Una vela prendida a los cedulones del inmobiliario y la gran apuesta fiscal de Llaryora

Todo dependerá de si, de un día para el otro, Gerardo Pintucci deja de ser uno de los mejores cuadros técnicos de la administración Llaryora para convertirse en un funcionario visible. Buena parte del capital político que el gobernador puso en juego con el anuncio de una “reducción histórica de impuestos” está hoy concentrado en la tarea silenciosa de este contador, actual secretario de Ingresos Públicos de la Provincia.

Pintucci no es un improvisado ni un recién llegado. Acompaña al sanfrancisqueño desde 2008, cuando se desempeñó como secretario de Economía en San Francisco. En 2019 dio el salto a la Municipalidad de Córdoba como subsecretario de Ingresos Públicos y hoy es una pieza clave dentro del esquema del ministro de Economía, Guillermo Acosta. Perfil bajo, mucha muñeca técnica y una responsabilidad que creció exponencialmente en las últimas semanas.

El anuncio oficial de la baja de impuestos fue potente, masivo y cuidadosamente diseñado para el clima de época: la imagen del gobernador, tipografía grande y un mensaje claro: “baja de impuestos”. Pero la política fiscal no se mide en conferencias de prensa sino en cifras concretas. Y en Córdoba, esa medición tiene una cara específica: el impuesto inmobiliario urbano. Mucho más, después de la crítica de la oposición: “Puro huno el anuncio”, dijeron.

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El cedulón como prueba de verdad

A diferencia de otros tributos —automotor, ingresos brutos o sellos—, el inmobiliario no admite demasiadas explicaciones técnicas. No depende del tamaño de la empresa, del año del vehículo ni del nivel de facturación. Se compara directo, incluso con el vecino de al lado o con un familiar cercano. Por eso, en Economía vienen trabajando para que no haya errores.

“Ningún contribuyente del impuesto inmobiliario urbano tendrá aumentos en términos reales, como máximo puede haber una actualización por inflación”, prometió el Gobierno. Además, se detalló que 500 mil cordobeses tendrán reducciones nominales de hasta el 25%, mientras que otros 150 mil pagarán exactamente lo mismo que en 2025. La letra chica existe, pero el impacto político será binario.

“Si hay una sola persona que el año pasado pagó 100 y ahora recibe un cedulón de 130, se cae todo”, exagera —aunque no tanto— un funcionario del área mientras almuerza cerca del Panal. La frase circula como mantra puertas adentro del Ministerio.

En los próximos días comenzarán a llegar mensajes a través de Ciudadano Digital (CiDi) para preparar el terreno. El dato no es menor: el 55% de los contribuyentes paga el inmobiliario en cuota única anual, aprovechando promociones bancarias. El resto lo abona mes a mes. El primer impacto será decisivo y no habrá margen para errores. Para que los beneficios prometidos se concreten, hay una condición clave: estar al día. De ahí la importancia de las notificaciones previas y la tensión que se respira en las oficinas de Economía. Hay muchas velas prendidas y una expectativa acorde al tamaño del anuncio.

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Mientras el foco del Ejecutivo está puesto en los cedulones, la política sigue su curso. El domingo pasado, por la noche, el teléfono del ahora presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, sonó con una propuesta inesperada. Del otro lado, el socialista Matías Chamorro impulsaba la idea de declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones y recuperar el 82% móvil perdido.

La iniciativa, inspirada en debates de redes sociales y en los conocimientos técnicos del legislador, proponía habilitar al gobernador a elevar del 2% al 4% el descuento a los empleados provinciales. En el peronismo reaccionaron rápido: “Lo más fácil sería pasar la Caja al Anses, pero la mínima se desploma y después todos a llorar”, repiten en la Legislatura, donde recuerdan que la jubilación promedio de los municipales ronda los 3 millones de pesos.

La Caja provincial arrastra un déficit cercano al 30%, que en 2026 podría trepar a 750 mil millones de pesos. Lo que recauda no alcanza para pagar a los 120 mil jubilados y la diferencia, remarcan, la cubren todos los cordobeses con impuestos y obras que no se hacen. Los gremios reaccionaron en bloque y, mientras Torres buscaba bajar la tensión, otro frente se abría.

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En plena sesión legislativa, toda la oposición —salvo el libertario Agustín Spaccesi— abandonó sus bancas cuando se iba a votar la nueva Procuración Penitenciaria. “Los radicales reciben un llamado de afuera, de un pibe que está aburrido y hacen payasadas”, describió un oficialista. Hacía referencia a la (supuesta) influencia del exdiputado Rodrigo De Loredo, que operaba desde fuera. El oficialismo intentó implantar la idea que lo hicieron por “la falta de reparto” de los 6 cargos vitalicios aprobados en el nuevo organismo o la necesidad de asegurarse los contratados para el próximo año. Al unísono fue desmentida por las principales figuras opositoras.

Hay que reconocer algo cierto: todos los cargos en el Estado son vitalicios y sobre todo en la Justicia, donde los fiscales o jueces se quedan atornillados a sus despechos pese a cumplir los 75 años. “Crear fiscalías o entes muy cercanos a la Justicia y no darle el carácter de vitalicio es desconocer la realidad”, remarcó una legisladora mientras defendía el proyecto provincial.

La nueva estructura demandará oficinas, mobiliario y personal. El Estado se amplía en pleno reclamo ciudadano de achicar las estructuras. El ingreso de Miguel Siciliano obligó a acomodar algunos ministerios y agencias. La decisión del gobierno parece ir en sentido contrario.

Pese a todo, el éxito de los cedulones del inmobiliario tapará con metros de tierra y sepultará todos lo debates y polémicas que ‘manijean’ los opositores. “Todo lo demás es ruido político en un fin de año donde la gente está cansada y pidiendo que se termine el 2025 ahora”, aseguró un ministro muy cercano a Llaryora.