Luis Juez amenaza con bloquear al “árbitro” de las próximas elecciones si no se hacen públicas las entrevistas

El senador nacional Luis Juez abrió una nueva disputa política alrededor del concurso para designar al sucesor de Marta Vidal en el Juzgado Electoral de Córdoba. “Las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo, toda vez que ello impide el control de imparcialidad y objetividad que exige todo concurso”, afirmó el referente opositor.

A través de una carta dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba, María Marta Cáceres de Bollati, reclamó que las entrevistas personales de los postulantes sean filmadas y difundidas públicamente -mecanismo que se sigue a nivel nacional- y dejó una advertencia política: si esa instancia continúa bajo el “ocultismo habitual”, los legisladores del Frente Cívico no prestarán acuerdo al candidato que proponga el Ejecutivo encabezado por Martín Llaryora.

La movida de Juez pone bajo la lupa la etapa considerada más sensible del proceso: la entrevista personal a los 17 concursantes que siguen en carrera. Se trata de una instancia que puede aportar hasta 40 puntos y que, por su propia naturaleza, concentra el mayor margen de subjetividad.

El planteo del referente opositor apunta precisamente en esa dirección: mientras las pruebas escritas fueron anónimas, el último tramo del concurso quedará definido por el intercambio directo entre los aspirantes y los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Fiel a su estilo directo, Juez lanzó munición pesada en su misiva: “El sistema provincial, por motivaciones muy simples de imaginar, oculta el interrogatorio entre los miembros del Consejo y los postulantes, de manera que a algún afortunado se lo puede interrogar sobre el clima y a otro menos igual, acerca del derecho electoral comparado en Moldavia”.

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“Para no dar pábulo a las murmuraciones” de la política, resaltó el senador en su nota a Cáceres de Bollati, solicitando que las entrevistas sean registradas y queden disponibles tanto para los postulantes como para la Legislatura, que tendrá la responsabilidad final de prestar el acuerdo al futuro magistrado electoral de la provincia.

En el tablero político cordobés, la jugada del líder del Frente Cívico funciona como una advertencia anticipada frente a una designación considerada altamente sensible: quien ocupe ese despacho tendrá bajo su responsabilidad la organización y resolución de conflictos electorales provinciales y municipales durante las próximas dos décadas. 

Bajo la lupa política

El proceso formal del concurso avanza bajo los mecanismos establecidos por el Consejo de la Magistratura. La convocatoria reunió inicialmente a 53 abogados interesados en reemplazar a Vidal. Luego del filtro de antecedentes, ocho postulantes quedaron fuera por cuestiones de admisibilidad y 45 llegaron al examen escrito. En el camino quedaron nombres de peso del ámbito jurídico y electoral, como el secretario electoral Ernesto Torres, el llaryorista Esteban Lencioni y la jueza administrativa de Faltas del municipio, Miriam Beatriz Capone.

La prueba consistió en la elaboración de una sentencia electoral sobre un caso práctico real. De esa instancia sobrevivieron 17 candidatos que ahora accederán a las entrevistas personales, previstas para después de la feria judicial, aunque más cerca de los primeros días de agosto.

La evaluación está dividida en tres etapas: antecedentes, que pueden sumar hasta 20 puntos; examen escrito de oposición, con una ponderación de entre 20 y 40 puntos; y entrevista personal, que puede aportar hasta 40 puntos. La oposición concentra sus cuestionamientos en este último tramo, donde los puntajes surgen de una valoración considerada más subjetiva.

El examen permitió saber quiénes quedaron afuera porque no alcanzaron el mínimo requerido, pero todavía no se conoce el puntaje individual de los 17 que siguen en carrera. “Eso se sabrá después de las entrevistas”, aportó una fuente con conocimiento del procedimiento.

Ante la instancia final del concurso y al repasar los nombres que integran el Consejo de la Magistratura, el juecismo levantó la guardia al advertir un supuesto “desbalance” y afirmó que la publicidad de las entrevistas permitiría garantizar igualdad de condiciones y despejar sospechas sobre eventuales favoritismos.

La disputa detrás de los nombres

Mientras el organismo que asiste al Ejecutivo en la designación de magistrados y fiscales continúa con el procedimiento de rigor, la política comenzó a leer el escenario en clave de poder al repasar la lista de los 17 postulantes que siguen en carrera.

Dentro del universo ligado al peronismo aparecen siete nombres, entre ellos Guillermo Arias, histórico secretario legislativo de la Unicameral, quien atravesó las gestiones como vicegobernador de Juan Schiaretti y Martín Llaryora y continúa en el cargo bajo la conducción de Myrian Prunotto; Augusto Pastore, actual secretario de Gobierno de la Provincia y segundo de Manuel Calvo; y Silvia Paleo, exlegisladora del PRO y actual funcionaria de tercera línea de la gestión municipal de Daniel Passerini.

