El Constitucional de España no admitió el recurso de derecho al voto por la ley de nietos

El Tribunal Constitucional de España rechazó por mayoría de 10 votos contra 2 admitir el recurso del Defensor del Pueblo, una institución pública e independiente creada para defender y proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, que buscaba restituir cautelarmente el derecho al voto a unos 163.000 nacionalizados por la llamada "ley de nietos".

La "ley de nietos" de 2022 permite a hijos y nietos de españoles exiliados sacar la ciudadanía. El Gobierno español dio una orden para hacer el trámite más fácil: asumió que cualquier persona cuyo familiar se fue de España entre 1936 y 1955 era un exiliado, sin exigirle tantos papeles para probarlo. La oposición y agrupaciones judiciales apelaron esto diciendo que se estaba dando la ciudadanía y el voto sin revisar bien los expedientes. 

A 40 días de las elecciones en España: en RDC analizaron las internas del PSOE y las negociaciones de la derecha

Según Noticias Argentinas, la Alta Corte argumentó razones de premura procesal, sosteniendo que no se ha agotado la vía jurisdiccional ordinaria en el Tribunal Supremo. Ante la decisión, desde el Gobierno mostraron respeto por la resolución y subrayaron que la sentencia "no entra en el fondo del asunto, recordando que la vía judicial no está agotada".

La disputa judicial se reactivó luego de que el Tribunal Supremo dejara en suspenso la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que obtuvieron la ciudadanía bajo la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La medida respondió a recursos presentados por la organización Iustitia Europa y el partido Vox, que cuestionaron una instrucción del Gobierno que presumía la condición de exiliado sin exigir la acreditación documental caso por caso.

Con el calendario electoral ajustado frente a los comicios del 29 de noviembre, el actual titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, había solicitado medidas cautelares urgentes para garantizar la participación de los afectados. Sin embargo, la mayoría de los magistrados entendió que debe respetarse el trámite abierto en el Supremo, donde el plazo para presentar alegaciones expira este jueves.

España cruzó a Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y calificó de “indigno” que viajara para agitar la campaña

Camino a las elecciones del 29 de noviembre: el impacto en el censo

La mayoría de los magistrados del máximo tribunal resolvió no intervenir por tratarse de un procedimiento en trámite en la Justicia ordinaria. El pedido de medidas cautelares había sido impulsado por el titular Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados en los comicios generales del 29 de noviembre.

La controversia se originó a principios de septiembre, cuando el Tribunal Supremo resolvió congelar preventivamente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La medida exige que los consulados verifiquen de forma individual que los nuevos españoles cumplen efectivamente con el requisito de ser descendientes de exiliados por motivos políticos o afines.

El trasfondo de la Ley de Memoria Democrática y el choque judicial

La popularmente llamada "ley de nietos" forma parte de una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, redactada para restituir la nacionalidad a descendientes de quienes sufrieron persecución o exilio por razones ideológicas, políticas o de orientación sexual. 

Para agilizar las gestiones, el Ejecutivo nacional emitió una directiva que daba por acreditada la condición de exiliado a toda persona que hubiera abandonado el país entre 1936, inicio de la Guerra Civil, y 1955. 

Sin embargo, esta flexibilización fue cuestionada ante la Justicia por la agrupación Iustitia Europa y el partido Vox por su potencial impacto electoral. El posterior fallo del Tribunal Supremo dejó en suspenso la inscripción de unos 163.000 ciudadanos, cuya participación podría resultar determinante en el resultado de las urnas.

MP/DCQ