Juez acuso a Passerini de pagar el 311% más por el alquiler de colectivos para el transporte urbano

El senador nacional Luis Juez presentó una denuncia penal por defraudación a la administración pública municipal contra el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y los directivos de la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE). La acusación se centra en un contrato de alquiler de colectivos firmado en marzo de 2024 con la empresa ERSA URBANO S.A., por el que el municipio habría pagado un sobreprecio que, en un año, alcanzó los $7.094 millones.

"No hay transporte porque se robaron la plata", afirmó Juez ante los medios, al salir de formular la presentación ante la fiscalía. Según las estimaciones, se pagó un alquiler del 311% superior a lo que se pacta en el mercado.

La presentación judicial fue radicada ante el Fiscal de Instrucción de Córdoba, que deberá determinar si promueve la acción penal y avanza con las diligencias probatorias solicitadas. Los denunciados son el intendente Passerini, el presidente de TAMSE Ramírez Rujinsky, su director Secondi, y quienes el fiscal entienda que participaron en la maniobra.

El contrato y el sobreprecio

Según la denuncia presentada ante el Fiscal de Instrucción, el 1 de marzo de 2024 TAMSE suscribió un contrato de locación de 350 colectivos con ERSA URBANO S.A., empresa domiciliada en la provincia de Corrientes. El precio pactado fue de $720 millones mensuales más IVA, lo que equivale a $871,2 millones por mes.

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Dividido entre las 350 unidades, cada colectivo costó al municipio $2.489.142 mensuales. Sin embargo, según consigna la denuncia, el valor de mercado para ese tipo de locación rondaba en promedio los $800.000 por unidad.

La diferencia entre el precio abonado y el valor de mercado habría sido de $591.200.001 mensuales. Proyectada a los doce meses de vigencia del contrato —que venció el 28 de febrero de 2025—, el sobreprecio total asciende a $7.094.400.000, equivalente a unos 6 millones de dólares según la cotización de referencia utilizada por el denunciante.

El contrato fue firmado por el presidente de TAMSE, Eduardo Ramírez Rujinsky, y el director Julio César Secondi. La Municipalidad de Córdoba se constituyó como fiadora de las obligaciones asumidas por la empresa estatal, con la firma del propio intendente Passerini.

150 colectivos que nunca circularon

La denuncia agrega una segunda dimensión al caso. De las 350 unidades alquiladas, solo 200 habrían funcionado de manera irregular y temporaria durante el período comprendido entre abril y diciembre de 2024. Las 150 restantes eran, según la presentación judicial, obsoletas e incapaces de circular.

"De las 350 unidades que alquiló la municipalidad, 150 eran absolutamente obsoletas, no podían funcionar", señaló Juez, quien afirmó que esa información está acreditada con el control de flota del año 2024 aportado como prueba.

Según el documento presentado ante la fiscalía, a partir del 1 de marzo de 2025 —al vencer el contrato— las 350 unidades tuvieron distintos destinos: algunas pasaron a integrar la flota de FAM, empresa con autorización provisoria para operar el transporte urbano; otras retornaron a ERSA URBANO; y la gran mayoría quedó como chatarra en la colectora sur de la Avenida Circunvalación, entre las avenidas Valparaíso y Vélez Sarsfield.

"Tenemos el contrato, el contrato con la firma del intendente. Lo hemos escaneado, lo hemos puesto ahí en el banner para que ustedes puedan ver que no estamos diciendo algo que no está", afirmó Juez frente a los periodistas.

Los concejales de su espacio político anunciaron que se constituirán en querellantes particulares una vez que el fiscal promueva la acción penal.