El Gobierno condenó la designación de Ahmad Vahidi y descartó influencia de Trump: "No tuvo nada que ver"
El asesinato de Alí Jamenei y el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, recientemente reemplazado por uno de los imputados en el caso AMIA, desataron la especulación sobre la transición del gobierno en Irán. En paralelo, se implementó un operativo seguridad en objetivos sensibles en todo el país.
El gobierno de Javier Milei condenó la designación de Ahmad Vahidi al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —IRGG, por sus siglas en inglés— y buscó despegar a Washington de cualquier especulación sobre la reconfiguración del poder en Teherán. "(Donald) Trump no tiene nada que ver con el liderazgo de la Guardia Revolucionaria", afirmaron desde Casa Rosada según constató PERFIL.
La aclaración llega en medio de la escalada regional en Medio Oriente en función de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la represalia iraní contra bases estadounidenses, una situación que escaló el conflicto a toda la Península Arábiga. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei volvió a exhibir su alineamiento con la política exterior de sus aliados estratégicos.
Sin embargo, rechazó cualquier lectura que sugiera una injerencia del gobierno de Trump en la nueva conducción de la estructura militar más poderosa del gobierno iraní, que se encuentra enfocado en la supervivencia del sistema teocrático tras el asesinato del líder supremo, Ayatolá Alí Jamenei. Una diferencia sustancial con lo que ocurrió con Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la intervención directa de Trump en la transición de gobierno, que culminó con la continuidad del chavismo con Delcy Rodríguez a la cabeza de las negociaciones.
Por otro lado, ante la consulta sobre la posibilidad de enviar asistencia humanitaria a Medio Oriente —como los Cascos Blancos a Gaza, una alternativa mencionada por el Presidente tras participar de la "Junta por la Paz" de Trump en Washington—, desde el Ejecutivo fueron categóricos: "No se está analizando ninguna acción concreta al respecto". Al mismo tiempo, admitieron que "los niveles de alerta están elevados" en el territorio nacional, en función del posicionamiento argentino en el conflicto en Medio Oriente.
Del asesinato de Alí Jamenei a la designación de Vahidi como comandante
El 28 de febrero, tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv, el Gobierno argentino emitió un comunicado en el que respaldó la acción militar bajo el argumento de que “Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear”. La posición se alineó con la narrativa de Estados Unidos e Israel y se inscribió en una lectura más amplia: la necesidad de forzar un cambio en el sistema de gobierno teocrático iraní.
La definición, sin embargo, omite que Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear —a diferencia de Estados Unidos e Israel— y que el uso civil de la energía atómica es un derecho reconocido en ese marco. De hecho, el alcance del programa nuclear iraní era uno de los puntos en discusión en las negociaciones de Ginebra que se desarrollaban la semana previa al ataque.
Repercusiones de la guerra contra Irán. El gobierno argentino elevó el alerta en todo el territorio nacional.
En el mismo comunicado, la Argentina expresó su “solidaridad con el pueblo iraní”, una fórmula también utilizada por Washington y Tel Aviv para diferenciar a la sociedad del sistema de gobierno encabezado por los ayatolás.
La ofensiva ocurrió antes de que venciera el ultimátum lanzado por Trump a mediados de febrero y derivó en un golpe directo a la cúpula del sistema teocrático: el asesinato del líder supremo, Ali Jamenei, y del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Mohammad Pakpour. Dos figuras centrales para la continuidad ideológica y operativa de la estructura estatal iraní.
Pakpour fue reemplazado por Ahmad Vahidi, investigado por la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la AMIA y sobre quien pesa una orden de captura de Interpol. Su designación reaviva una herida abierta en la política exterior argentina y tensiona aún más la relación bilateral en un momento de máxima fragilidad interna para Teherán. "Condenamos que lo nombren", indicaron desde Casa Rosada.
