Judiciales rechazaron la oferta salarial del TSJ y vuelven al paro

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) rechazó este miércoles la propuesta salarial formalizada el lunes pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia. La votación salió 513 votos en contra de la oferta a 228 proclives a aceptarla.

En un comunicado el gremio informó que "la Comisión Directiva sostuvo la moción de aceptar la oferta, entendiendo que, aun siendo insuficiente, representaba un paso en la defensa del Acuerdo de Equiparación 2025 y permitía continuar un proceso de recuperación salarial por encima de la pauta fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Sin embargo esa postura quedó en minoría. Tras el rechazo de la propuesta, la Asamblea continuó debatiendo los pasos a seguir.

Debate caliente y gran participación

Las agrupaciones Alternativa 16N y La Judicial presentaron la moción de reabrir la mesa y dar continuidad a la negociación hasta el 21 de julio, solicitando al Tribunal Superior una mejora de la propuesta rechazada, con suspensión recíproca de descuentos y medidas de fuerza. De no existir una respuesta satisfactoria, se realizaría un paro de 60 horas a partir del mediodía del miércoles 22 de julio, con movilización, y un segundo paro de 60 horas con movilización durante la semana siguiente.

Delegados de tribunales del interior y trabajadores de Unidades Judiciales (UJ) y de Policía Científica del Ministerio Público Fiscal, en cambio,  sostuvieron que debía respetarse lo dispuesto la asamblea anterior -del 17 de junio- y volver de inmediato al paro. 

La primera opción obtuvo 115 votos, correspondientes a los presentes y los votos de los mandatos amplios de las sedes de Cosquín y Cura Brochero.

La segunda obtuvo una mayoría de votos, 235. Correspondió a delegados presentes y mandatos de las sedes de Río Tercero, Jesús María y Villa María.

El sector más numeroso y con una posición férrea es el de los auxiliares que trabajan en las Unidades Judiciales (UJ), la puerta de ingreso del ciudadano al sistema judicial, donde más se sienten las medidas. Es tal la disconformidad de los trabajadores de ese sector y del interior que impusieron una posición que prolonga el conflicto a la espera de una oferta superadora del TSJ, que  depende de los fondos que habilita el gobierno. 

Jueves 2 y viernes 3 de julio habrá paro en todos los tribunales provinciales. Después de la feria se decidirá la continuidad del plan de lucha.

El TSJ presentó la oferta salarial a los judiciales basada en adelantar las cuotas de la equiparación

Un extenso conflicto

Las protestas y reclamos salariales comenzaron en marzo de este año. Recién el 17 de junio el Ministerio de Justicia y Trabajo abrió una mesa de negociación y convocó al gremio y al Tribunal Superior. 

Finalmente, el lunes último el TSJ puso sobre la mesa una oferta que los trabajadores consideraron insuficiente. Consiste en adelantar las cuotas de la equiparación salarial al 80% con los trabajadores de la Justicia Federal. El año pasado el gremio logró esa conquista, pero a completar en tramos hasta 2028 para la mayoría de las categorías del escalafón.

Lo único que ofreció el gobierno es adelantar esas cuotas y un bono extraordinario de $140.000 por única vez para la categoría más baja.

Lo que complicó aún más el conflicto este año fueron los incrementos de los aportes que les retienen a todos los trabajadores y también a funcionarios y magistrados para la Caja de Jubilaciones. Subieron del 6% al 8%. Además, por la situación financiera de Apross, también aumentó el monto que les retienen del sueldo un punto porcentual. Entre ambos descuentos queda neutralizada la equiparación con los judiciales federales y eso se siente en el bolsillo. Los aumentos que otorga la Corte Suprema al personal y que se trasladan también en los tribunales de Córdoba no logran compensar las quitas.

Por esa razón también se sumaron a las protestas -con modalidad propia- los funcionarios y magistrados. Centenares iniciaron reclamos administrativos alegando que los descuentos aplicados vulneran la intangibilidad de los salarios.