Brasil: la Corte Suprema dio un paso que acerca a Lula da Silva a la libertad
El Tribunal Supremo de Brasil tomó una decisión sobre condenas que podría sacar al líder del Partido de los Trabajadores de la cárcel.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil -el equivalente a la corte corte suprema- determinó este jueves por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, una decisión que debería conducir a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La defensa del líder socialista dijo que solicitará a la justicia brasileña la "liberación inmediata", aunque se desconoce aún cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia.
"Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)", informó el bufete Teixeira Martins en un comunicado.
El exmandatario socialista, líder del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, está preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde 2018 por diversas acusaciones por corrupción. A los 74 años, cumple condena desde abril de 2018 en Curitiba una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero. Su liberación no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
El proceso
Los once jueces del Supremo Tribunal Federal debaten si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.
Los partidarios de la modificación defienden la necesidad de respetar a ultranza la presunción de inocencia, en tanto que los partidarios del statu quo temen una mayor impunidad de la criminalidad de cuello blanco.
El recurso, aprobado después del voto del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, permitirá a los tribunales examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Lava Jato
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal. Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un "preso político", víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula. El exmandatario ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio, mientras el prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.
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