Ortega prepara la sucesión dinástica en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha consolidado su poder a lo largo de los años, transformando lo que alguna vez fue un movimiento revolucionario en un régimen autoritario y dinástico. 

La sucesión presidencial en este país centroamericano ya no es un debate político, sino una realidad que parece tener un nombre: Rosario Murillo, la actual vicepresidenta y esposa de Ortega.

Esta transición ha estado marcada por una purga sistemática de los viejos sandinistas, aquellos compañeros de armas que una vez lucharon junto a Ortega contra la dictadura de Somoza en la Revolución Sandinista.

La maquinaria del poder en Nicaragua se ha vuelto hermética, con la familia Ortega-Murillo controlando los resortes del Estado, la economía y la vida pública. 

La pareja presidencial ha tejido una red de lealtades y favores, a la vez que ha erradicado cualquier voz disidente, tanto dentro como fuera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La figura de Rosario Murillo ha emergido como la heredera natural del poder, una posición que se ha fortalecido con su creciente visibilidad y su control sobre la administración pública.

Fuentes cercanas al gobierno, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, señalan que Murillo es la verdadera “presidenta en las sombras”, tomando decisiones cruciales y dirigiendo el rumbo del país.

El ascenso de Laureano Ortega. Si bien Rosario Murillo, de 74 años, es la sucesora más visible, un tercer actor ha ganado protagonismo en la ecuación de poder: Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. 

Considerado por muchos como el siguiente en la línea de sucesión, Laureano ha ido asumiendo responsabilidades cada vez mayores en la política exterior y la diplomacia económica. 

Ha sido designado asesor presidencial para la promoción de inversiones y es el rostro del régimen en acuerdos internacionales claves, particularmente con países aliados, como Rusia y China. 

Su creciente visibilidad y el hecho de que su padre le haya otorgado “plenos poderes” para firmar acuerdos sugieren que su ascenso no es un hecho aislado, sino una parte fundamental de la estrategia para asegurar una transición de poder completamente controlada dentro de la familia.

Enfermedad crónica. El secretismo en torno a la salud de Daniel Ortega (79 años) ha alimentado las especulaciones sobre la urgencia de una sucesión. Las ausencias prolongadas del mandatario de actos públicos han sido recurrentes, desatando rumores sobre su delicado estado.

Aunque el gobierno mantiene un silencio absoluto, diversas fuentes, incluyendo médicos exiliados y reportes de la prensa internacional, sugieren que Ortega padece de enfermedades crónicas graves. 

Se ha mencionado un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, y una insuficiencia renal crónica, que supuestamente lo obligaría a someterse a sesiones de diálisis con regularidad. Su deterioro físico, visible en sus esporádicas apariciones públicas, con un semblante pálido y dificultades para hablar o moverse con fluidez, refuerza la percepción de que su capacidad para gobernar ha disminuido, haciendo aún más relevante el rol de Rosario y Laureano en la dirección del país.

Purga sandinista. La purga de excompañeros de Ortega es una de las características más notorias de este proceso.

Dora María Téllez, la “comandante guerrillera” de la Revolución Sandinista, y Hugo Torres, otro destacado líder sandinista, son solo dos ejemplos de esta represión. Ambos fueron encarcelados por su oposición al régimen, acusados de “traición a la patria”.

El mes pasado le tocó el turno al comandante sandinista Bayardo Arce, de 76 años, asesor económico de Ortega, quien cayó en desgracia en el círculo de poder. Fue encarcelado por supuesta corrupción.  

Según opositores nicaragüenses exiliados, esta purga está encabezada por Rosario Murillo, pero con el aval de Ortega. 

Bayardo Arce fue uno de los nueve máximos comandantes del Frente Sandinista de Nicaragua en la década de 1980, y el único que acompañaba a Ortega en el gobierno actual. Todos los demás están en la disidencia nicaragüense o han muerto.

La represión de Ortega-Murillo no se limita a figuras políticas. Se extiende a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. También han sido encarcelados o exiliados, silenciando cualquier crítica al gobierno.

Leyes que criminalizan la disidencia

El régimen nicaragüense ha utilizado la Justicia como herramienta de persecución política, con leyes adaptadas que criminalizan la disidencia y permiten detenciones arbitrarias. La Ley de Soberanía es un ejemplo de estas normas, que ha sido utilizada para detener a opositores.

La ruptura entre Daniel Ortega y sus antiguos camaradas es un reflejo de la evolución del sandinismo, que ha pasado de ser un movimiento de liberación a un partido-Estado. El gobierno ha consolidado su poder mediante un control férreo de los medios de comunicación y las instituciones del Estado. 

La purga de los sandinistas históricos ha sido una estrategia clave para asegurar el poder de Ortega y Rosario Murillo. Al eliminar a figuras con un fuerte capital político y moral, el régimen ha evitado que se forme una oposición interna robusta. Todos los viejos sandinistas, que podrían haber desafiado la transición dinástica, han sido neutralizados.