Trabajo desprotegido es récord y perjudica más a las mujeres

El mercado de trabajo en Argentina enfrenta múltiples problemas: los jóvenes tienen dificultades para acceder al empleo, la informalidad crece de manera sostenida, los ingresos en muchos puestos formales son insuficientes y el sistema previsional resulta deficitario. Además, en los escenarios críticos las brechas de género suelen profundizarse.

Es por eso que, desde noviembre de 2024, en el Instituto Argentina Grande elaboramos un indicador propio para medir la calidad y la protección del trabajo en nuestro país. Partíamos de la sospecha de que el modelo político y económico vigente provocaría un deterioro en ciertas variables, que debían ser monitoreadas más allá de la tasa de desempleo. 

Nuestro indicador de desprotección se aplica sobre el total de personas ocupadas, y permite identificar de manera integrada a quienes no cuentan con aportes, estabilidad o capital propio ni se desempeñan en sectores dinámicos. Con los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) correspondientes al primer trimestre de 2025, detectamos que la tasa de trabajo desprotegido tocó un punto récord en la serie comparada (2017-2025).

La tasa de desprotección laboral actual asciende al 44,1%, con un crecimiento del 7% en el último año. Esto representa un total de 390.000 personas adicionales trabajando en condiciones desprotegidas. Se trata del valor más alto registrado para un primer trimestre dentro de la serie.

Al mismo tiempo, la tasa de trabajo protegido descendió del 40,5% al 40,3%, mientras que la tasa de empleo público se ubica en 15,5%, con una retracción del 12% a lo largo del último año, tocando su piso para un primer trimestre en la serie 2017–2025.

¿Por qué decimos que las mujeres son las más afectadas? La tasa de desprotección laboral actual es de 44,5% para las mujeres y de 43,9% para los hombres. Esto teniendo en cuenta que el grupo total de mujeres ocupadas tiene un nivel educativo mayor que sus pares. Además, la fuerte caída en el empleo público afecta de manera directa a las mujeres, ya que su participación en el Estado es porcentualmente más alta que la de los hombres. Los salarios planchados del sector público afectan fundamentalmente a los grupos que más concentran sus tareas allí, que son las mujeres entre 36 y 65 años.

En la comparación interanual (primer trimestre 2024 vs. 2025), el grupo más afectado es el de mujeres de 66 años o más, donde la desprotección laboral escaló al 61,9%, con un crecimiento de 8 puntos porcentuales. Este aumento muestra que el regreso o la permanencia en el mercado de trabajo no responde a una decisión voluntaria, sino a una necesidad de supervivencia, ligada a la caída de los ingresos jubilatorios.

En términos de desprotección laboral, son las más afectadas por este modelo.

Desde hace meses, el poder adquisitivo de los ingresos jubilatorios está en el centro del debate político, ligado al déficit previsional y a su financiamiento. El gobierno argumenta el congelamiento del bono y el veto en nombre del equilibrio fiscal, pero no muestra la misma preocupación por la caída del empleo protegido, que es justamente la fuente de aportes para sostener el sistema. 

Esta metodología lleva a una desprotección sistemática de la población donde el objetivo no es el equilibrio fiscal sino el achicamiento permanente de las redes y sistemas de cuidados. Este corrimiento del Estado está sobrecargando todos los días a la población que busca generar ingresos, y perjudicando de manera específica a las mujeres.

*Investigadora del Instituto Argentina Grande.