Salud mental en alerta: denuncian que la reforma del Gobierno elimina el presupuesto y dejaría sin cobertura al 90%

En medio de la creciente demanda de atención en salud mental, el proyecto de reforma enviado por el Gobierno nacional al Congreso encendió alarmas en el sector. Especialistas, asociaciones y autoridades provinciales advierten que la iniciativa implica recortes presupuestarios, mayor burocracia y una restricción significativa en el acceso a tratamientos.

Así lo expresó Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), donde calificó la propuesta como “regresiva” y advirtió que podría dejar afuera del sistema a la mayoría de la población.

Eliminación del presupuesto específico

Uno de los puntos más cuestionados es el financiamiento. Según explicó Trimboli, la  actual Ley Nacional de Salud Mental establece que el Estado debe destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental. El proyecto, en cambio, elimina esa obligación. “No es que lo bajen, lo llevan a cero. Eso significa directamente eliminar el presupuesto destinado a salud mental”, afirmó.

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El dato genera preocupación en un contexto de aumento sostenido de consultas, crisis emocionales y problemáticas vinculadas a consumos problemáticos.

Otro de los cambios centrales afecta las internaciones involuntarias. La ley vigente permite la internación cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. La reforma eleva ese requisito a “riesgo grave para la vida y la integridad física”, lo que, según especialistas, dificultaría la intervención temprana.

Además, el proyecto exige que la internación sea firmada inicialmente por un médico psiquiatra, lo que podría generar demoras en zonas donde faltan profesionales.

“Hay lugares donde no hay psiquiatras. En una crisis, si no hay quién firme, nadie podría internar”, explicó Trimboli.

Acceso restringido: el 90% quedaría afuera

Uno de los cambios más significativos es conceptual. La ley actual garantiza atención a personas con “padecimiento mental”, una categoría amplia que incluye crisis emocionales, duelos o sufrimiento psíquico.

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El proyecto reemplaza ese concepto por la clasificación de trastornos psiquiátricos del CIE-11. Según Trimboli, esto limitaría la cobertura a diagnósticos formales y dejaría afuera a la mayoría de las personas que hoy acceden a tratamientos. “Si una persona atraviesa un duelo o una crisis emocional, y no tiene un trastorno psiquiátrico, quedaría afuera del sistema y tendría que pagar privado”, advirtió.

Rechazo federal y preocupación en el sector

De esa manera, el rechazo al proyecto no se limitaría a especialistas. Según informó Trimboli, 18 provincias manifestaron su oposición tras una reunión con autoridades nacionales, mientras que organismos de revisión también expresaron críticas.

Además, advirtieron que la reforma debilita el rol de los hospitales generales y podría obligar a trasladar pacientes entre provincias, especialmente en aquellas donde no existen instituciones especializadas.

Mientras el proyecto comienza su tratamiento legislativo, el sector de salud mental inició gestiones con diputados y senadores para frenar la iniciativa.  “La sociedad en general está en contra. Esta reforma implica una quita de derechos y un retroceso en el acceso a la salud mental”, concluyó Trimboli.