“Hay jubilados que llevan el pan a su mesa con esta actividad”: legislador defiende en Córdoba una regulación social para los naranjitas

El debate por la regulación de los naranjitas en Córdoba sumó una nueva mirada en la Legislatura provincial. Lejos de una postura exclusivamente punitiva, el legislador Matías Chamorro defendió un enfoque que combine control, regulación municipal y políticas de inclusión social para quienes dependen de esta actividad para subsistir.

Según explicó, el despacho trabajado en comisión buscó integrar distintas posiciones y responder a una problemática que, aseguró, “la ciudadanía estaba reclamando que se intervenga y se regule”.

“Reconocimos primero que esto es una problemática que había que abordar. Era una necesidad que la ciudadanía estaba reclamando y celebramos haber podido llegar a un despacho que dé una respuesta”, señaló Chamorro a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Uno de los ejes centrales del planteo fue el respeto a la autonomía de los municipios, que serán los encargados de definir cómo se implementa la regulación. “Son los municipios quienes van a poder regular el uso del espacio público y autorizar o no esta actividad a través de cooperativas o del sistema que cada municipio defina”, explicó.

Chamorro también puso el foco en el rol de las cooperativas, una modalidad que, según afirmó, suele tener mayor aceptación y control. “Las cooperativas tienen un nivel de aceptación mucho mayor, rinden cuentas y no hay que demonizarlas. Necesitan una regulación particular que esperamos que se implemente pronto”, sostuvo.

La mirada social que faltaba

El legislador remarcó que en el debate inicial faltaba contemplar la dimensión social del fenómeno, especialmente en un contexto económico complejo. “La conflictividad social ha crecido muchísimo este último tiempo a partir de las condiciones económicas. La Municipalidad ha aumentado exponencialmente el registro de personas en situación de calle”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que muchas personas no eligen trabajar como cuidacoches, sino que recurren a esa actividad como única alternativa de ingresos. “Este es un tema multicausal. Muchas personas no eligen esta actividad y había que encontrar un equilibrio y una mirada con un abordaje integral”, señaló.

Por eso, el despacho incorpora programas de inclusión sociolaboral y acompañamiento para personas con consumos problemáticos, problemas de salud mental o situaciones de vulnerabilidad. “Que no sea un proyecto que solo tenga una mirada punitiva, sino que incluya una mirada integral y de empatía”, remarcó.

Qué pasará con los naranjitas no autorizados

Chamorro reconoció que uno de los puntos más sensibles es qué ocurrirá con quienes hoy trabajan sin autorización, como jubilados o personas que encontraron en esta actividad una changa para subsistir. “Estaba ausente en el debate la mirada para esos casos. Personas mayores, jubilados o gente que quedó sin trabajo y podía llevar el pan a su mesa sin generar conflictividad”, explicó.

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Según indicó, esas personas tendrán dos caminos: incorporarse a sistemas autorizados por los municipios o acceder a programas de reinserción laboral. “Podrán incorporarse a cooperativas o a los mecanismos que los municipios autoricen. Y para quienes no puedan, se plantean programas de reinserción sociolaboral”, señaló.

Además, destacó la posible participación de la Universidad Provincial de Córdoba en estos esquemas de acompañamiento. “La Provincia tiene herramientas de contención social y queremos acompañar a esas personas que necesitan un ingreso para llevar comida a su casa”, afirmó.

Más personas en situación de calle

Chamorro también vinculó el crecimiento del fenómeno con el contexto social y económico actual. “Entre 2024 y 2026 se duplicaron o triplicaron las personas en situación de calle. Hoy la Municipalidad habla de más de 3000 personas, una cifra desgarradora”, señaló.

Para el legislador, este escenario obliga a pensar soluciones integrales. “Solamente persiguiendo o prohibiendo no íbamos a encontrar la salida que la ciudadanía reclama”, sostuvo.

El proyecto prevé además un plazo de adaptación antes de su entrada en vigencia, para que los municipios puedan diseñar sus propios esquemas. “No va a entrar a regir inmediatamente. Habrá un plazo donde se espera que los municipios puedan avanzar en un esquema regulatorio que contemple estos casos”, explicó.

Chamorro insistió en que la regulación debe garantizar orden en el espacio público, pero sin desconocer la realidad social. “La ciudadanía reclama sentirse más tranquila al dejar su vehículo, pero también tenemos que tener una mirada humana y social. Solo prohibir no alcanza”, concluyó.