Por qué Monteoliva podría sumar $ 181 mil millones extra en 2026

Durante la presentación de lo que será la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que dependerá del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo de esta cartera hasta el 1 de diciembre, afirmó que la Argentina va hacia una nueva forma de administrar sus políticas y que esta es “una práctica habitual en todo el mundo”.

El traspaso de funciones desde el Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad no solamente significa un cambio de paradigma: también implica mayor poder y recursos. Según los datos del presupuesto abierto, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta, a noviembre de 2025, con un total de $ 150 mil millones. En 2026 –si se aprobara el proyecto tal como lo presentó originalmente el Ejecutivo– tendría disponibles unos $ 181 mil millones. Todo eso sin contar lo que pueda demandar la creación de esta nueva agencia y de una fuerza de policía específica que dependerá de ella.

Bullrich mencionó como ejemplos a seguir los de la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. En estos casos tampoco se trata solamente de un cambio de modelo: la industria de control fronterizo mueve miles de millones de dólares al año. Según un ensayo reciente publicado por el Mixed Migration Centre (MMC, un centro especializado en la investigación sobre el tema) el negocio representó, durante 2025, unos 70.000 millones de dólares. Para 2032, de acuerdo a las estimaciones de la firma Fortune Business Insights, serán al menos 95.650 millones de dólares.

Esta industria, explican desde la Fundación porCausa –que desarrolló diferentes investigaciones sobre la externalización de las fronteras y el manejo del asunto migratorio en Europa–, “tiene su origen en las políticas de control de la UE y sus Estados miembros, y es un negocio multimillonario que se financia con dinero público”. Funciona con un reducido número de empresas que venden al Estado productos y servicios que van desde “vallas fronterizas, cámaras de seguridad y centros de detención hasta uniformes y traductores”. La Fundación identifica el inicio de este modelo más claramente a partir de 2015, cuando aumentaron las llegadas de personas refugiadas que escapaban de la guerra en Siria.

Por otro lado, resaltan en un documento del Transnational Institute (TNI), muchas de las compañías proveedoras son empresas militares “que intentan diversificar sus productos de seguridad hacia un nuevo mercado en expansión”.

El reporte identifica 23 que son las principales beneficiarias de este nuevo prototipo: la mayoría de ellas son estadounidenses, pero también figuran como las más importantes algunas de Israel y Francia.

Entre las industrias de control señaladas están, por ejemplo, Geo Group y CoreCivic, que manejan los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos y que, según Forbes, luego de la victoria de Trump, experimentaron un incremento superior al 75% en el valor de sus acciones. Ambas fueron denunciadas por maltrato hacia las personas migrantes. “Las empresas se benefician de encerrar a un número cada vez mayor de migrantes y minimizan costos”, advierten desde el TNI.

El documento elaborado por Fortune también destaca como beneficiaria a Northrop Grumman Corporation, que en 1999 fue adjudicada por el gobierno de Carlos Menem para el desarrollo de un Plan Nacional de Radarización del espacio aéreo que fue anunciado en 1996 y que finalmente no se concretó.

Otro sector del mercado es el de las “fronteras inteligentes”: es el que presta servicios en una gran variedad de tecnologías, entre ellas la biometría (detección de huellas dactilares y reconocimiento de iris) y sistemas de rastreo de teléfonos y redes sociales. El objetivo en este caso es el de “acelerar el proceso de ingreso de los ciudadanos nacionales y otros viajeros ‘aceptables’, y detener o deportar a migrantes no deseados a través del uso de sistemas más sofisticados”, enfatizan desde el TNI. La similitud con la nueva política argentina es clara: en la presentación Bullrich hizo especial referencia a la necesidad de agilizar los trámites en los pasos fronterizos. En este segmento de proveedores aparecen nombres como los de IBM, Unisys, Accenture, Idemia y Palantir Technologies.

Por último, señalaron, los servicios de asesoramiento y auditoría “son un aspecto más oculto”, pero pueden influir en la elaboración de estas políticas que son tendencia en gran parte del mundo. En todos los casos, concluyeron, “el financiamiento depende de nuestro dinero”.

La externalización de las fronteras –el acuerdo con otros países que han implementado algunos miembros de la UE y Estados Unidos a través de diferentes programas para que sean esos otros los que frenen la llegada de migrantes a sus territorios– es también una de las aristas de estos modelos.

Una de sus principales consecuencias es que las personas no dejan de migrar, pero sí emprenden caminos más peligrosos y son a menudo víctimas de los traficantes de personas, que también obtienen sus ganancias.

En el anuncio de la nueva agencia, Bullrich aclaró que Argentina se encuentra en un lugar privilegiado, y que logró controlar el avance del crimen organizado. Casi inmediatamente después afirmó: “ustedes saben que esta realidad hoy nos sobrepasa”. Sea como sea, de los $ 181 mil millones previstos para 2026, la Dirección de Migraciones contaba con $ 164 mil millones para la función de control de ingresos y egresos, y con $ 3.812 millones para el fortalecimiento tecnológico.

La nueva oficina que, a partir de la salida de la actual ministra, dependerá de Alejandra Monteoliva, seguirá los pasos de una buena porción del mundo. Pero sobre todas las cosas –como recalcó la futura jefa de la cartera– estará enmarcada en lo que el Gobierno bautizó como la “doctrina Bullrich”.