Escándalo por concursos en el Poder Judicial de Córdoba: el gremio pide acelerar la investigación

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) reclama mayor celeridad en la investigación penal contra el defensor público, Eduardo Caeiro, sospechado de favorecer a cuatro empleadas en el concurso para designar funcionarios de las asesorías letradas.

Así lo consignó a Perfil CÓRDOBA Agostina Noccioli, secretaria general adjunta, desde donde nació la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, además, ordenó la apertura de un sumario administrativo. El escándalo estalló en noviembre del año pasado. 

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, al cual fue asignada la causa, promovió en abril de este año la imputación a Caeiro y las cuatro empleadas presuntamente beneficiadas. La resolución describe el sorpresivo rendimiento de esas concursantes con relación al resto y los vínculos que tenían con el magistrado denunciado.

Por tener fueros, la investigación debe hacerla un juez. Desde los primeros días de abril de este año, la causa quedó a cargo de José Milton Peralta. Había fijado fecha de indagatorias los días previos a la feria judicial invernal, pero el trámite aún no concluyó.

Del avance del expediente penal depende la actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde están esperando que el juez Peralta levante el secreto de sumario para iniciar formalmente el proceso de Jury, que arranca desde la decisión sobre la admisibilidad de la denuncia.

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“Esperamos que el juez avance porque ya hubo un tiempo suficiente para poder indagar sobre las posibles comisiones de delito o el mal desempeño por parte de este asesor”, expresó Noccioli. 

“Estamos por empezar una nueva etapa de concursos para cargos jerárquicos en el resto de los fueros, -agregó- nos interesa que se desarrolle con normalidad y transparencia”.

La dirigente sindical expresó el malestar en la planta de empleados judiciales “por la sensación de desigualdad e injusticia”. “Es difícil porque hay cada vez menos vacantes, el examen es más exigente, mientras permanece esta situación a las sombras”, subrayó al tiempo que ratificó la defensa del sistema de concursos para acceder y ascender en la carrera judicial.

¿Qué se investiga?

La imputación se basa en la intervención de Caeiro como miembro del Tribunal Examinador en un concurso para designar prosecretarios de las defensorías públicas en el Poder Judicial. En ese proceso, habría facilitado el contenido del examen escrito a cuatro trabajadoras que también fueron imputadas. Ellas son: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini, quienes también están imputadas.

Una de ellas habría comentado que tuvo acceso al contenido del examen, lo que develó la trama que la Justicia intenta develar.

A partir de ahí se abrieron una serie de investigaciones administrativas y la penal que fue derivada a la Fiscalía de Gavier. La situación de Eduardo Caeiro se complica cada vez más. Su abogado defensor es Miguel Ortiz Pellegrini.

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Nueva etapa de concursos

Noccioli señaló que en breve se abrirá el proceso para la designación de funcionarios, secretarios y prosecretarios en los fueros Civil, Familia, Laboral, Violencia Familiar y de Género y Niñez y Contencioso Administrativo.