Un mapa de la ONU radiografía pruebas del robo de niños ucranianos cometidos por Rusia

Desde Ginebra, Suiza — Erik Mose (Noruega), Vrinda Grover (India), y Pablo de Greiff (Colombia), miembros de la Comisión Internacional independiente de investigación sobre Ucrania, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, revelaron en Ginebra el resultado de sus investigaciones sobre «la deportación ilegal y el traslado de 1205 niños de Ucrania», cometidos por «la Federación Rusa, o a áreas ocupadas por ella en Ucrania, en el contexto de una invasión a gran escala».

A tal efecto, la Comisión llevó a cabo «232 entrevistas con padres, tutores legales, niños y niñas, y sus familiares, personal de las instituciones afectadas, expertos, organizaciones especializadas, periodistas de investigación, y autoridades gubernamentales. Examinaron 2.000 documentos, incluyendo listas de instituciones afectadas, niños deportados y sus documentos de identidad... La Federación de Rusia no reconoció a la Comisión y no respondió a ninguna de sus preguntas».

El material consultado por la ONU incluye «41 documentos oficiales de autoridades rusas, o de quienes cooperan con ellas en áreas ocupadas de Ucrania», y consultas de «material de fuente abierta como declaraciones, publicaciones en sitios web gubernamentales, bases de datos de adopción, documentos de expertos, videos, publicaciones en redes sociales, así como 42 envíos a la Comisión por parte de organizaciones no gubernamentales».

Toda esta «evidencia recopilada lleva a la Comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido los crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños». Se trata de hechos ilegales catalogados de «crímenes de guerra, que han retrasado injustificadamente su repatriación, constitutivos de violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, que no se guiaron por el interés superior del niño».

Los expertos criticaron que «las autoridades de Moscú no han establecido un sistema que facilite los retornos. En cambio se enfocaron en colocaciones a largo plazo de los niños con familias o en instituciones rusas... y han coordinado medidas legislativas, administrativas y practicas para facilitar las deportaciones, los traslados y colocaciones de los niños en la Federación Rusa, demostrando que han actuado de acuerdo con una política concebida y ejecutada en el nivel más alto del aparato estatal ... con participación de Vladimir Putin, visible desde el principio».

Agregaron «como consecuencia de las medidas implementadas, los niños deportados de Ucrania han recibido la ciudadanía rusa, han aparecido en bases de datos de adopción y han sido colocados en 21 regiones de la Federación Rusa. Las adopciones y formas de colocación a largo plazo han sido priorizadas según declaraciones públicas rusas consistentes».

Es desgraciadamente indiscutible, que «las autoridades rusas no informaron a los padres, tutores legales o familiares sobre el destino y el paradero de los niños, llevando a los familiares a buscarlos. Los retornos que pudieron organizarse ocurrieron después de obstáculos, demoras y riesgos de seguridad. Tras 4 años, muchas familias todavía están buscando a sus niños e intentando asegurar su regreso» lo cual «lleva a separaciones prolongadas y sufrimiento».

«El entorno coercitivo que rodea las deportaciones y traslados, la duración indefinida de las colocaciones en la Federación Rusa, combinado con las considerables dificultades que enfrentan los niños para encontrar a su familia y viajar de regreso a Ucrania, ha sido una fuente de profundo estrés para los niños, al ser criados en un entorno extranjero, lejos de sus familias, a veces a miles de kilómetros de Ucrania», generando «traumas y miedo al abandono».

La Comisión reafirma que los actos antes descriptos constituyen a su vez «crímenes de guerra», y que los perpetradores violaron la obligación bajo el derecho internacional de facilitar de todas las maneras posibles la reunificación de familias separadas durante el conflicto armado. Hace saber que evaluó la tasa de retorno de los niños para identificar los obstáculos. Rastreó el movimiento y paradero de los niños que han sido deportados o trasladados. Investigó iniciativas de las autoridades rusas para facilitar la colocación a largo plazo, incluyendo la adopción. E identificó individuos y entidades responsables de la comisión de crímenes y violaciones».

En ese contexto, la Comisión a su vez que verificó «la deportación de 995 niños de 11 instituciones en las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, que comenzó antes del lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Las autoridades rusas se refirieron a esta reubicación generalizada de niños como una «evacuación» justificada por un riesgo inminente generado por el gobierno de Ucrania, en un momento en que las fuerzas armadas rusas mismas habían concentrado personal y equipo militar en las fronteras de Ucrania».

