El Poder Ejecutivo cordobés vuelve a marcar el pulso en la agenda legislativa con el ingreso a la Unicameral del proyecto de ley que crea el régimen de incentivo a las inversiones, la innovación y el empleo. La iniciativa, rubricada por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Producción, Fernando Sibilla, se encamina a ser uno de los debates económicos centrales en el recinto provincial, al proponer la unificación y actualización de todo el esquema de promoción industrial bajo un único marco normativo.
La esencia del proyecto radica en la simplificación de trámites y en la previsibilidad fiscal a largo plazo, tanto para la radicación de nuevos emprendimientos como para las empresas ya instaladas que busquen ampliar o modernizar su capacidad productiva.
Entre los puntos neurálgicos de la negociación parlamentaria estará el esquema de alivio impositivo: la propuesta contempla exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario por un plazo de 10 años. Ese beneficio se extenderá a 15 años en el caso de establecimientos ubicados en parques industriales o radicados en los departamentos del noroeste y el sur provincial, en una clara señal política para impulsar el desarrollo territorial asimétrico.
En materia de financiamiento y competitividad, el texto faculta al Ejecutivo a gestionar líneas de crédito preferenciales y pone un fuerte acento en la modernización de las pymes, incentivando la incorporación de tecnologías vinculadas a la Industria 4.0, como inteligencia artificial y procesos automatizados. Para este segmento, además, se establece un régimen de adhesión simplificada para firmas con facturación anual inferior a los $4.500 millones, condicionado a compromisos mínimos de reinversión en activos fijos.
El componente social de la iniciativa se articula a través del incentivo a la generación de mano de obra directa. El proyecto de la gestión LLaryora incluye un subsidio a la capacitación equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por cada nuevo trabajador contratado a tiempo indeterminado. La ayuda se extenderá durante 12 meses para el régimen general y alcanzará los 24 meses en el caso de las zonas prioritarias y parques industriales.
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Con la mira puesta en su aplicación a partir del 1 de enero de 2027 y una vigencia proyectada de diez años, el oficialismo buscará construir los consensos necesarios en la Unicameral para dotar a la gestión de una herramienta estratégica que combine atractivo fiscal, desarrollo logístico y contención del empleo formal en el escenario productivo provincial.
De esta manera, con este plan, Llaryora busca "pescar" inversiones e incentivar el empleo local en medio de un complejo panorama económico nacional.
