Regreso al recinto: el PJ acelera su reforma judicial y la oposición presiona por el Consejo de la Magistratura

El regreso de la Legislatura de Córdoba al recinto de sesiones tendrá este miércoles un fuerte contenido político. Mientras el oficialismo buscará avanzar con la estructura en territorio del Ministerio de la Defensa impulsada por el Ejecutivo, la oposición intentará trasladar al recinto la polémica que dejó el concurso para designar al próximo juez electoral y redoblará la presión para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

La estrategia del PJ será concentrar la sesión en el proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora que crea 24 nuevos órganos jurisdiccionales y de asistencia del Ministerio Público de la Defensa en distintas sedes judiciales de la provincia.

El oficialismo decidió imprimirle máxima velocidad al trámite parlamentario. La iniciativa obtuvo despacho el lunes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y esta mañana será ratificada por Legislación General para que llegue por la tarde al recinto con el propósito de ser aprobada durante la sesión.

Según el mensaje remitido por el Ejecutivo, la reforma apunta a "adecuar la estructura orgánica del servicio a los actuales modelos procesales, atendiendo a las nuevas exigencias operativas y a la evolución de la litigiosidad en la provincia".

La nueva estructura judicial

El proyecto prevé una importante ampliación de la estructura judicial. En la ciudad de Córdoba se crearán diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. Además, la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será reconvertida en una Defensoría Civil y Comercial.

En Villa Carlos Paz se incorporarán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas, un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia y una Defensoría con Funciones Múltiples.

A su vez, San Francisco sumará un nuevo Juzgado de Control y Faltas, mientras que también se crearán Defensorías Públicas con Funciones Múltiples en San Francisco, Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.

"El proyecto que trataremos representa una adecuación racional y necesaria de la organización del Poder Judicial para responder con mayor eficacia a las demandas actuales de la sociedad", sostuvo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bernardo Knipscheer.

Sin embargo, el debate en comisión dejó planteado otro frente político. Durante el tratamiento de la iniciativa, desde el Ministerio Público de la Defensa se planteó la necesidad de incorporar al Defensor General como integrante permanente del Consejo de la Magistratura.

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La oposición busca correr el eje

Ese planteo fue rápidamente capitalizado por la UCR. La legisladora Alejandra Ferrero confirmó que pedirá el tratamiento sobre tablas de su proyecto para reformar la integración del Consejo de la Magistratura y así “darle la posibilidad a los legisladores oficialistas a que lo voten”, chicanearon desde el entorno de la deloredista al lanzar un dardo envenenado al oficialismo. 

La ofensiva opositora llegó apenas horas después de conocerse la orden de mérito del concurso para cubrir la vacante que dejará Marta Vidal en el Juzgado Electoral Provincial, proceso que ubicó en el primer lugar a Guillermo Arias, actual secretario legislativo de extracción peronista.

La resolución del concurso ante la etapa final de las entrevistas personales reavivó las críticas opositoras sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y terminó convirtiéndose en un argumento para impulsar cambios en el organismo.

La iniciativa de Ferrero propone modificar la Ley 8.802 para ampliar la integración del Consejo de nueve a once miembros, incorporando un segundo representante de la primera minoría legislativa y al Defensor General de la Provincia como integrante permanente.

Pero el cambio más sensible apunta al mecanismo de selección de magistrados: establece que las entrevistas personales a jueces y fiscales sean públicas y transmitidas en vivo por YouTube, replicando el esquema que utiliza el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Según los fundamentos del proyecto, una mayor apertura institucional permitiría fortalecer procesos de selección "transparentes, meritocráticos y con criterios objetivos de evaluación".

El juecismo endurece la presión

El Frente Cívico también se sumará a esa ofensiva con un proyecto de similares características. El legislador Walter Nostrala confirmó que solicitará el tratamiento -sobre tablas- de una iniciativa para que todas las entrevistas a postulantes de jueces y fiscales sean filmadas y transmitidas públicamente.

"Vamos a pedir sobre tablas el proyecto para que sean filmadas y que todo el mundo tenga acceso a ver las entrevistas, tanto para la elección de fiscales como de jueces de la provincia de Córdoba", afirmó el halcón juecista a Perfil Córdoba.

La iniciativa retoma el reclamo que semanas atrás había encabezado el senador nacional Luis Juez, quien exigió que las entrevistas del concurso para juez electoral fueran públicas y transmitidas por YouTube.

La mayoría del Consejo de la Magistratura rechazó aquel planteo y mantuvo el procedimiento habitual, decisión que derivó en una fuerte confrontación política. Incluso, el Frente Cívico ya anticipó que no acompañará el acuerdo legislativo para la designación del futuro juez electoral.

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Otro frente contra el Gobierno

La ofensiva opositora no terminará allí. El juecismo buscará llevar al recinto un proyecto para derogar el régimen de gastos reservados de los ministros provinciales y un pedido de informes dirigido al Ejecutivo para que detalle, en un plazo de diez días, todos los viajes oficiales realizados por el ministro de Economía, Guillermo Acosta, entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2026.

El planteo se produce luego de la controversia generada por el viaje que el funcionario realizó a China junto a su esposa, donde participó del World Economic Forum y de la 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como el "Davos de Verano".

Aunque desde el Gobierno aseguraron que tanto los pasajes como la participación de la delegación oficial —integrada por Acosta y la titular de la Agencia Competitividad Córdoba, Natalia Seiler— fueron financiados íntegramente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la bancada referenciada en Luis Juez exige documentación respaldatoria.

En los fundamentos del pedido, Nostrala sostiene que la presencia documentada de la esposa del ministro en al menos seis viajes al exterior "torna exigible una prueba de descargo" y reclamó la exhibición de facturas, pasajes, itinerarios y resúmenes bancarios para acreditar que no existió utilización directa o indirecta de recursos públicos.

El proyecto también cuestiona la frecuencia de los viajes oficiales de Acosta y afirma que el ministro permaneció fuera del país durante 113 días sobre un total de 269 analizados entre 2025 y 2026, lo que —según el legislador— representa un "42% de ausentismo efectivo" en un contexto económico que exige una conducción permanente de las finanzas provinciales.

De este modo, el regreso de la actividad parlamentaria combinará dos agendas bien diferenciadas: mientras el peronismo buscará mostrar gestión con la ampliación de la estructura judicial, la oposición intentará convertir la sesión en una vidriera para instalar cuestionamientos sobre la transparencia institucional y sumar presión política sobre el PJ en el poder.