Drones de seguridad: la UCR de De Loredo se mete en la disputa con Llaryora y se encolumna con Juez

La tensión política en Córdoba escaló con fuerza luego de que la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas, representada por Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, frenara una licitación cercana a los 7 millones de dólares para incorporar drones a la fuerza de seguridad.

A la pulseada entre el gobierno de Martín Llaryora y el juecismo ahora se sumó de lleno la Unión Cívica Radical que responde a Rodrigo de Loredo, que salió a respaldar el rol de control y a cuestionar con dureza la política de seguridad de la gestión peronista.

La decisión del Tribunal -donde la oposición juecista tiene mayoría- de bloquear la contratación de un sistema integral de 15 drones, equipamiento asociado y capacitación, desató un cruce frontal de acusaciones.

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El expediente contemplaba la creación de la División SVANT, con drones de alta complejidad tecnológica, software con inteligencia artificial y reconocimiento facial, formación para 40 agentes y vehículos móviles de control. La única oferente fue la UTE Vantac SAS–Huinoil SA.

Desde el oficialismo, la lectura fue inmediata: denunciaron una maniobra de “obstrucción política” que, según sostienen, deja a Córdoba “indefensa frente al delito”. Desde la oposición, la respuesta fue unificada: no se trata de trabar la gestión sino de ejercer control sobre una compra millonaria.

Embate radical

El jefe del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, fue uno de los primeros en salir al cruce del relato oficial y las críticas de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Miguel Siciliano (Vinculación Institucional). Con un discurso duro, apuntó directamente contra la gestión de Llaryora.

“Controlar no es hacer politiquería, es simplemente hacer lo que el pueblo te exige que hagas”, sostuvo el halcón opositor, y remarcó: “No se deja una provincia sin seguridad por no comprar unos drones”.

“Se la deja sin seguridad cuando no tenés una política clara, cuando se crea una Guardia Urbana y se compran móviles e indumentaria a sobreprecio, cuando todo se hace para la foto y la prensa, y cuando no se escuchó a quienes advertían que esto iba a fracasar”, completó.

Para el radicalismo, el intento del Gobierno de trasladar responsabilidades a los municipios por la seguridad y la reacción tardía en materia tecnológica evidencian improvisación. “Politiquería es querer echarle la culpa a la oposición de los desastres propios”, remató el radical aliado a De Loredo.

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En la misma línea, la legisladora Alejandra Ferrero rechazó el argumento de la obstrucción. “Control no es obstrucción. Este es un gobierno que no acostumbra a rendir cuentas y se resiste a ser controlado”, afirmó.

La parlamentaria deloredista recordó que la oposición ya advirtió irregularidades y denunció sobreprecios en otras compras. “Los controles se agudizan porque los conocemos. La falta de transparencia con la que se manejaron siempre hace que estemos alertas. Se trata de 6 millones de dólares de los cordobeses, y eso justifica la rigurosidad”, subrayó.

El conflicto también sumó la voz del liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda, que elevó el tono de la discusión y apuntó directamente contra el ministro de Seguridad.

“El ministro de (IN)Seguridad grita que la oposición pretende gobernar sin votos por ejercer el rol de control”, lanzó. Y afirmó: “A la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura nos votaron más de 800 mil cordobeses. La autocracia que pretenden imponer solo se explica por sus intereses corruptos”.

Obstrucción y campaña anticipada

Lejos de bajar el tono, el Ejecutivo provincial redobló la ofensiva. En una conferencia de prensa en la primera mañana de este lunes en el Centro Cívico, los ministros Quinteros y Siciliano cargaron con dureza contra la oposición.

Quinteros acusó a sus excompañeros juecistas de exceder sus funciones: “Detrás de argumentos falaces que no tienen nada que ver con la legalidad, intentan que Córdoba quede indefensa a merced de los delincuentes. Nosotros estamos absolutamente convencidos del proceso que hicimos”.

“Querer obstruir una gestión de gobierno en materia de seguridad es de una miseria alarmante", cruzó duro y completó con un ácido comentario: "Lamento que el Frente Cívico haya comenzado la campaña con tanta anticipación”.

El ministro negó irregularidades y rechazó las denuncias de corrupción de Luis Juez. “No hay ningún hecho reprochable desde el punto de vista legal ni ético. Los que pierden son los vecinos que quieren salir sin miedo a la calle”, afirmó, y provocó: “En este caso, los que más festejan son las organizaciones criminales que operan en Córdoba”.

Siciliano, por su parte, insistió en diferenciar control de bloqueo político. “Control, sí. Obstruir a un gobierno, no”, enfatizó. Y apuntó contra una supuesta doble vara de los juecistas aliados al gobierno de Javier Milei.

“Le pedimos a la oposición que mire con la misma rigurosidad al gobierno libertario en Buenos Aires, donde no observan compras directas. Acá hay una licitación con un expediente administrativamente correcto”, aseveró.

Por último, Siciliano apeló a la razonabilidad, pero descargó munición pesada: “No se puede, por político politiquería, frenar la acción de un gobierno e ir en contra de los intereses de la sociedad”, fustigó.

Con la UCR de De Loredo alineada con Juez en la postura de controlar al poder del PJ, la discusión por los drones se transformó en algo más que un expediente administrativo: se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa política y el posicionamiento rumbo al próximo turno electoral.