Alertan que la informalidad licuará el impacto en la recaudación del piso salarial de $1 M que impulsa el Gobierno

El Gobierno prepara un cambio de peso en su política salarial: llevar el piso de ingresos a $1.070.000 brutos desde agosto de 2026, unos $860.000 de bolsillo según cálculos oficiales, con el objetivo de elevar las remuneraciones más bajas. La medida podría generar más aportes y contribuciones al sistema previsional, pero economistas y especialistas advierten que su alcance sobre las jubilaciones sería limitado: el verdadero problema no está solamente en cuánto cobran los trabajadores, sino en cuántos tienen empleo registrado y efectivamente aportan al sistema, en momentos en que el trabajo formal privado continúa retrocediendo.

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De acuerdo con información que la Secretaría de Trabajo brindó a PERFIL, el esquema alcanzaría también a los trabajadores rurales, mientras que quedarían afuera quienes se desempeñan en casas particulares. Desde el Gobierno sostienen además que la medida "no genera inflación" y aseguraron que sólo "pegaría" realmente sobre la categoría más baja de algunos convenios colectivos.

Los números permiten dimensionar ese alcance. El gráfico elaborado por C-P Consultora sobre salarios conformados de categorías inferiores sin antigüedad muestra una fuerte dispersión entre actividades: mientras que solamente Maestranza se encontraba por debajo del millón de pesos en abril, numerosas categorías ya superaban ese monto y sectores como bancarios y aceiteros estaban por encima de los $2 millones. A su vez, los últimos datos del SIPA disponibles muestran que en mayo la remuneración bruta mediana del sector privado registrado alcanzaba $1.606.773 y el promedio se ubicaba en $2.121.005.

Un piso de $1 millón: cuánto puede aportar al sistema previsional

El interrogante central es cuánto de esa mejora puede trasladarse a la caja previsional. Daniel Ricardo García, abogado tributarista y director de LexTax Advisory, explicó que una mejora de los salarios reales eleva la recaudación porque tanto los aportes personales como las contribuciones patronales se calculan sobre la remuneración imponible. Sin embargo, planteó una primera limitación: no alcanza con establecer administrativamente un piso de $1 millón, sino que importa cuántos trabajadores realmente pasan a cobrar ese monto, están registrados y aportan sobre él.

Eduardo Setti, economista de Fundación Encuentro, llega a una conclusión similar. La recaudación previsional, explicó, depende de tres componentes: cantidad de aportantes, salario imponible promedio y alícuota efectiva de aportes y contribuciones. Una mejora salarial actúa solamente sobre el segundo. Por eso, el nuevo piso generaría recursos adicionales únicamente cuando obligue a pagar más de lo que actualmente percibe el trabajador y tenga impacto sobre la remuneración utilizada para calcular los aportes.

Ese punto es particularmente importante porque los salarios registrados de buena parte de los trabajadores ya se encuentran por encima del nivel que estudia el Gobierno. Para Setti, si la mayoría de los empleados formales cobra más que el nuevo mínimo, continuará aportando exactamente sobre los salarios que tenía antes. En ese escenario, la medida tendría como principal efecto mejorar los ingresos de los trabajadores peor remunerados, pero movería poco la recaudación previsional total.

Más salario o más trabajadores: dónde está el verdadero problema

Guido Zack, economista de Fundación Fundar, coincide en que el efecto previsional no sería significativo y agrega una incógnita sobre la implementación. Si la medida consigue elevar los salarios formales, los aportes aumentarán porque son proporcionales a las remuneraciones. Pero también habría que determinar si el mayor costo laboral podría desincentivar la incorporación de nuevos trabajadores formales. En definitiva, sostiene, lo relevante para la recaudación es la masa salarial, que combina salarios y cantidad de aportantes.

Los últimos datos laborales del SIPA muestran por qué esa segunda variable resulta decisiva. En mayo había 12,751 millones de personas con trabajo registrado en la Argentina, 0,9% menos que un año antes y 12.000 menos que en abril. El empleo asalariado privado cayó 2,2% interanual, lo que significó una pérdida de 137.500 trabajadores, mientras que el monotributo aumentó en 42.700 aportantes.

