La discusión por el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó una nueva voz crítica. La abogada cordobesa Marta Lastra, quien lleva adelante amparos colectivos contra el Estado nacional por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuestionó el nuevo proyecto impulsado por el oficialismo y puso en duda el discurso de “transparencia” y “eficiencia” que sostiene la iniciativa.
El Gobierno presentó en septiembre una nueva propuesta para reemplazar el régimen de emergencia y establecer un esquema permanente para el sector. El texto plantea como objetivos “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia” de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, además de garantizar la continuidad de las prestaciones.
En ese contexto, Lastra cuestionó la oportunidad y el contenido de la iniciativa oficial. “El proyecto que pretende ser superador, propuesto por la gestión de Milei —que recién ahora descubre la obligación de cuidar a la familia con discapacidad— habla de transparencia”, planteó la abogada. Y agregó: “¿De qué transparencia nos están hablando si faltan $ 158 mil millones de pesos en la Secretaría Nacional de Discapacidad?”
Lastra es abogada de un amparo colectivo tramitado en el Juzgado Federal 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja. El juez ordenó regularizar pagos a los prestadores del área. Al considerar que no se cumplió la sentencia, corrió vista a la Fiscalía para que abra una causa penal por desobedecer la orden judicial.
El fiscal Carlos Casas Nóblega informó a Perfil CÓRDOBA que se encuentra trabajando para identificar a los prestadores que no cobraron las deudas del Estado Nacional.
El desfasaje de $158.000 millones
La cifra mencionada por Lastra tiene como antecedente una auditoría realizada sobre la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis, que detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre registros de deuda exigible de dos áreas del organismo.
Según la información publicada a partir de ese estudio, la diferencia surgió al comparar los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El relevamiento abarcó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo dejó la conducción del organismo.
El dato se encuentra bajo análisis y fue incorporado al contexto de las investigaciones sobre la gestión de la ex Andis.
La auditoría también relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, contratos, equipamiento y declaraciones juradas. En informes posteriores presentados ante la Justicia se consignaron además diferencias y presuntos sobreprecios en distintas compras realizadas por el organismo.
Spagnuolo y la causa por presuntas coimas
El cuestionamiento de Lastra se produce además pocos días después de que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 acusados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo.
La investigación incluye delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública y asociación ilícita,
El reclamo por los fondos internacionales
Otro de los cuestionamientos planteados por Lastra está relacionado con los fondos internacionales destinados a políticas de discapacidad.
Sobre este punto, existe un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados en marzo pasado para conocer distintas cuestiones relacionadas con la actual Secretaría Nacional de Discapacidad y el FONADIS.
Mientras crecen las críticas de organizaciones de personas con discapacidad y de sectores de la oposición, el Gobierno sostiene que su nueva propuesta busca terminar con el esquema de emergencia y establecer un régimen permanente.
El Ministerio de Salud había defendido ante el Congreso la necesidad de avanzar hacia políticas de discapacidad con criterios de “transparencia y sostenibilidad”, al tiempo que informó sobre las medidas adoptadas para garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
El nuevo proyecto, además, modificó algunos de los aspectos más cuestionados del capítulo de discapacidad incluido originalmente en el Presupuesto 2027. Según el dictamen oficialista, se mantiene la pensión no contributiva, su actualización mensual por inflación y la continuidad del nomenclador universal y del arancel unificado. También contempla la compatibilidad entre pensión y empleo registrado bajo determinados límites.
Las organizaciones del sector, sin embargo, mantienen sus objeciones y reclaman que el Congreso prorrogue la emergencia establecida por la Ley 27.793.
