Pedro Sánchez busca los votos para un nuevo gobierno tras el fracaso de Feijóo

Consumado el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, el socialista Pedro Sánchez arranca ahora una compleja carrera contrarreloj para tratar de ser investido como presidente del gobierno por el Parlamento español, aunque para lograrlo deberá conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, que no dejan de incrementar sus exigencias. 

Como estaba previsto, el líder del Partido Popular (PP, derecha),  no logró los apoyos suficientes para ser investido presidente del gobierno, pese a haber sido el candidato más votado en las elecciones legislativas del 23 de julio, aunque sin una mayoría viable. 

Después de un primer revés el miércoles, el conservador perdió ayer una segunda votación en la que una mayoría simple también le hubiera valido.

Con 172 votos favorables de 350 –los del PP, la extrema derecha de Vox y dos pequeños partidos–, su candidatura fue rechazada por otros 177 diputados del Partido Socialista, la extrema izquierda y formaciones regionalistas. Un voto tuvo que contabilizarse como nulo, ya que un diputado que no iba a apoyar Feijóo votó por error a su favor, antes de retractarse.

Con Feijóo derrotado, el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, debería recibir próximamente el encargo del rey Felipe VI para intentarlo. Antes, el monarca realizará el lunes y martes otra ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos, anunció ayer la Casa Real. 

El rey ya llevó a cabo una primera ronda de consultas tras las elecciones del 23 de julio, de la que salió Feijóo como candidato. Entonces, el monarca recibió a representantes de siete formaciones, ya que ERC, Bildu, Junts y BNG, los partidos independentistas o nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia, declinaron acudir al Palacio de la Zarzuela.

Estos cuatro grupos tampoco tienen previsto acudir en esta ocasión, pese a que su respaldo es fundamental para que Sánchez pueda reunir los 176 votos necesarios para lograr su investidura en una primera votación.

En caso de que el socialista no consiga articular una mayoría antes del 27 de noviembre, se convocarían automáticamente elecciones para mediados de enero. Para estos casos de repetición electoral, el Congreso ya modificó la Ley Electoral fijando sólo 47 días entre la convocatoria y la celebración de elecciones, ya que se reducen todos los plazos del procedimiento, incluyendo la campaña electoral, que solo es de una semana.

Sánchez, optimista. En el poder desde hace cinco años, Sánchez volvió a mostrar su confianza en que conseguirá articular una mayoría. España “se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo”, aseguró en Madrid frente a socialistas europeos. Y subrayó que su país “demuestra que es posible detener a la ultraderecha en Europa”. Pero, a pesar de su optimismo, las negociaciones se anuncian cada vez más delicadas.

Con el apoyo de la extrema izquierda, con quien gobierna desde 2020, y de los separatistas vascos, Sánchez necesita los votos indispensables del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que se opuso sistemáticamente a su gobierno en los últimos años.

A comienzos de septiembre, el líder de la tentativa ilegal de secesión de 2017 exigió desde Bélgica, donde se instaló para huir de la Justicia española, la amnistía de los separatistas con causas judiciales por su participación en la fallida independencia, entre ellos él mismo, a cambio del apoyo de su formación.

Pero estos últimos días, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro gran partido independentista, subieron aún más el nivel de reclamos y exigieron que se abran negociaciones para celebrar un referéndum de autodeterminación.

En una resolución adoptada ayer en el Parlamento regional, los dos partidos instaron a las formaciones catalanas con representación en el Parlamento español a que “no den apoyo a una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.

El gobierno catalán que entonces presidía Puigdemont organizó el 1° de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, a pesar de la prohibición de la Justicia. Al escrutinio le siguió poco después una declaración unilateral de independencia, que provocó la peor crisis política en España en décadas. El gobierno central, entonces presidido por el PP, destituyó al ejecutivo regional y suspendió la autonomía de esta rica región de 7,8 millones de habitantes. Los líderes independentistas huyeron entonces al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados.

A pesar del desacuerdo mostrado por algunos barones y una parte de su electorado, los socialistas parecían dispuestos a encontrar una fórmula para la amnistía. Pero la organización de un referéndum es una línea roja, según subrayaron.

“No, por ahí no hay camino. Nunca lo ha habido y no lo hay”, indicó ayer el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, muy próximo a Pedro Sánchez. “Y si se ha de volver a ir a elecciones, pues iremos a elecciones y que la ciudadanía elija. Pero el camino de la división y la ruptura es un camino sin recorrido”, concluyó.