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La respuesta iraní ante las quejas del gobierno de Milei
El año pasado Buenos Aires ya había tenido un encontronazo con Teherán luego de que en junio de 2025 afirmaran que Vahidi hubiera asumido un alto cargo en gobierno iraní, en un contexto de máxima tensión: apenas habían dictado el alto al fuego entre Israel e Irán durante la guerra abierta que duró doce días y puso fin a décadas de enfrentamientos "indirectos". Sin embargo, en ese momento Teherán desmintió ese nombramiento y se limitó a aclarar que el militar, una de las figuras de mayor renombre en el ejército iraní, apenas formaba parte de la IRGG.
En un diálogo exclusivo con PERFIL, el encargado de Negocios de Irán en Argentina, Mohsen Tehrani, rechazó que la designación de Vahidi, descripto como un asesor y miembro de las fuerzas revolucionarias en aquel entonces, hubiera sido una "provocación" hacia la Argentina, en momento en que, en paralelo, comenzaba el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA. "No aceptamos esas acusaciones y las rechazamos (...) Sin embargo, hemos manifestado nuestra intención e interés para resolver la problemática", aseguró el máximo representante iraní en Argentina.
Con la nueva designación, anunciada tras la muerte de Pakpour el pasado fin de semana, Vahidi quedó al frente de la Guardia Revolucionaria y, así, en el núcleo de conducción del sistema de gobierno teocrático iraní, en plena reconfiguración tras la muerte de Jamenei.
Ahmad Vahidi. El nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, es señalado como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.
Alineamiento estratégico y alerta máxima a nivel interno
La tensión diplomática se inscribe en una redefinición más amplia de la política exterior argentina. El 18 de enero, el presidente Milei declaró a la Fuerza Quds —brazo de inteligencia externa de la Guardia Revolucionaria— como organización terrorista, profundizando el alineamiento con Estados Unidos e Israel. La medida, condenada por Teherán, coincidió con lo dispuesto por Estados Unidos en 2007 y reafirmado por Trump en 2019 durante su primer mandato presidencial, cuando agregó a la unidad de élite a la lista de organizaciones terorristas del país norteamericano.
Además, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei volvió a referirse a los "terroristas de Irán" y en 2025 llegó a calificar a la República Islámica como "enemigo de la Argentina", lo que generó malestar en Teherán y en sectores del cuerpo diplomático local, donde se mantiene una relación reducida al mínimo desde la década del noventa.
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En ese delicado equilibrio entre alineamiento estratégico con Washington y memoria histórica propia, la Casa Rosada busca sostener un mensaje doble: condena a la designación de Vahidi como comandante de la IRGG y el pleno respaldo a la ofensiva de Tel Aviv y Washington, enfocado en el cambio de sistema de gobierno en Irán, según declaraciones de Benjamin Netanyahu y Donald Trump.
Qué se sabe del operativo de seguridad nacional por la crisis en Medio Oriente
Ese posicionamiento tiene correlato en el plano de la seguridad. Poco después del estallido del sábado, el Gobierno dispuso elevar el nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional tras la escalada en Medio Oriente. La medida alcanza a objetivos sensibles, infraestructura crítica y sedes diplomáticas, con especial foco en la comunidad judía, con un despliegue operativo preventivo en todo el país.
El comunicado del Gobierno sobre el operativo de seguridad por la guerra en Medio Oriente.
En paralelo, el Sistema de Inteligencia Nacional activó monitoreo permanente en coordinación con agencias de Estados Unidos, Israel e Italia para anticipar posibles movimientos financieros, logísticos o de personas que puedan encuadrarse en alertas tempranas, según reconstruyó este medio.
En tanto, se reforzó la custodia de representaciones diplomáticas y aeropuertos, mediante el despliegue de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad en objetivos diplomáticos. En paralelo, Gendarmería activó el protocolo de alerta en fronteras mientras que también se ordenó la custodia de las centrales nucleares Atucha I y II.
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