabilidad o inexistencia de consecuencias jurídicas por el ilícito cometido. Generar un sistema de responsabilidad penal juvenil diferenciado del de los adultos no es igual a impunidad".

La defensora propuso desarrollar "procesos de responsabilización acordes con la edad y el delito, a fin de atender también la situación de las víctimas", señalando que esto "supone por parte del Estado una inversión en políticas públicas más redituable en el mediano y largo plazo que las políticas punitivistas".

Consultada específicamente sobre la postura del ministro Quinteros, López fue respetuosa pero firme. "Tiene el deber de gobernar y responsabilidad de sus posiciones. Mi deber como defensora es mostrar la posición de lo que dice la normativa internacional", explicó.

López, la primera dirigente cordobesa en reunirse con León XIV

Amelia López se convirtió en la primera funcionaria del gobierno provincial de Córdoba en reunirse con el Papa León XIV, aunque no lo hizo en carácter oficial sino como secretaria general del movimiento de Políticos por la Unidad, una red internacional del Movimiento de los Focolares.

El encuentro se produjo en el marco del "Hackatón 2026", un programa de formación para jóvenes líderes políticos y sociales de cuatro continentes que organizó la Pontificia Comisión para América Latina bajo el proyecto "Una Humanidad, Un Planeta".

Aunque no fue al Vaticano en su condición de funcionaria provincial, López se convirtió en la primera dirigente política cordobesa en sostener un encuentro con el nuevo Sumo Pontífice León XIV. Anteriormente, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se había reunido con el Papa en el marco de su rol como cardenal.