Oscar González perdió de local, en su territorio. Allí controló durante décadas estructuras partidarias y supo a quién llamar. En Villa Dolores lo declaró culpable el juez Santiago Camogli, por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Tres años de prisión condicional. Ocho de inhabilitación para conducir. Ya sin lugar en la política pública.
La pena es benigna con el poderoso. Lo es para las familias de las víctimas y para buena parte de la sociedad. Quedó por debajo del pedido de la fiscal Analía Gallarato: tres años y diez meses de prisión efectiva. Quedó muy lejos de la querella, que reclamó diez años por homicidio con dolo eventual. González no irá preso por esta causa. Deberá fijar residencia, presentarse cada dos meses ante el Tribunal de Ejecución y no cometer nuevos delitos.
Pero es una condena. Y no es menor. Un juez de la Justicia provincial, en el corazón del territorio del imputado, lo declaró autor de un hecho que mató a una mujer. Dejó además a dos adolescentes con secuelas de por vida. La defensa pedía la absolución. No la obtuvo. La sentencia aún no está firme, pero la mancha ya está en el prontuario.
Oscar González declarado homicida sin prisión: por qué el fallo dejó disconforme a todos
El fallo es tibio y con clemencia para el condenado. El reclamo de las familias es legítimo y sigue en pie. Alexa Miranda, que quedó parapléjica, lo dijo sin rodeos: “Yo voy a seguir acá en esta silla. Él va a quedar libre”. Su padre rechazó el término “tragedia”: “Fue un crimen vial”. La querella habló de “un círculo de impunidad”. Ninguna pena repara lo irreparable. Tampoco esta.
Hay datos que alimentan esa sensación de injusticia. El juez fijó indemnizaciones por más de $2.010 millones, a cargo de González y de la Provincia, muy por debajo de los más de $11.000 millones reclamados. Cargó a las víctimas con el 80, el 50 y el 70 por ciento de las costas de sus demandas civiles. No se ejecutan, porque litigan sin gastos. Criticó los alegatos de los abogados querellantes y giró sus antecedentes al Tribunal de Disciplina. Y consideró que el sobrepaso previo del Renault Sandero tuvo peso en el choque, aunque no exime de responsabilidad al condenado.
En la calle ya lo llaman asesino. Así lo gritaron a la salida de Tribunales. El fallo no usa esa palabra. Lo condena por homicidio culposo: por imprudencia, no por intención. Pero la distancia entre la figura legal y la percepción social es justamente el problema político de González. Conducía un BMW de alta gama, judicializado y cedido a la Legislatura que él presidía en forma provisoria. Los trámites se hicieron, según los responsables, dentro de la norma. Eso es lo que irrita: que el privilegio sea legal.
Oscar González y un fallo salomónico: culpable, pero sin cárcel
El Gobierno de Córdoba lo asume como un alivio. La postura es que el tema termina a pocos meses de la elección. No opina sobre si la pena fue justa. Sí valora que el juicio y la condena se produjeron en su propio territorio. Sostiene que González quedó afuera de su estructura, que no es de la generación del gobernador Martín Llaryora y que ya no responde ni a los intendentes de su zona: “Si no hubiera ocurrido el siniestro vial, tampoco estaría en el gobierno”. Para el oficialismo, un tema forzado daña, pero no tumba.
La oposición no lo ve así. Luis Juez escribió: “La vergüenza y la impunidad hoy tienen nombre: Oscar González”. Gabriel Bornoroni habló de un sistema de poder que cuida a lo peor del PJ. Rodrigo de Loredo apuntó a los privilegios de los caciques peronistas. La UCR pidió esclarecer los posibles encubrimientos y las responsabilidades políticas. El movimiento es evidente: pasar de la culpa de González a la responsabilidad del oficialismo. El caso se suma así a otros expedientes que la oposición acumula para instalar un fin de ciclo.
El camino judicial sigue. Los fundamentos se leerán el 12 de noviembre. La querella insistirá con el dolo eventual, pero enfrenta un obstáculo: el Tribunal Superior exige probar que el conductor aceptó o fue indiferente al resultado. Es una tesis difícil de demostrar. En paralelo, la causa federal por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito continúa abierta, aunque lenta.
González conservará contactos. Quizás conserve influencia en Tribunales y en su zona. Lo que perdió es el relato. Ya no será el dirigente que pudo gestionar. Será el condenado por el homicidio en las Altas Cumbres. Para la política, esa etiqueta es definitiva. Para las familias, la sentencia queda corta. Entre ambas verdades queda el fallo: una condena que llegó de local y que no lo deja libre de culpa, aunque lo deje en libertad.
