El juez Moraes denuncia intervención extranjera en la denuncia contra él

(San Pablo) El juez de la Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, denunció que su colega André Mendonza, "fue asesorado por un organismo externo, probablemente extranjero" en la realización del informe sobre las comunicaciones de Moraes con el ex banquero detenido por desfalco Daniel Vorcaro.

Sostuvo, inclusive, que el despido del director general de la Policía Federal Andrei Rodrigues, una medida adoptada por Mendonza la semana anterior,"fue para que el policía no pudiera averiguar como se había elaborado el informe" contra él. Veinticuatro horas después de la salida, el director Rodrigues fue restituido en su cargo.

En su defensa, Moraes reveló que el relato de sus diálogos con Vorcaro, fueron producidos por "agentes extranjeros". Argumentó que "el plazo de elaboración fue de 72 horas, tiempo imposible de realizar ese informe. Y los metadatos demuestran que el informe no fue elaborado por la Policía Federal, sino por agentes externos que enviaron el resultado a la Policía Federal, a juzgar por la forma en que fue producido, lo que demuestra el intento de injerencia extranjera en las elecciones brasileñas", dijo.

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Estas declaraciones del magistrado fueron hechas en el contexto del plenario de la Corte Suprema, que se realizó el martes 15 de este mes, y que fue convocado para decidir si se iniciaba la investigación sobre sus presuntos contactos sospechosos con el financista mafioso. Para el juez, quién condenó a 27 años de prisión al ex presidente Jair Bolsonaro --por su participación en el golpe de Estado del 8 de enero de 2023--, ese informe fue producido a instancias de Mendonza, "y demuestra una clara tentativa de interferencia externa en las elecciones brasileñas de 2026, al incriminar al juez que tuvo a su cargo el juicio contra la organización delictiva que intentó dar un golpe de Estado en Brasil (del 8 de enero de 2023) aboliendo el Estado Democrático de Derecho".

Moraes sugirió que el documento fue introducido "ilegalmente" en los sistemas de la Policía Federal: "Existe la sospecha de que la providencial destitución del director de la Policía Federal (Andrei Rodrigues), extrañamente celebrada por autoridades extranjeras, se tomó con la idea de impedir que fuera investigada a fondo la producción externa de este informe".

Para el ministro, "vale la pena recordar las numerosas presiones extranjeras ejercidas contra el sistema judicial brasileño y este Tribunal Supremo, que incluyó la revocación de visas de varias autoridades y la aplicación de la Ley Magnitski". En su defensa, Moraes recordó que el 30 de julio de 2025 el gobierno de Donald Trump le impuso ese castigo, que también afectó a su mujer.  La ley fue aprobada durante la administración de Barack Obama, con el objetivo de punir personajes, de cualquier nacionalidad y en cualquier lugar del mundo, que estén involucrados en abusos de derechos humanos, represión a las libertades fundamentales o corrupción.  Su aplicación establece el bloqueo de cuentas bancarias, activos financieros y propiedades, bajo jurisdicción , además de establecer la revocación de la visa.

Recién a fines de diciembre Moraes y su familia fueron liberados de esa "condena".

El pronunciamiento del magistrado contó con el apoyo de varios ministros del STF, entre ellos el decano Gilmar Mendes. Este no tuvo dudas en confrontar con Mendonza, a quién le dijo que por detrás de su informe había un interés electoral: "Hasta las piedras saben que detrás de las denuncias de este colega hay un sesgo político", sintetizó.

Otras informaciones salieron a la luz esta semana. Se supo que durante las negociaciones diplomáticas brasileñas, para evitar la carga arancelaria del 50% impuesta a los bienes producidos por el país, la administración Trump exigió al gobierno de Lula da Silva que los "disidentes políticos" en Brasil no fueran detenidos. Reclamó, también que no se les impidiera participar en las presidenciales de octubre de 2026. Esta exigencia figura en un documento enviado por Washington a los negociadores de Brasil en octubre de 2025.  Pero la demanda se mantuvo en secreto hasta ahora, de acuerdo con lo publicado por el diario Estado de San Pablo.

LT