Juicio a Oscar González: protestan para que la Provincia retire el escrito que culpa a Alejandra Bengoa
A seis días del veredicto en Villa Dolores, un grupo de manifestantes reclama en el Ministerio de Justicia para que el Gobierno de Córdoba retire la contestación de demanda con la que atribuye el choque a Alejandra Bengoa. Gustavo Álvarez, padre afín de Alexa Miranda, advierte que sin la asistencia médica garantizada la joven recibe "una condena a muerte".
Un grupo de manifestantes se concentró este miércoles frente al Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba para exigir que el Gobierno provincial retire la contestación de demanda civil en el juicio por la tragedia de las Altas Cumbres. En ese escrito, la Provincia pidió rechazar los reclamos de Alexa Miranda y de las hermanas Marina y Vera Szulewicz. La protesta ocurre a seis días del veredicto que el juez Santiago Camogli dará a conocer el 20 de octubre, en Villa Dolores.
Gustavo Álvarez, padre afín de Alexa, dijo a PERFIL CÓRDOBA que el escrito es parcial y falso, y lo calificó de "alegato mentiroso". Sostuvo que el Estado se contradice y agregó que lo único que persigue es "darle impunidad a Oscar González".
La contradicción que señala Álvarez es la que también plantean los abogados de las víctimas. Según las demandas, la Provincia asiste a Alexa desde el siniestro. Pero, al responder las acciones civiles, negó responsabilidad y atribuyó el choque a Bengoa, la docente que murió en el hecho.
La Provincia se defendió con la pericia accidentológica oficial del ingeniero Ramiro Ramón Ojeda. Según su presentación, el Renault Sandero que conducía Bengoa sobrepasó a un camión sobre doble línea amarilla continua e invadió el carril del BMW X1 de González. Con ese argumento invocó el hecho de un tercero para pedir el rechazo de las demandas, que suman 11.776 millones de pesos.
De modo subsidiario, propuso un reparto de responsabilidad del 75 % para Bengoa y del 25 % para González. También discutió los rubros reclamados y pidió que el tribunal evalúe la conducta procesal de los abogados de las actoras. Aclaró que no pretende sanciones contra las jóvenes.
La mayor demanda es la de Alexa, por 10.425 millones de pesos. Ella quedó parapléjica y, según su querella, necesitará asistencia permanente de por vida. Álvarez lo planteó en términos de supervivencia. Sin los insumos y las necesidades médicas garantizados, dijo, la joven recibe "no una condena de 3 años, 10 meses, como pidió la fiscal, sino una condena a muerte".
El abogado Germán Romero Marcón había señalado que Alexa necesita dos enfermeras que se alternan durante las 24 horas. Para la querella, la discusión económica gira en torno a un punto: "Alguien se tiene que hacer responsable por el resto de su vida".
Además del retiro del escrito, los manifestantes piden otra cosa. "Que el gobierno se disculpe ante las víctimas", dijo Álvarez. Según explicó, consideran que el escrito ofende los derechos humanos de las víctimas y la memoria de Alejandra Bengoa.
El reclamo se suma a una denuncia que las víctimas presentaron ante la Justicia Federal, en la causa 28772/2023. Allí piden que se investigue quién costea desde hace casi cuatro años su alojamiento y sus tratamientos, ya que, según el escrito, parte de los pagos habría salido de cheques de comercios privados.
También solicitan información sobre el patrimonio de González, quien el 3 de agosto dijo ante el tribunal que no tiene bienes a su nombre. Esa causa investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según medios locales, la Cámara Federal confirmó un embargo preventivo de más de 424 mil dólares sobre bienes suyos y de sus hijos.
En el juicio penal, la fiscal Analía Gallaratto acusó a González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, y pidió 3 años y 10 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.
Las querellas reclamaron 10 años por homicidio simple con dolo eventual y, de modo subsidiario, 6 años por culpa temeraria. La defensa pidió la absolución. Su abogado, Oscar Gastón Bazán, también cuestionó los montos y calculó que, con intereses, los reclamos rondarían los 78.500 millones de pesos. Esa cifra no fue fijada por la Justicia. Será Camogli quien decida sobre el aspecto penal y las cuestiones civiles.
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