No debe perderse de vista que «la mayoría de las deportaciones y traslados de niños investigados no han sido temporales como requiere la ley en caso de evacuación. Por el contrario, las autoridades rusas en los niveles más altos del gobierno han coordinado acciones para facilitar su colocación a largo plazo en la Federación Rusa ... ».

Resultó que «primero reubicaron a los niños en centros de transito temporales rusos o en áreas ocupadas en Ucrania», pero «gradualmente deportaron o trasladaron a la mayoría de ellos a diversas ubicaciones en 21 regiones de la Federación Rusa, donde los colocaron indefinidamente con familias o en instituciones», dándoles «la ciudadanía rusa, y sus perfiles aparecieron en bases de datos de adopción o colocación. Estos actos equivalen a diversas violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad».

«En declaraciones publicas y reuniones, las autoridades se refirieron a las adopciones como la opción preferida para la colocación de los niños deportados y proporcionaron actualizaciones sobre medidas legislativas y administrativas que emprendieron para hacer posible las adopciones». No obstante, «alrededor del momento de la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional en marzo de 2023 contra Vladimir Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, las autoridades rusas retrocedieron en estas declaraciones, negaron que se estuvieran realizando adopciones de niños de Ucrania y enfatizaron en cambio en la colocación».

«La Comisión ha documentado casos de deportación o traslado, por parte de las autoridades rusas, de niños de entre 11 meses y 17 años de edad, en áreas que quedaron bajo su control, en 5 óblasts u otras áreas ocupadas en Ucrania, a saber, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Luhansk y Mykolaiv, en la Federación de Rusia o en otras áreas ocupadas de Ucrania. Estas reubicaciones de niños comenzaron ya durante la semana anterior al inicio de la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022. Prosiguieron en «los meses y años siguientes», mediante autobuses, trenes, o aviones, en Rusia o áreas ocupadas de Ucrania».

Las mencionadas »evacuaciones» volvieron a ser necesarias para las deportaciones o traslados de niños «debido a los peligros del conflicto armado», toda vez que «el derecho internacional establece que una Parte del conflicto no puede evacuar a niños, excepto a sus propios nacionales, a un país extranjero, o excepto por una evacuación temporal debido a razones imperiosas de salud, tratamiento médico o seguridad».

«La Comisión ha encontrado que la reubicación de niños generalmente no ha sido temporal. En la mayoría de los casos, las autoridades rusas no han facilitado el retorno de los niños a sus familias o país. Por el contrario, han tomado medidas dirigidas a su colocación a largo plazo en la Federación Rusa a través de colocación o adopción. Ademas, la evidencia no sugiere que razones de salud, tratamiento médico o seguridad hayan sido el factor motivador principal detrás de estas reubicaciones».

«El derecho internacional humanitario también requiere el consentimiento de los padres o tutores legales, y si no se puede encontrar, el consentimiento de las personas que por ley o costumbre son principalmente responsables del cuidado de los niños. En junio de 2023, durante una reunión con delegaciones de estado africanos, Vladimir Putin, declaró: «Evacuamos orfanatos enteros y se hizo legalmente porque los directores de esos orfanatos eran tutores legales de los niños».

Cabe paralelamente informar, que «en los casos documentados, las autoridades rusas no buscaron el consentimiento de directores de instituciones nombrados por el gobierno ucraniano.

En cambio se basaron en el consentimiento de autoridades locales o directores que operaban con ellas. Fueron los casos de instituciones de 2 instituciones de Kherson. Entonces las autoridades rusas despidieron a los directores que se negaron a cooperar y los reemplazaron por otros que autorizaron la deportación o el traslado. En un caso, las fuerzas armadas procedieron a trasladar a los niños en ausencia del director interino de la institución».

La Comisión realizó «232 entrevistas con padres, tutores legales, niños y niñas, y sus familiares, personal de las instituciones afectadas, expertos, organizaciones especializadas, periodistas de investigación, y autoridades gubernamentales. Examinaron 2.000 documentos, incluyendo listas de instituciones afectadas, niños deportados y sus documentos de identidad... La Federación de Rusia no reconoció a la Comisión y no respondió a ninguna de sus preguntas».

Toda esta «evidencia recopilada lleva a la Comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido los crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños». Se trata de hechos ilegales catalogados de «crímenes de guerra, que han retrasado injustificadamente su repatriación, constitutivos de violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, que no se guiaron por el interés superior del niño».

