Para el exministro de Trabajo Claudio Moroni, la reforma laboral “no solucionará el problema de la informalidad”

En el marco de la jornada “Reforma Laboral: primer gran debate en Córdoba”, organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, el exministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, expuso una fuerte crítica al proyecto de reforma laboral que actualmente discute el Congreso de la Nación.

Ante un auditorio colmado de abogados, magistrados y académicos, transmitido también por Zoom, Moroni sostuvo que la iniciativa oficial no resolverá el problema de la informalidad laboral y que, por el contrario, apunta a reconfigurar el sistema de distribución de poder entre trabajadores y empleadores, debilitando tanto el derecho individual como el colectivo del trabajo.

Informalidad: el diagnóstico es equivocado

El exfuncionario comenzó su exposición repasando los argumentos históricos del Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. Señaló que el principal fundamento —atribuir al régimen laboral vigente la causa de la informalidad— no se sostiene empíricamente.

“Más del 37% de los trabajadores asalariados no están registrados, pero más de la mitad de ellos se concentran en empresas de menos de cinco trabajadores”, explicó. Según Moroni, en ese segmento el problema no es el derecho laboral, sino la informalidad estructural de las propias empresas, muchas de las cuales también están fuera de los sistemas tributarios.

En ese sentido, advirtió que las políticas de reducción de costos laborales o de aportes patronales ya se intentaron reiteradamente desde el retorno de la democracia, sin que exista evidencia de que hayan generado más empleo formal.

También remarcó que el proyecto introduce modificaciones en el derecho individual y colectivo del trabajo que no atacan las causas reales de la no registración, pero sí reducen derechos y beneficios.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue la ampliación de la posibilidad de que el trabajador acepte modificaciones sustanciales del contrato de manera individual, como cambios en la jornada laboral. “La tradición del derecho del trabajo argentino reconoce que esa manifestación de voluntad muchas veces no es libre, sino condicionada por el miedo a perder el empleo”, sostuvo.

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El exministro alertó además sobre una tendencia clara del proyecto a debilitar a los sindicatos y a la negociación colectiva. Señaló que la iniciativa privilegia convenios de empresa y sindicatos con simple inscripción, lo que, a su entender, erosiona el rol histórico de las asociaciones gremiales.

“Se combina un aumento del poder del acuerdo individual con una disminución del poder de los sujetos colectivos. Ese combo es muy difícil de tolerar y va en contra de toda la tradición del derecho del trabajo argentino”, afirmó.

El fondo de cese laboral, bajo la lupa

Uno de los tramos más críticos de la disertación estuvo dedicado al llamado fondo de asistencia o cese laboral. Moroni explicó que la reducción del 3% en las contribuciones patronales implicaría que el sistema de despidos termine siendo financiado por el Tesoro Nacional, en un contexto donde el sistema previsional ya no es plenamente contributivo.

Según su análisis, el esquema no beneficia a las pequeñas empresas —donde se concentra la informalidad— y sí genera un ahorro para grandes compañías que prácticamente no despiden personal. “Es, sinceramente, lo más disparatado del proyecto”, sentenció.

Un debate con múltiples voces

La jornada contó también con exposiciones de destacados especialistas en derecho laboral, entre ellos el decano electo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Toselli; el profesor Alejandro Manzanares; el referente histórico del derecho laboral Jorge Sappia; el exministro de Trabajo Jorge Triaca; y académicos y litigantes como Mauricio César Arese, Fabiola Catalina Piretro, Laura Cociglio y María Agustina Karakachoff.

Para Moroni, el debate debe sincerar su objetivo real: “No se trata de formalizar el empleo, sino de reducir costos y redistribuir el poder en las relaciones laborales”. Y concluyó: “El derecho del trabajo debe ser histórico y adaptarse a cada época, pero eso solo es posible con sujetos colectivos fuertes. Sin ellos, no hay equilibrio posible entre producción y trabajo”.

El Colegio de Abogados rechaza el artículo 20

En el cierre del debate, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, expresó la oposición formal de la institución al artículo 20 del proyecto, al considerar que implica un avance indebido sobre el ejercicio profesional y el derecho de defensa.

Bittar cuestionó que la norma prevea la imposición de costas a los profesionales del derecho, quienes —subrayó— integran el sistema de justicia y son quienes asumen la defensa de trabajadores o empresas. “Querer imponer una sanción por el ejercicio adecuado del derecho de defensa, luego de haber discutido un pleito, resulta abusivo y constituye un ataque a la profesión”, afirmó.

Además, advirtió que el artículo objetado incurre en una extralimitación normativa, al tratarse de una disposición de fondo que se introduce en cuestiones procesales. “El régimen arancelario y la imposición de costas deben discutirse en normas arancelarias y procesales, no en una reforma laboral”, remarcó.

En ese marco, el titular del Colegio anunció que la institución hará llegar a diputados y senadores un rechazo puntual al artículo 20, junto con el conjunto de opiniones vertidas durante la jornada, que serán sistematizadas y elevadas al Congreso. “Necesitamos una abogacía que pueda desempeñarse de manera libre, defendiendo a quienes recurren a ella. Por eso vamos a pedir el rechazo de ese artículo”, concluyó.