También quedó en carrera el abogado Diego Frossasco, quien reúne avales del mundo académico. Es profesor titular en la UNC y en otras casas de estudios universitarios, y tiene en su frondoso currículum haber sido convencional constituyente provincial en 2001. El radical cuenta con el apoyo explícito de Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre.

Entre los nueve candidatos provenientes del sector judicial aparecen figuras con trayectoria electoral como María Emilia Mimessi, secretaria de cámara en la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia; María de los Ángeles Nallin, secretaria letrada de cámara; y Carlos Ignacio Viramonte, juez civil de San Francisco, entre otros.

De este modo, el mapa del concurso se ordena en tres grandes núcleos: el técnico judicial, con especialistas del fuero; el político institucional, con nombres ligados a la gestión pública; y el académico mixto, con candidatos como Frossasco que buscan sintetizar experiencia jurídica, dominio de la rosca político-electoral y apoyo opositor. 

Estos son los 17 nombres de abogados que van a la entrevista: Patricia Gisel Ari Moyano (prosecretaria letrada en la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra Nominación), Guillermo Carlos Arias (secretario legislativo de la Unicameral), Josefina Bertoldi (jefa de despacho mayor en la Cámara de Acusación -Tribunales II), Diego Luis Frossasco (abogado, profesor universitario y exapoderado de la UCR), Iván Jorge Gallardo (escribiente mayor en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación), Carlos Guillermo García (director general de Dictámenes en la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba), Jimena Garzón (asesora letrada disciplinaria de la Policái de Córdoba) y María Luisa Jurgens (prosecretaria letrada en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 1).

También están en la lista: María Emilia Mimessi (secretaria de cámara en la Relatoría Electoral y de Competencia Originaria del TSJ), Sebastián Néstor Mira (secretario de 1ª Instancia en la Secretaría Legal y Técnica de Tribunales I), María de los Ángeles Nallin (secretaria letrada de cámara en la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación), Silvia Gabriela Paleo (funcionaria municipal en la Subsecretaría de Integración Regional), Augusto Omar Pastore (secretario de Gobierno de la Provincia), Federico Robledo (trabaja en el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia), Denis Schmidt (prosecretaria letrada en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación), Marcelo Gabriel Urreta (abogado y hermano de David Urreta, actual presidente de Lotería de Córdoba) y Carlos Ignacio Viramonte (juez de Primera Instancia en el Juzgado Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de San Francisco). 

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El juecismo apunta al Consejo

El planteo de Juez también apunta al órgano encargado de conducir el concurso. En la oposición más dura observan con desconfianza la composición del Consejo de la Magistratura y advierten que seis de sus nueve integrantes tienen vínculos históricos o actuales con espacios vinculados al peronismo cordobés.

La representación incluye miembros provenientes del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General, la Legislatura, magistrados de capital e interior, representantes de abogados y la Academia Nacional de Derecho.

En el análisis opositor, la preocupación no pasa solamente por los nombres que participan del concurso, sino también por quiénes tendrán la responsabilidad de definir la evaluación final. Entre los sectores no peronistas hablan de una “balanza inclinada”.

Frente a este escenario, la oposición ya abrió el paraguas ante la posibilidad de que el reemplazante de Marta Vidal sea un dirigente o funcionario identificado con el peronismo. La lectura política es que el oficialismo ya avanzó en espacios estratégicos del sistema judicial y que una designación de ese perfil requeriría, al menos, un gesto de “pluralismo”. Un mensaje de los opositores dirigido a Llaryora.

La batalla llegará a la Legislatura

El concurso todavía debe atravesar su última etapa técnica, pero la discusión política ya comenzó. El orden de mérito que surja del Consejo será elevado al Poder Ejecutivo y luego llegará a la Legislatura, donde deberá obtener acuerdo el primer nombre de esa lista.

Allí puede aparecer el verdadero campo de batalla. La amenaza de Juez anticipa que el futuro juez electoral no solo deberá superar un examen jurídico: también tendrá que atravesar una negociación política en un escenario donde oficialismo y oposición ya comenzaron a disputar el control del árbitro de las próximas elecciones en Córdoba.

A pesar de que el procedimiento formal avanza, en los pasillos del poder reconocen que la definición final se jugará en el terreno de los acuerdos, los vetos cruzados y la capacidad del oficialismo para construir consenso alrededor del nombre elegido.