Añadieron que «las autoridades rusas se refirieron a estas reubicaciones a gran escala como «evacuaciones» justificadas por los riesgos del conflicto armado». Olvidaron que «el derecho internacional humanitario establece que las evacuaciones deben ser temporales y realizarse por razones de salud imperiosas, tratamiento médico o seguridad: 4 años después el 80% de los niños trasladados o deportados de los casos investigados por la Comisión, no han regresado».

Los expertos criticaron que «las autoridades de Moscú no han establecido un sistema que facilite los retornos. En cambio se enfocaron en colocaciones a largo plazo de los niños con familias o en instituciones rusas... y han coordinado medidas legislativas, administrativas y practicas para facilitar las deportaciones, los traslados y colocaciones de los niños en la Federación Rusa, demostrando que han actuado de acuerdo con una política concebida y ejecutada en el nivel más alto del aparato estatal ... con participación de Vladimir Putin, visible desde el principio».

En ese marco, «las autoridades rusas no informaron a los padres, tutores legales o familiares sobre el destino y el paradero de los niños, llevando a los familiares a buscarlos. Los retornos que pudieron organizarse ocurrieron después de obstáculos, demoras y riesgos de seguridad. Tras 4 años, muchas familias todavía están buscando a sus niños e intentando asegurar su regreso» lo cual «lleva a separaciones prolongadas y sufrimiento».

La Comisión estima que los actos antes descriptos constituyen a su vez «crímenes de guerra», y que los perpetradores violaron la obligación bajo el derecho internacional de facilitar de todas las maneras posibles la reunificación de familias separas durante el conflicto armado. Hace saber que evaluó la tasa de retorno de los niños para identificar los obstáculos. Rastreó el movimiento y paradero de los niños que han sido deportados o trasladados. Investigó iniciativas de las autoridades rusas para facilitar la colocación a largo plazo, incluyendo la adopción. E identificó individuos y entidades responsables de la comisión de crímenes y violaciones».

Al tiempo, la Comisión a su vez verificó «la deportación de 995 niños de 11 instituciones en las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, que comenzó antes del lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Las autoridades rusas se refirieron a esta reubicación a gran escala de niños como una «evacuación» justificada por un riesgo inminente generado por el gobierno de Ucrania, en un momento en que las fuerzas armadas rusas mismas habían concentrado personal y equipo militar en las fronteras de Ucrania».

No debe además perderse de vista que «la mayoría de las deportaciones y traslados de niños investigados no han sido temporales como requiere la ley en caso de evacuación. Por el contrario, las autoridades rusas en los niveles más altos del gobierno han coordinado acciones para facilitar su colocación a largo plazo en la Federación Rusa ... ».

Resultó que «primero reubicaron a los niños en centros de tránsito temporales rusos o en áreas ocupadas en Ucrania», pero «gradualmente deportaron o trasladaron a la mayoría de ellos a diversas ubicaciones en 21 regiones de la Federación Rusa, donde los colocaron indefinidamente con familias o en instituciones», dándoles «la ciudadanía rusa, y sus perfiles aparecieron en bases de datos de adopción o colocación. Estos actos equivalen a diversas violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad».

«El derecho internacional humanitario también requiere el consentimiento de los padres o tutores legales, y si no se pueden encontrar», prima «el consentimiento de las personas que por ley o costumbre son principalmente responsables del cuidado de los niños. En junio de 2023, durante una reunión con delegaciones de estado africanos, Vladimir Putin, declaró: «Evacuamos orfanatos enteros y se hizo legalmente porque los directores de esos orfanatos eran tutores legales de los niños».

Peor aún, «en la mayoría de los casos investigados, las autoridades rusas no han informado a los padres, tutores legales, familiares o a las autoridades ucranianas del hecho de la deportación o traslado de los niños. No han buscado consentimiento y no les han informado del destino y paradero de los niños. Las autoridades ucranianas, que tienen la tutela legal de niños sin cuidado parental, afirmaron que no han recibido información sobre su destino de por las autoridades rusas. En los casos investigados, la información fue deliberadamente retenida para las familias, las identidades de los niños fueron ocultadas, y se impidieron los retornos o reunificaciones».

El crimen de guerra de retrasar injustificadamente la repatriación de civiles, y las desapariciones forzadas de niños, demuestran la existencia de una política preestablecida concebida y ejecutada bajo el liderazgo del nivel mas alto del aparato estatal de la Federación Rusa. La escala y el alcance de estos crímenes, así como su perpetración de acuerdo con una política, llevan a la Comisión a concluir que las autoridades rusas han deportado y trasladado forzosamente a niños, cometiendo entonces crímenes contra la humanidad».

ff