El TSJ rechazó el recurso de Adela Arning y la revocatoria sigue en marcha

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó un recurso extraordinario presentado por la intendenta de Mendiolaza, Adela Mercedes Arning, para frenar el proceso de revocatoria de su mandato. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial confirmó el criterio de la Cámara Contencioso-Administrativa y dispuso que el trámite continúe ante la Junta Electoral Municipal, que deberá revisar si se cumplen las exigencias legales.

A principios de año, un grupo de vecinos comenzó a reunir firmas para impulsar la remoción anticipada de la intendenta. El reclamo estaría relacionado con el aumento del costo de los servicios municipales. Arning había cuestionado la validez de las firmas recolectadas y buscó detener el procedimiento por la vía judicial.

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La mayoría del tribunal consideró que la presentación de la defensa de Arning “no cumplía con las condiciones técnicas necesarias” para habilitar la instancia extraordinaria de casación. Además, descartó que la Cámara Contencioso-Administrativa hubiera incurrido en arbitrariedad o falta de fundamentación.

El máximo tribunal también rechazó el planteo de una supuesta vulneración del derecho de defensa de la intendenta. Explicó que el procedimiento todavía se encontraba en una etapa preliminar de verificación de los requisitos legales y que, por lo tanto, la revocatoria aún no había sido declarada formalmente promovida.

La resolución no implica la destitución de Arning ni supone que la convocatoria a un referéndum sea automática. La Junta Electoral Municipal deberá retomar el trámite y determinar si se cumplen las condiciones establecidas por la ley para avanzar con el mecanismo.

El tiempo y la sucesión

Arning tiene mandato hasta el 10 de diciembre, por lo que el calendario electoral y administrativo condiciona las posibilidades de que el procedimiento concluya antes de esa fecha. En caso de producirse una eventual salida anticipada, el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Medrano, debería reemplazarla.

La administración provincial tampoco avaló el pedido de los vecinos. En su momento, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, expresó su desacuerdo con “judicializar la política” y sostuvo que esa situación “le hace mucho daño a la institucionalidad”.

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Por ahora, la decisión del TSJ deja abierto el procedimiento, pero no define el futuro político de la intendenta. El próximo paso dependerá de la revisión que realice la Junta Electoral Municipal sobre las firmas y los demás requisitos legales para promover la revocatoria.