Gvozdenovich pidió cerrar los Centros Cívicos y tensó la disputa con Llaryora por el tamaño del Estado

El debate por el achique del Estado provincial sumó un nuevo capítulo en la Legislatura de Córdoba, donde la oposición radical busca llevar la discusión del plano discursivo al terreno legislativo. Con un proyecto de ley presentado en las últimas horas, el jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, puso en el centro de la escena a los Centros Cívicos del interior y pidió directamente su cierre, en un movimiento que apunta tanto a la estructura territorial del oficialismo como a la narrativa de eficiencia del gasto público.

La iniciativa está dirigida al Poder Ejecutivo que conduce Martín Llaryora y se apoya en un argumento que el propio gobierno viene esgrimiendo: la digitalización de los servicios. Según el legislador radical, la generalización del sistema Ciudadano Digital (CIDI) volvió “inútiles” a estas dependencias físicas, ya que —sostiene— la totalidad de los trámites que allí se realizan pueden gestionarse de manera online.

Pero detrás del planteo técnico se esconde una crítica política de mayor alcance. Gvozdenovich, alineado con Rodrigo de Loredo, apunta a lo que considera uno de los engranajes del poder territorial del peronismo cordobés: la red de Centros Cívicos y delegaciones en el interior. “Son oficinas que solo cumplen la función de ser un aguantadero político y malgastar la plata de los cordobeses”, lanzó el dirigente boina blanca elevando el tono de la discusión.

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El cruce no es casual. Días atrás, desde el oficialismo justificaron el cierre o reducción de cajeros automáticos y sucursales de Bancor bajo el argumento de la digitalización bancaria. Sobre ese punto, el radical construyó su contraofensiva: si “todo el mundo está digitalizado”, replicó, el mismo criterio debería aplicarse a las estructuras estatales. “Bajo ese argumento, ahora le pedimos que cierren los centros cívicos”, planteó, buscando exponer —según su mirada— una inconsistencia de la administración llaryorista.

En términos presupuestarios, el proyecto pone cifras sobre la mesa: estima que la Provincia destina cerca de 2.000 millones de pesos a estos programas. La propuesta establece la caducidad de los Centros Cívicos y de las delegaciones del interior, y ordena al Ministerio de Economía y Gestión Pública dar de baja las partidas correspondientes. Esos fondos, junto con los bienes muebles e inmuebles, serían redireccionados al Ministerio de Educación para reforzar el financiamiento del sistema educativo, con foco en una mejora salarial docente en el marco de la Ley Provincial 9870.

La red de dependencias alcanzadas incluye Centros Cívicos en ciudades como Laboulaye, Río Cuarto, Villa Dolores, Río Tercero, Bell Ville, Villa María, Marcos Juárez y San Francisco, además de delegaciones en La Carlota, Corral de Bustos, Monte Buey, Mina Clavero, Río Ceballos, Colonia Caroya, Villa del Totoral y Cruz del Eje. Se trata, en los hechos, de una estructura extendida en el territorio que funciona como ventanilla de servicios provinciales, pero también como "anclaje político", según el cuestionamiento opositor.

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En los fundamentos del proyecto, Gvozdenovich profundiza la embestida contra el oficialismo y habla del “malgasto” sostenido durante “27 años de gestión”, en alusión a la continuidad del peronismo en el poder provincial. Según su visión, la proliferación de organismos “ociosos” responde más a la necesidad de contener cuadros políticos que a la prestación efectiva de servicios.

De este modo, bajo el paraguas del “achique del Estado”, la UCR intenta instalar una discusión incómoda para el llaryorismo: no solo sobre la eficiencia del gasto, sino sobre el entramado territorial que sostiene al oficialismo en el interior. Una pulseada que, más allá de su viabilidad legislativa, anticipa que la disputa por el tamaño y el rol del Estado será uno de los ejes políticos de la agenda cordobesa de cara al 2027.