Reforma Penal y la ‘militancia de la nada’: por qué el endurecimiento de penas no cambia la realidad

Advertencia del autor: esta no es una columna de opinión política partidaria, que la tengo, pero decido no compartirla aquí.  Por el contrario, es solo mi punto de vista y aporte en la discusión de ideas relacionadas a lo que me incumbe y sobre lo que creo que puedo contribuir en algo. ¡Haters fanáticos, abstenerse!

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal donde propone, entre otras cosas, el endurecimiento de las penas para varios delitos, fundamentalmente los más graves: delitos contra la vida, la integridad sexual, corrupción, narcotráfico. Incluso también lo propone para otros históricamente no tan trascendentes -como el hurto, el robo simple, la tenencia de armas. En paralelo, también propone imprescriptibilidad de esas clases de delitos de singular severidad dañosa, desaparición de la posibilidad de goce de libertad condicional en delitos graves, posibilidad que los menores imputados de delitos de magnitud sean juzgados como mayores de edad; creación de nuevas figuras penales vinculadas con el avance tecnológico y la proliferación de organizaciones delictivas –“ley de mafias” entre otros-, modificaciones procesales tendientes a acelerar “los tiempos de la justicia” -como por ejemplo, profundización del sistema acusatorio.-, mayor atención a la opinión de las víctimas antes de tomar decisiones trascendentes -condenas de ejecución condicional, salidas anticipadas, libertad condicional, por nombrar algunos-.

Sobre esto se puede hacer dos lecturas. Una vinculada al contenido de la reforma propuesta, y otra vinculada al modo en el que  se han comunicado al público. Tanto en uno y otro ámbito, no se aprecia otra cosa más que un serio compromiso -militancia activa- con la inacción. Para ser más claro: en el siglo XXI, ningún país serio, alineado con la defensa de los derechos humanos y, por ende, con las garantías constitucionales derivadas de las necesarias limitaciones que deben imponerse al poder coactivo del Estado, podría presentar un ofrecimiento de reforma como la que se plantea. 

En esta dirección, la pretensión es parecer que se hace, pero en realidad, nada tiene la genuina capacidad para cambiar la realidad. Nada. Cero. Y si no es cero, es 0,1 o 0,2. Prácticamente nada. 

Delitos graves y agravamiento de las penas

No existe evidencia científica acerca de que el agravamiento de las penas disminuya la comisión de delitos graves porque la amenaza de pena no es el primer contra-argumento que se plantea una persona que piensa cometer un delito, para no hacerlo. Si esto fuera así, bastaría con sancionar con pena de muerte como consecuencia para cualquier delito, y eso eliminaría -o al menos reduciría drásticamente- su comisión, pero tal enunciado  no ha sido demostrado.

Por otro lado, el fácil acceso a la tecnología y sus avances ha puesto en jaque el derecho penal 2.0, dejándolo atrás, y existe la necesidad de aggiornar algunas figuras penales y crear otras más específicas. Eso no quita que este modo de proteger bienes jurídicos no pueda ser el primer recurso al que deba echarse mano en sistemas penales liberales, democráticos, sino el último. Por eso se sostiene que el derecho penal es una barrera de protección de ultima ratio, o sea, hay que crear formas de tutela de esos bienes por  medios distintos a los de la cárcel, y eso implica la necesidad de agilizar los procesos en general -el civil, el comercial, el de protección al consumidor, el administrativo vinculado a menores de edad, etc., y por supuesto el penal-, teniendo en cuenta también que resulta facultad de las provincias a través de sus respectivos órganos legislativo, quienes tienen facultades exclusivas en ese ámbito, y no es el Congreso de la Nación quien pueda hacerlo, salvo en en el marco de la organización de justicia federal. Respetar las competencias de la nación y de las provincias es, además de una obligación legal, un fuerte gesto de republicanismo.

El Estado puede ser ¿tramposo?

Finalmente, la persistente pretensión de bajar la edad de imputabilidad -o sea, de la posibilidad que una persona pueda aplicársele una pena- resulta, desde mi punto de vista, un error porque parte de un presupuesto falso que es compartido en el fondo por los demás ítems que procuran ser objeto de modificación en este proyecto de código penal: que el sistema penal tiene capacidad para traccionar significativamente en la disminución del flagelo del delito. Esta idea es, evidentemente, absurda. Y cuando digo “evidentemente” lo hago porque la experiencia nos ha mostrado que eso no es así. Pregunto genuinamente: ¿por qué ustedes no cometen delitos? Creo que la respuesta mayoritaria sería, más o menos: “porque he sido educado en un ámbito donde me enseñaron a valorar al otro en cualquiera de sus versiones -a las mujeres, a los ancianos, a los niños, etc.-, a respetarlo; porque me instruyeron en lo significativo de no dañar, de resolver los conflictos pacíficamente, de obtener mi sustento honestamente y además tengo la posibilidad de hacerlo; porque me mostraron y  entendí que el cumplimiento de las reglas sirve a un bien mayor que el mío, que es el bien común, el de todos: el de mi vecino, el de mi pareja, el de mi hermano, e incluso el de desconocidos pero a los que reconozco en su humanidad”.

En este sentido, todos estos proyectos, estas ideas y pretensiones milagrosas que han sido transversales a todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia en 1983 son, desde mi punto de vista, solo un recurso que subestima al ciudadano haciéndole creer que la solución está dónde no lo está. Es la verdadera militancia de la nada misma.

He sido testigo de mucho esfuerzo en esta dirección, pero jamás he visto políticas educativas y económicas comunes, que atraviesen gobiernos sin importar el color de su bandera y que permitan construir las bases sólidas y reales de un país serio que brinde oportunidades genuinas a todos, pero especialmente a los más humildes y desfavorecidos.