El juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, giró los antecedentes de un amparo contra Incluir Salud y Pami al fiscal Carlos Casas Nóblega para investigar penalmente a las máximas autoridades nacionales del sector salud por presunta desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Considera que no cumplieron con el fallo que emitió en junio para la regularización de pagos a prestadores que atienden a personas con Discapacidad.
Mientras tanto, Perfil CÓRDOBA detectó 440 expedientes en toda la provincia contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Todo ocurre mientras se discute en el Congreso de la Nación un proyecto del gobierno para derogar la Ley de Emergencia en la materia que generó discrepancias, incluso en el seno de los bloques libertarios de Diputados y del Senado.
Amparo colectivo
A fines de junio, Vaca Narvaja se pronunció sobre un amparo colectivo y ordenó regularizar de manera inmediata la cadena de pagos de las prestaciones para personas con discapacidad, que tenían un notorio retraso.
Se inició por la presentación de una mujer cordobesa, cuyo hijo con retraso mental grave estaba a punto de quedar sin tratamiento por la mora en los pagos.
El juez dio un plazo exiguo a las autoridades nacionales para regularizarlos. Como fue el primer juez que recibió un planteo de esta naturaleza, se inscribió como acción colectiva. Por ese motivo, la resolución abarca a todo el colectivo de beneficiarios de Pensiones No Contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que tienen cobertura de Incluir Salud o Pami.
El 5 de agosto último, el Juzgado emitió otro pronunciamiento en el que le ordenó formalmente al programa estatal Incluir Salud acompañar la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en la causa.
La abogada patrocinante del amparo, Elvira Lastra, presentó un escrito denunciando formalmente la falta de acatamiento de la medida por parte de las entidades demandadas. En su escrito, la querella detalló que se omitió por completo cumplimentar lo ordenado el 5 de agosto respecto a la acreditación del acatamiento de la sentencia.
Por su parte el Pami brindó información e incluyó documentación, pero resultó incompleta e insuficiente para dar por cumplida la orden judicial.
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Interviene la Fiscalía
El juez Vaca Narvaja consideró que existe un "continuo incumplimiento” de la sentencia y remitió los antecedentes a la Fiscalía Federal N” 2 -de turno-, a cargo de Carlos Casas Nóblega, para investigar si la conducta encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal), sin perjuicio de la eventual subsunción en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).
En la misma resolución, el juez identificó de manera nominal a los máximos responsables de los organismos encargados de cumplir la sentencia: el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y el director ejecutivo nacional de Pami, Esteban Leguizamo.
Acciones contra Andis
La problemática de Discapacidad, además, motivó cientos de planteos que se tramitan en la Justicia Federal.
En la jurisdicción de la Cámara Federal de Córdoba hay 440 expedientes con reclamos de pacientes que padecen la falta de cobertura o a quienes no se les otorga el CUD. Sin el certificado único no pueden acceder a los tratamientos que requiere sus patologías.
