Cuestionan el fallo que permite salir a un condenado por lesa humanidad: “Precedente peligroso”

La misma semana en que la Justicia Federal de Córdoba confirmó la identidad de doce personas desaparecidas cuyos restos yacían enterrados en el predio de La Perla, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) otorgó un permiso de salida extraordinario al expolicía Fernando Martín Rocha, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, para que asista al casamiento de su hija en el mes de abril. El fiscal federal Facundo Trotta rechazó la medida y advirtió que genera inseguridad jurídica y otorga privilegios sin sustento legal.

La autorización, firmada por el vocal Julián Falcucci, fija una ventana de exactamente una hora -de las 11:00 a las 12:00- y la supervisión quedará a cargo de la esposa del condenado, según publicó PERFIL CÓRDOBA este jueves. Rocha cumple su condena con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

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El fiscal federal Facundo Trotta, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba que también interviene en la causa de identificación de restos en La Perla, se opuso a la medida y la cuestionó en declaraciones a Punto a Punto Radio.

"Lo que nosotros sostenemos, y el mismo tribunal con otra integración ya sostuvo, es que no está contemplado un permiso de salida para que la persona condenada en prisión pueda ir a un casamiento", señaló Trotta. El fiscal recordó que la Ley de Ejecución Penal prevé salidas extraordinarias únicamente ante el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar directo.

"La única salida que prevé la ley es cuando al interno se le muere o hay una persona allegada familiar gravemente enferma. Entonces, por una cuestión del deber moral, ese es el único supuesto en el que se autoriza salir del lugar de prisión", explicó.

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El fallo representa un cambio de criterio respecto a resoluciones anteriores del mismo tribunal. En 2023, con la firma de la vocal Carolina Prado, el TOF1 rechazó el pedido del represor condenado Ricardo Lardone para asistir a la comunión de su nieta. Antes, también negó un pedido similar del represor Carlos Alberto Díaz para participar en un bautismo.

El propio vocal Falcucci reconoció en su resolución que el permiso se otorga "de manera excepcional" y aclaró que en otras oportunidades se concedieron autorizaciones semejantes para casamientos civiles, pero no para bautismos o entregas de títulos universitarios.

Para Trotta, el argumento central del fallo -que el artículo 168 de la ley de ejecución penal obliga a fomentar los vínculos del interno con su familia- no resiste el análisis. "Ese artículo implica que el Servicio Penitenciario tiene que permitir que la familia vaya a visitarlo, no que el interno salga a visitar a su familia, a pasear o a ir a un casamiento", sostuvo. Y agregó: "La persona que comete un crimen tiene que cumplir la pena en prisión, no puede estar saliendo a eventos”.

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La preocupación del fiscal trasciende el caso particular. "Si mañana viene una persona y me dice 'quiero ir al cumpleaños de mi prima o quiero ir al cumpleaños de mi hija, ¿por qué no me va a permitir, señor juez, si usted ya autorizó a Rocha a un casamiento?'. Es un precedente que realmente provoca este inconveniente", advirtió Trotta, quien también señaló que el fallo genera inequidad respecto a los presos comunes: "¿Por qué un condenado que está en Bouwer no podría ir al casamiento de su hija? Tiene un doble beneficio, parece, porque sabemos muy bien que la prisión domiciliaria es más morigerada que la prisión".

El fiscal reconoció los límites procesales para revertir la decisión: un recurso de casación llegaría después del casamiento, tornando abstracto el planteo. Sin embargo, anticipó que impulsará el recurso para que la Cámara de Casación fije un criterio claro sobre el punto.

Rocha fue condenado como coautor de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio doblemente calificado, entre otros delitos. La sentencia aún no se encuentra firme.

El contexto: víctimas que regresan, represores que salen

El contraste resulta elocuente. Mientras la Justicia recupera y nombra a sus muertos, algunos de los responsables de esas muertes negocian condiciones de cumplimiento de sus penas.

Mario Alberto Nívoli tenía 28 años, un hijo de dos años y una hija de cuatro meses cuando fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977, en su propia casa del barrio General Paz. Fue llevado al centro clandestino La Perla, donde fue asesinado y permaneció desaparecido durante 49 años. Su hija María Soledad recibió la confirmación de la identidad de los restos de su padre en los últimos días. "Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido", expresó. Y agregó: "Ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre."

Identificaron a Mario Alberto Nívoli, una de las víctimas halladas en las fosas cercanas a La Perla

Ramiro Sergio Bustillo, nacido el 7 de julio de 1950 en San Rafael, Mendoza, fue secuestrado en la vía pública de la ciudad de Córdoba el 18 de octubre de 1977. Pasó por el Departamento 2 de Informaciones de la Policía y luego por La Perla, donde fue torturado y asesinado. Al momento de su captura, su compañera cursaba el embarazo de su segundo hijo. Sus restos, hallados en la zona denominada Loma del Torito durante las excavaciones de 2025, fueron identificados esta semana.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba interviene en esa causa a través de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y el propio Facundo Trotta, el mismo fiscal que esta semana cuestionó el trato que recibe uno de los condenados por los crímenes de ese mismo sistema represivo.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó en 2016 a 38 represores a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 víctimas en la megacausa La Perla-La Ribera-D2. Fernando Martín Rocha es uno de ellos. La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978, y se estima que mantuvieron allí en cautiverio entre 2.200 y 2.500 personas, la mayoría aún desaparecidas.

Para Trotta, el contexto agrava la señal que envía el fallo. En la misma entrevista radial, el fiscal descartó tener información oficial sobre rumores de posibles liberaciones de represores, pero advirtió que cualquier indulto supondría incumplir los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos. "Sería un verdadero despropósito", concluyó.