El deterioro no aparece como un movimiento aislado. C-P Consultora señala que el empleo privado registrado acumuló 12 meses consecutivos de contracción y que las contrataciones se encuentran en niveles de 2002. El mismo informe advierte que los salarios reales de convenio permanecen estancados desde hace cuatro meses y que el salario efectivo medido por SIPA acumulaba una contracción de 5,5% respecto de enero de 2025.

El impacto en las jubilaciones y los límites del aumento

Es en ese escenario donde aparece el principal límite del piso salarial para mejorar las cuentas de las jubilaciones. García considera estructuralmente más importante ampliar el empleo registrado que elevar únicamente el salario de quienes ya aportan. Una suba salarial aumenta los recursos obtenidos de la base existente, mientras que formalizar trabajadores incorpora nuevos aportantes de manera permanente. Si las mejoras terminan concentrándose en empleo informal, conceptos no remunerativos o remuneraciones que alcanzaron el tope imponible, advirtió, el efecto recaudatorio disminuye.

Setti plantea una lógica semejante: un trabajador que abandona una relación de dependencia registrada y pasa a una modalidad no registrada, al monotributo o al trabajo de plataforma deja de contribuir con la alícuota plena, independientemente de que su ingreso personal mejore. Por eso puede coexistir una recuperación salarial con una recaudación previsional débil si simultáneamente se deteriora la cantidad o la calidad del empleo registrado.

El cuadro salarial tampoco muestra todavía una recuperación generalizada. El informe de Equilibra señala que en junio el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,5% mensual y 6,9% interanual, mientras que el ingreso real registrado retrocedió 0,2% mensual y 4,1% frente al mismo período del año anterior. La mayor caída mensual estuvo entre los asalariados privados, con una baja del 1,4% en el ingreso disponible, mientras las jubilaciones mostraron una recuperación de apenas 0,2% para quienes cobran la mínima y 0,8% para quienes están por encima de ella.

Por qué $1 millón no alcanza para resolver el problema previsional

Una eventual recuperación salarial sí tendría un traslado relativamente rápido hacia la recaudación. García señala que los aportes y contribuciones se determinan mensualmente y que, salvo situaciones particulares como pagos retroactivos, conceptos no remunerativos o incumplimientos empresariales, el impacto aparece dentro del ciclo habitual de declaración y pago. Zack también considera que el efecto económico es inmediato porque la recaudación previsional se realiza mes a mes. Setti introduce una precisión administrativa: los aportes correspondientes al salario de un mes se declaran y pagan al siguiente, por lo que existe al menos ese desfase antes de que el aumento aparezca efectivamente en la caja.

Pero ninguno de esos mecanismos resuelve por sí solo la cuestión de fondo. García advierte que la Argentina tiene una relación débil entre aportantes efectivos y beneficiarios, elevada informalidad y numerosas prestaciones otorgadas sin la totalidad de aportes, mientras que el financiamiento previsional también depende de recursos tributarios y asistencia del Tesoro. Zack suma el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y, específicamente para el caso argentino, la falta de crecimiento del empleo formal.

Por eso, para saber si el piso de $1.070.000 consigue algo más que mejorar los ingresos de los trabajadores peor pagos habrá que observar la masa salarial imponible real, la cantidad y composición de los aportantes, el salario promedio sujeto a contribuciones, la mora de los empleadores y la relación entre trabajadores activos y beneficiarios. Setti agrega otra variable: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), ya que su financiamiento mediante contribuciones patronales podría reducir la porción que finalmente llega al sistema previsional.

El dilema, entonces, excede ampliamente la discusión sobre si el Gobierno puede establecer un piso salarial superior al millón de pesos. Los datos muestran un mercado registrado que en mayo perdió trabajadores y un empleo asalariado privado que mantiene una trayectoria descendente desde mediados de 2025. Un salario mínimo más alto puede aumentar los aportes de quienes sean alcanzados y aliviar sus ingresos, pero difícilmente cambie por sí mismo las cuentas de las jubilaciones: para los especialistas, el desafío estructural sigue siendo ampliar y sostener la cantidad de trabajadores que efectivamente financian el sistema.

AM