La Fiscalía de Cámara ofreció juicios abreviados a los acusados de la denominada mega causa de Bomberos, una investigación que comenzó hace casi tres años y que involucra a funcionarios policiales, comerciantes, gestores y personas vinculadas a la Municipalidad de Córdoba. El fiscal Marcelo Hidalgo explicó que la decisión busca avanzar hacia una resolución dentro de los plazos disponibles, mientras la Cámara ya fijó audiencias para noviembre y diciembre.
Hidalgo habló sobre la causa en Punto a Punto Radio, donde aclaró que todas las personas mencionadas conservan su principio de inocencia y que sus referencias corresponden a los cargos que les atribuye la acusación. “Esto empezó hace casi tres años, esos tres años se van a cumplir con una persona privada de la libertad, en realidad dos”, señaló Hidalgo. En ese contexto, sostuvo que la Fiscalía procura utilizar los mecanismos que contempla la ley para alcanzar acuerdos de juicio abreviado.
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Según explicó, este procedimiento permite que "las partes acuerden un máximo de pena y que el acusado acepte los cargos de manera libre y voluntaria". Además, remarcó que el mecanismo cuenta con respaldo legal y jurisprudencial. La causa tiene diez personas acusadas en este segmento de la investigación. Hidalgo indicó que "otras personas ya acordaron juicios abreviados durante la investigación penal preparatoria y que dos más se encuentran próximas a realizar otro acuerdo".
Cómo funcionaba la maniobra
La investigación comenzó a partir de una "denuncia que se hace donde se detecta que se presentan certificados de bomberos truchos”, explicó Hidalgo. A partir de esa denuncia, la investigación avanzó sobre distintos actores que, según la acusación, intervenían en diferentes etapas de la maniobra.
Por un lado, la Fiscalía atribuye participación a tres jefes que cumplían funciones en la Dirección de Bomberos, entre ellos Folli, Sosa y Zárate. Hidalgo señaló que dentro de esa estructura funcionaba una suerte de oficina paralela desde donde se gestionaban habilitaciones para boliches, supermercados, clínicas, hospitales y concesionarios.
Del otro lado aparecían comerciantes que buscaban reducir los costos que implicaba cumplir con las exigencias de infraestructura contra incendios. “Había desde profesionales de higiene y seguridad, ingenieros civiles, hasta gestores, que eran en definitiva quienes cobraban adicionalmente por certificar cosas que no existían”, sostuvo el fiscal. Entre los elementos que, según la investigación, se certificaban sin existir mencionó cortafuegos, matafuegos y capacitaciones en incendios.
La investigación también alcanzó a personas que integraban la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Córdoba. Hidalgo explicó que, según la acusación, allí se producía otro tramo de la maniobra. “Terminaban falsificando también y alterando informáticamente la documentación que terminaba habilitando los negocios”, afirmó.
El fiscal resumió la estructura investigada como una cadena que comenzaba en "los negocios y los comercios que tienen, supermercados, boliche, depósitos, centros médicos, concesionarios de artes que buscan un camino más corto”, para obtener las habilitaciones, continuaba con gestores y profesionales y terminaba con la documentación municipal. explicó.
Qué puede pasar ahora
Hidalgo señaló que la Fiscalía ya analiza distintas alternativas para avanzar con el expediente. La Cámara Tercera del Crimen "fijó audiencias para noviembre y diciembre", mientras todavía quedan medidas de prueba por concretar. Uno de los acusados también enfrenta una imputación vinculada a hechos de violencia de género. En ese punto, Hidalgo sostuvo que la Fiscalía creyó que sería razonable que "se respete a la víctima, que no sea expuesta a un proceso oral y público que no corresponde.”
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En paralelo, la Fiscalía rechazó pedidos de suspensión del juicio a prueba sin una salida alternativa realizados por algunos comerciantes. Hidalgo explicó que la posición de la acusación busca evitar que quienes presuntamente recurrieron a certificados falsos puedan cerrar el proceso sin consecuencias adicionales. “Usted tiene que ser inhabilitado para ejercer el comercio, esto tiene que quedar en un registro público, y esto debe conocerse y debe saberse”, afirmó.
La investigación continúa con distintas instancias pendientes y, si no prosperan los acuerdos, el debate podría comenzar el 2 de noviembre en la Cámara Tercera del Crimen, según se informó al cierre de la entrevista.
Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Es Por Acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.
