La Provincia de Córdoba pidió que se rechacen las tres demandas civiles que se tramitan dentro del juicio penal contra Oscar González, por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la ruta provincial E-34 (Camino de las Altas Cumbres), a la altura del paraje Niña Paula. En el siniestro murió Alejandra Bengoa y sus pasajeras, entonces adolescentes, resultaron gravemente heridas. El veredicto está previsto para el 20 de octubre.
Alexa Miranda Gonzales y las hermanas Marina y Vera Szulewicz se presentaron como actoras civiles en el juicio que se lleva adelante en Villa Dolores. Sus demandas, dirigidas contra el exlegislador y contra la Provincia, suman $11.776.270.204,74, unos 7,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial del 8 de septiembre:
- • Alexa Miranda Gonzales: $10.425.915.718,10. Su querella sostiene que quedó parapléjica y que necesitará asistencia permanente de por vida.
- • Marina Szulewicz: $976.009.306,78.
- • Vera Szulewicz: $374.345.179,86.
Los abogados querellantes explicaron que la Provincia figura como demandada porque González dijo en el juicio que no tiene bienes. Eso abre la posibilidad de que deban responder recursos públicos.
El doble rol de la Provincia y quién la representa
En el juicio civil por Óscar Félix González, la Provincia tiene un doble rol: es demandada y, además, está citada en garantía, junto con la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La representan los apoderados Mariano Andruet y Gustavo Daniel Laucirica, con el patrocinio letrado de Miguel Torres.
Según se informó a este medio, ninguno de ellos está autorizado a hacer declaraciones a la prensa. La fuente a consultar es el procurador.
La versión de la Provincia sobre el choque
A través de la Procuración del Tesoro, el Estado provincial basó su defensa en la pericia accidentológica oficial del ingeniero Ramiro Ramón Ojeda. Según la presentación, las cámaras de un comercio registraron la secuencia previa al impacto: el Renault Sandero que conducía Bengoa sobrepasó a un camión en un tramo con doble línea amarilla continua.
La maniobra habría comenzado a la altura del cartel de Niña Paula, a 236 metros del punto de impacto. De acuerdo con los cálculos de la pericia, un vehículo en esas condiciones necesitaba unos 260,29 metros para completar el sobrepaso y volver a su carril. Con esa reconstrucción, la Provincia afirma que el Sandero invadió el carril del BMW X1 de González, que realizó una maniobra evasiva hacia la izquierda.
Sobre esa base invoca el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad y pide el rechazo de las demandas. Si el Tribunal considerara que el conductor del BMW tuvo algún grado de responsabilidad, propone subsidiariamente un reparto del 25% para González y del 75% para Bengoa. Esa reconstrucción deberá ser evaluada por el Tribunal junto con el resto de la prueba.
Los cuestionamientos a los montos
La Provincia también discute los rubros reclamados: incapacidad, daño no patrimonial, tratamientos y gastos futuros. En la demanda de Alexa, sostiene que cinco rubros, que según su presentación representan el 91,8% del total reclamado, se calcularon tomando gastos futuros como capital nominal, sin aplicar las fórmulas de capitalización que considera correspondientes. Para el caso de que se le atribuya responsabilidad, ofrece cálculos alternativos: $77.704.572 por incapacidad vital, hasta $100 millones por daño no patrimonial y $226.052.920,65 por asistencia.
En los reclamos de Marina y Vera Szulewicz, cuestiona los porcentajes de incapacidad, el cálculo de las consecuencias económicas de la muerte de Bengoa, los tratamientos futuros y los gastos de traslado.
Pedido de evaluar la conducta procesal
La Provincia también pidió que el Tribunal analice la actuación de los abogados de las demandantes. Invoca los deberes de buena fe, lealtad y probidad procesal, y cita el artículo 83 del Código Procesal Civil y Comercial y la Ley 5805. Sostiene que, cuando se presentaron las demandas, buena parte de la prueba ya estaba en el expediente, y que aun así se usaron parámetros distintos de los que surgían de pericias, informes y testimonios.
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Menciona los porcentajes de incapacidad, la duración y el valor de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, los parámetros de edad y los gastos de traslado. El Estado aclaró que no pretende sanciones contra las jóvenes y que su planteo apunta solo a los profesionales que redactaron y firmaron las presentaciones.
La postura de la defensa de González
La defensa del exlegislador fue más dura. Calculó que, con intereses, los reclamos rondarían los $78.500 millones, planteó "pluspetición inexcusable" y pidió sanciones procesales. Esa suma no es una indemnización fijada por la Justicia, sino una actualización cuestionada dentro del expediente. Todo se resolverá en la sentencia, prevista para el 20 de octubre.
